Caso Popular: el juez reprende a los peritos del Banco de España por omitir datos de PwC
Les pide que realicen un nuevo «cálculo ‘ad hoc’» de las tasaciones inmobiliarias del banco en el que tengan en cuenta los documentos aportados por la auditora
Banco Popular. | Europa Press
El juez del caso Popular vuelve a corregir a los peritos del Banco de España y les solicita un nuevo «cálculo ad hoc» en una causa que cumple ya cinco años de instrucción sin una línea de investigación clara. El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha pedido a los inspectores del organismo regulador que realicen una segunda ampliación de su informe de tasaciones de inmuebles de la entidad en el que tengan en cuenta las valoraciones efectuadas por los expertos de la auditora PwC.
Así consta en un auto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, en el que Calama ha vuelto a dar a los peritos del Banco de España nuevas directrices con las que poder esclarecer las preguntas planteadas por la Fiscalía y el propio magistrado. Los inspectores Teodoro Fernández y Álvaro López comparecieron el pasado 15 de noviembre para ratificar el contenido de su informe de tasaciones, en el que apreciaban una sobrevaloración de 384 millones en los valores de referencia de los inmuebles para encubrir un déficit de coberturas de 244 millones en el ejercicio de 2015.
Durante su declaración, los abogados de PwC cuestionaron la muestra de 100 inmuebles elegida por los expertos del Banco de España y les preguntaron si en su informe habían tenido en cuenta determinada información documental que se había enviado desde la auditora a los peritos a través del juzgado, según fuentes jurídicas consultadas por este diario.
PwC defiende las tasaciones
Los peritos del Banco de España respondieron con un ‘no’ al abogado de PwC y, en un aparente reproche al juez, afirmaron durante su ratificación que la calidad de los datos aportados por el Juzgado para la realización de su informe ampliatorio era «deficiente, existiendo una gran cantidad de incoherencias, defectos e inconsistencias». Con base a dichos datos, los inspectores del organismo regulador concluyeron en su informe ampliatorio que solo 12 de los 100 inmuebles analizados reflejaban una «tasación admisible».
Por el contrario, PwC defendió tener datos y documentación distintos que avalarían como correctas la «práctica totalidad» de las tasaciones de los 100 inmuebles elegidos por los peritos del Banco de España como muestra. Ante las dudas surgidas, Calama solicita a los inspectores del organismo regulador que vuelvan a hacer otro informe «similar» en el que determinen «de forma concreta la sobrevaloración de la muestra que analizaron y su posible déficit de cobertura».
Para ello, el magistrado pide a la auditora PwC que ponga a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 4 «los documentos necesarios a fin de facilitar la labor de los peritos», según el auto fechado el pasado 30 de noviembre. «Habida cuenta que el auditor externo de Banco Popular (PwC) se comprometió en la ratificación pericial, a través de su letrado, a proporcionar copia de todas las tasaciones que tuvieran en sus archivos respecto de los inmuebles de la muestra, los peritos deberán, en su caso, recalcular dicho cuadro», indica el juez.
Pide «un cálculo ‘ad hoc’»
«Consideramos necesario hacer un cálculo ad hoc sobre los adjudicados de la muestra opinática seleccionada por los peritos. Y ello, con independencia de lo previsto sobre esta cuestión con carácter general en el segundo informe de los peritos. Se trata de conocer si en la referida muestra el Banco Popular (BP) aplicó las normas de minoración o haircuts por registro inicial, transcurso del tiempo en balance y RDL 2/2012 que se reseñan en el anterior ordinal», insiste el magistrado en su auto.
«Tras el análisis contable individual de cada inmueble, deberán sintetizarse los datos obtenidos mediante un proceso de agregación de los mismos», añade el juez. En su auto, Calama fija los criterios que los expertos del Banco de España deberán seguir para determinar una serie de cuestiones que siguen siendo una incógnita tras el primer informe pericial ampliatorio. Entre otras cuestiones, el magistrado quiere saber «en qué porcentaje el Banco Popular minoró el Valor Nominal Catastral de los activos adjudicados de la muestra, si es que lo hizo», para medir el presunto impacto del déficit de provisiones en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Durante su declaración del 15 de noviembre ante el juez, los peritos insistieron en que su informe ampliatorio establece que las tasaciones efectuadas por el Banco Popular no fueron «irregulares» sino «inapropiadas» para los objetivos solicitados por el juez. Los mismos inspectores del Banco de España, como ya informó este diario, enviaron un escrito el pasado 31 de marzo al juez en el que mostraban objeciones a la solicitud del magistrado de «recalcular» cuáles hubieran sido los activos y el déficit de la entidad a cierre de 2015.
Objeciones de los peritos al juez
Álvaro López y Teodoro Fernández pedían «limitar el alcance de la ampliación a la pericial solicitada» por el magistrado. Consideraban que «no cabe recalcular, de una manera mínimamente fiable» muchos de los puntos que el juez solicitaba analizar. No obstante, tendrán que volver a hacerlo y con nuevas directrices del magistrado. Todo esto después de que, durante su declaración del pasado 15 de noviembre, PwC manifestase que según sus análisis y la documentación que manejaron de los 100 inmuebles elegidos por los peritos como muestra demostraría que la «práctica totalidad» de las tasaciones es correcta.
El juez instructor se cura en salud ante las dudas surgidas desde que hace un año solicitase a los peritos del Banco de España una ampliación del informe de 2019 sobre el Popular. Además de la ampliación sobre las tasaciones inmobiliarias, a finales del pasado año el magistrado solicitó otra pericial ampliatoria para determinar cuáles hubieran sido los activos y el déficit de la entidad a cierre de 2015 si hubiese aplicado la normativa contable recomendada por el Banco de España y no la normativa internacional NIIF, utilizada por la entidad en ese ejercicio.
El informe solicitado por el juez, a instancias de la Fiscalía, acabó siendo aportado a la causa. Pero iba firmado por otros peritos distintos. Los peritos Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández entregaron en junio un informe en el que se cifraba en 1.715 millones de euros las pérdidas que hubiera tenido la entidad a cierre de 2015, en caso de haber utilizado los criterios contables recomendados por el Banco de España. Un documento que ellos mismos definieron como una «suposición teórica» y un escenario hipotético con consecuencias difíciles de prever.
