Giro en el 'caso Popular': denuncian por estafa a exdirectivos de la CNMV y del Banco de España
Exaccionistas piden a la Audiencia Nacional que investigue también a exaltos cargos del Gobierno de Rajoy por la ampliación de capital de 2012
Banco Popular. | Europa Press
Los afectados por la ampliación de capital del Banco Popular en el año 2012 cambian de estrategia. Una nueva querella interpuesta por unos 500 exaccionistas de la entidad podría provocar un giro en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por presunto fraude en una operación en la que se invirtieron 2.500 millones de euros. Piden al juez Santiago Pedraz que investigue y llame a declarar por presuntos delitos de estafa y prevaricación a las personas que conformaban la cúpula de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aquel año, entre los que se incluyen varios ex altos cargos del Banco de España y del Gobierno de Mariano Rajoy.
En el escrito, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, solicitan investigar si «de forma grosera, dolosa o gravemente negligente» los máximos responsables de la CNMV «ocultaron» por «razones e intereses espurios y ajenos a su cometido» la «verdadera situación financiera del Banco Popular», permitiendo con ello un «engaño masivo a los inversores» que participaron en la ampliación de capital de 2012.
Además, reclaman una batería de nuevas diligencias al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la ampliación de capital del Banco Popular. Consideran que el organismo encargado de velar por «el control y supervisión» de la información financiera contenida en el folleto de la ampliación de capital habría actuado de forma negligente, incumpliendo con sus obligaciones.
La nueva querella va dirigida contra seis personas que integraron aquel año el Consejo del organismo regulador, en el que estaban representados también el Banco de España y el Ministerio de Economía. Se trata de los expresidentes de la CNMV Elvira Rodríguez y Julio Herrero; la exvicepresidenta del organismo y ex secretaria general técnica del Ministerio de Economía Lourdes Centeno; el exsecretario de Estado de Economía Íñigo Fernández de Mesa; y los ex subgobernadores del Banco de España Fernando Restoy y Francisco Javier Aríztegui.
La CNMV y el Banco Popular
Los querellantes les acusan de haber incurrido en un «incumplimiento flagrante y grosero» de sus obligaciones de control y supervisión de la información ofrecida por el Banco Popular a sus inversores. Afirman que el folleto de la ampliación de capital no recogía «una imagen fiel de las cuentas» proporcionadas por la entidad en relación con la fusión por absorción unos meses antes del Banco Pastor, cuya contabilización y partidas se incluyeron en los estados financieros del folleto de la ampliación de capital del ejercicio 2012.
«Se compró por 1.400 millones un banco que, en realidad, tenía un valor de entre menos 500 millones o menos 1.500 millones de euros», aseveran los exaccionistas en su nueva querella, en la que piden investigar si los responsables de la CNMV incurrieron en un presunto delito de estafa de inversores o de incumplimiento de los deberes de información, además de un posible delito de prevaricación administrativa. En este escrito, además, denuncian presuntas «falsedades contables» en relación al fondo de comercio y los activos financieros derivados de la compra de la entidad gallega.
En este sentido, recuerdan que la propia CNMV puso en duda un año después el balance de cuentas recogido por el Popular en el folleto de la ampliación. «En el ejercicio 2013, tras un requerimiento de la CNMV, Banco Popular Español reconoció, expresamente, que el valor neto de mercado de los activos menos los pasivos arrojaba un resultado negativo de 1.679 millones de euros», señalan. Por ello, piden al juez Pedraz que requiera a la CNMV todos los expedientes administrativos, requerimientos, contestaciones, informes, resoluciones y actas relacionados con la OPA por la que el Popular adquirió el Banco Pastor.
Cambio de estrategia
De admitirse a trámite, la querella provocaría un cambio de rumbo en una instrucción en la que ya han declarado como imputados el expresidente de la entidad Ángel Ron, su exvicepresidente Roberto Higuera y los exdirectivos Jacobo González-Robatto y José Ramón Rodríguez. También la firma PwC, en su condición de auditora externa de la entidad.
Todos ellos defendieron ante el juez Pedraz que la ampliación cumplió con la legalidad e incluso afirmaron que fue un rotundo éxito para los inversores. Además, añadieron que a la ampliación acudieron los miembros del Consejo de Administración del Banco Popular, que desembolsaron 500 de los 2.500 millones de euros de la ampliación. «Nadie invierte 500 millones de euros si quiere estafar», señaló Ron durante su declaración ante el juez.
Los exaccionistas ponen el foco ahora en el organismo encargado de velar por «el control y supervisión» de la información financiera contenida en el folleto de la ampliación y arremeten contundentemente contra la CNMV. «España constituye una verdadera anomalía respeto de la supervisión, inspección, correcta formación de los precios de los títulos valores y de la protección de los inversores. No ha existido ni un solo escándalo financiero de entidades financieras sometidas a la supervisión y control de la CNMV que haya evitado. Es como si de un mero espectador, con el que no fuera la cosa, se tratara», indican.
«¿Es la CNMV un chiringuito?»
Los inversores consideran que el organismo encargado de velar por «el control y supervisión» de la información financiera contenida en el folleto de la ampliación de capital habría actuado de forma negligente. Denuncian que la CNMV «no entró a analizar las graves inexactitudes que debió examinar», obviando distintos informes del Banco de España de 2011 que alertaban de un «déficit de provisiones» tanto del Popular como del Banco Pastor.
«No era posible que fuesen desconocidos por los querellados. Del mismo modo que, conociendo como conocían y tenían el deber de conocer, la situación financiera descrita por los inspectores del Banco de España, no pudieron no advertir que el denominado fondo de comercio derivado de la compra de Banco Pastor era absolutamente falso», añaden los exaccionistas.
«¿No era exigible que la CNMV hubiese verificado la materialidad de lo que los servicios de inspección del Banco de España señalaban respecto de Banco Popular y, asimismo, sobre la corrección de la valoración y contabilización de los activos y pasivos derivados de Banco Pastor? Parece que sí. De lo contrario, ¿Para qué sirve la CNMV? ¿Acaso se trata de un simple ‘chiringuito’ para colocar políticos o amigos de políticos?», añaden.
La querella no solo se centra en los miembros del Consejo de la CNMV. También se interpone contra otros integrantes de todos los órganos, direcciones generales, comisiones y departamentos del organismo regulador a quienes se atribuyen los hechos que se solicitan investigar. «Es lógico preguntarse acerca de la concreta documentación de soporte y requerimientos de información que, supuestamente, la CNMV solicitó, analizó y contrastó respecto del valor del fondo de comercio fruto de la adquisición de Banco Pastor por Banco Popular Español que había incorporado a los estados financieros del folleto», concluyen.
