Malestar en los 'lobbies' porque el Gobierno quiere controlar su trabajo a través de Hacienda
Los grupos de interés piden un registro único y que más asociaciones representantes de la sociedad civil sean consideradas grupo de interés
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. | Europa Press.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 8 de noviembre el Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, con el fin de regular, por primera vez, la actividad de los también conocidos como lobbies en sus relaciones con la Administración General del Estado (AGE) y su sector público.
Estos intermediadores con las Administraciones para defender los intereses de sus clientes, los lobbistas, han acogido «positivamente el objetivo de la futura norma», pero hacen varias objeciones a su desarrollo, según han relatado desde diversos puestos a THE OBJECTIVE.
Los ‘lobbies’ piden un órgano independiente
El principal pero que le hacen al anteproyecto de ley es que el organismo encargado de velar por esta relación de los lobbies con la Administración General del Estado (AGE), la Oficina de Conflictos de Interés (OCI) que dispone la futura norma, «lamentablemente» no cumple con la condición de independencia que demandan las recomendaciones de transparencia internacional, ya que depende del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que encabeza María Jesús Montero.
En este sentido se pronuncia a este diario el socio director en Cariotipo Lobby & Comunicación, Jorge Fernández-Rua, quien además recuerda que desde instituciones supranacionales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) se incide en que el órgano que dirime conflictos de interés ha de contar con los recursos necesario para llevar a cabo su labor de control de las actividades de influencia con la Administración.
Fernández-Rua indica que, a la luz del anteproyecto, no se dota de recursos específicos a la OCI para poder desempeñar la función que le asignan. Además, reclama que este organismo tenga las atribuciones para las que está destinado. Es decir: capacidad de inspección, control y sanción. Ahora solo cumple con la tercera, explica, siendo la máxima pena la exclusión del registro de grupos de interés durante tres años.
El anteproyecto se ha aprobado en Consejo de Ministros en primera vuelta el 8 de noviembre y su consecución supone uno de los hitos marcados a España en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en aras de la modernización de la gestión pública.
El día 14 de noviembre se abrió el trámite de audiencia e información pública, que durará hasta el 5 de diciembre. Después volverá a Consejo de Ministros y posteriormente a su tramitación en las Cortes. Algo que hace pensar a lobbistas afectados que puede llegar muy justo para aprobarse en esta legislatura.
Representantes de la sociedad civil omitidos
El texto establece la creación de un registro de grupos de interés, determina qué es la actividad de influencia, y especifica qué tareas debe realizar una persona física o jurídica para ser considerada como lobby o grupo de interés.
A este respecto, los portavoces de lobbistas consultados se quejan de la omisión por parte de la norma de representantes de la sociedad civil, como los colegios y consejos profesionales, las organizaciones de consumidores y usuarios, plataformas, alianzas y organizaciones de pacientes, que tendrían que recurrir a un lobbista para ser representadas de forma indirecta con la Administración. Consideran discriminatorio este aspecto del texto legal.
Explica Fernández-Rua que la exclusión de ciertos agentes sociales de la consideración de grupo de interés por parte del anteproyecto «producirá una concentración en la defensa de los intereses de terceros» y considera que al no tener que registrarse patronales o colegios profesionales, «se pierde el control y la capacidad de identificar la huella legislativa». A mayores, destacan que estas organizaciones, en vez de interlocutar con la AGE, lo harán con los partidos políticos, que están fuera del objeto de esta futura regulación.
Por otra parte, se critica que la norma sirva para la interlocución con la Administración General del Estado y su sector público, pero nada diga de la relación con el Poder Legislativo, los partidos políticos, las autonomías y los ayuntamientos. Algunas Administraciones, indica, están llevando a cabo por su cuenta una panoplia de regulaciones propias sobre la relación con los grupos de interés.
Ausencia de un registro único
Aducen, además, que el hecho de que el Poder Legislativo, los partidos políticos, las CCAA y los municipios estén fuera del ámbito de aplicación del texto normativo supone una incongruencia con el hecho de que todos estos sujetos sí estén incluidos en artículo segundo de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
También se reclama desde el colectivo un mayor carácter incentivador para los inscritos en el registro respecto a los no inscritos, lo que consideran como un obstáculo a la transparencia y actividad de los grupos de interés.
Por todas estas consideraciones y por la ausencia de un registro único para los integrantes del colectivo, Fernández-Rua considera que esta ley está a punto de consolidar una oportunidad perdida, amén de considerar -de acuerdo con otros lobbistas consultados-, que el texto legal es excesivamente ambiguo y susceptible de interpretaciones varias, lo que redunda en la inseguridad jurídica, tanto para los grupos de interés como para sus interlocutores en puestos públicos.
