La patronal ofrece a Escrivá ahorrar 11.000 millones para evitar la subida de cotizaciones
La libertad de elección del trabajador para gestionar sus bajas médicas con las mutuas reduciría cargas de la Seguridad Social y el sobrecoste de los empresarios
La patronal CEOE ha ofrecido al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, una vía de ahorro -canalizada a través de las mutuas- cifrada en 11.000 millones de euros con el fin de mitigar la venidera subida de cotizaciones que aguarda a los empresarios españoles, como ha podido saber THE OBJECTIVE.
En la última reunión común de la Mesa de Pensiones, el pasado 12 de diciembre, la patronal expuso al ministro que si se ofreciera a los trabajadores la libertad de elección de gestionar sus bajas y altas médicas con las mutuas existiría un importante volumen de ahorro que podría aligerar la sobrecarga en cotizaciones que aguarda para 2023.
Esa cantidad, según expertos consultados por este periódico conocedores de los guarismos que mueven las mutuas agrupadas en AMAT, aligeraría en el entorno de 11.000 millones de euros la necesidad de incrementar los ingresos de la Seguridad Social vía exacciones adicionales de empresario y trabajador.
No consta a los empresarios que haya habido algún pronunciamiento al respecto, ni a favor ni en contra, por parte del titular de Seguridad Social, Escrivá, quien pretende presentar en plazo el decreto de pensiones que cierra la segunda parte de la reforma -es decir, antes del 31 de diciembre, según portavoces del Ministerio-, aunque podría retrasarse unos días sin amonestación por parte de Bruselas, dado que el encuadre de la normativa está avanzado, a falta de lograr el consenso necesario con los agentes sociales.
Ahorro para la Seguridad Social
Además, como adelantó TO, el Gobierno aspira a conseguir flexibilizaciones de los compromisos adquiridos con la Unión Europea de cara a la recepción del flujo de fondos europeos asignado a España.
La libertad de elección por parte del trabajador, según aducen fuentes conocedoras de la propuesta patronal, aligera desembolsos de la Administración y acelera procesos, amén de ahorrar ulteriores días de ausencia del trabajador -y eventuales pagos por sustituciones- por incapacidad temporal motivados por una atención más tardía de las dolencias, sobre todo en el más común de los casos de baja médica, que es el de las traumatológicas.
La Seguridad Social ha pergeñado la segunda y última fase de la reforma de pensiones con encuentros bilaterales y, hasta el día 12, sin que los agentes sociales conocieran un borrador de lo que finalmente será un decreto-ley por falta de tiempo para tramitarse como ley, sin perjuicio de que a posteriori pueda ser o no convalidado o sustituido por una proporción de ley, explican a este periódico los juristas consultados.
Al cierre de esta edición, no consta oficialmente fecha para una reunión común de la Mesa, y hay objeciones planteadas desde todos los frentes: el empresarial, por la subida de cotizaciones; el sindical, por el aumento de los años computables para el cálculo de la pensión; y la UE, por su disconformidad con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que es un alza en cotizaciones independiente de la esperanza de vida y variación de la demografía.
Como desde CCOO ha resaltado Unai Sordo, se torna muy difícil un acuerdo sobre la última pata de la reforma de las pensiones, pese a que desde fuentes oficiales se comunica a este periódico que «la norma ya está hecha».
Se agota el tiempo
A expensas de la fecha definitiva de entrada del decreto en las Cortes, lo cierto es que, salvo convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario, solo queda uno este ejercicio, el del próximo martes 27 de diciembre para tramitar la reforma que incluye el destope de bases máximas de cotización gradual, del 30% en los próximos 25 años; los cambios en la consideración de las lagunas de cotización; y el aumento del periodo de vida laboral computable para el cálculo de la pensión de 25 a 30 años descartando los dos de cotización más baja.
Preguntado por la marcha de las negociaciones para cerrar la segunda pata de la reforma de pensiones, Sordo ha afirmado que va «muy lenta», como advirtió este diario, y cree que «en ningún caso» acabará antes de que finalice este año. El dirigente sindical ha denunciado que la propuesta del Gobierno de ampliar el periodo de cálculo a 30 años, descartando los dos peores años cotizados, que rebaja las nuevas pagas en un 3%, está «distorsionando» esta negociación.