Ribera medita ligar la subasta de eólica marina a la inflación y evitar cancelaciones de proyectos
Es uno de los reclamos de la patronal: indexar los precios de la adjudicación a los índices de las materias primas con los que se construyen las infraestructuras
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. | Juan Carlos Hidalgo (EFE)
El fantasma de lo que está ocurriendo en Estados Unidos con las PPA (contratos a largo plazo entre empresas privadas) de energía eólica marina ha activado al Ministerio de Transición Ecológica. En el equipo de la ministra Teresa Ribera conocen muy bien lo que está ocurriendo al otro lado del Atlántico: diversas empresas piden desde renegociaciones de contratos a repeticiones de licitaciones tras la subida de los precios de las materias primas, la crisis de suministros y el aumento de los tipos de interés. A escasos meses de que se ponga en marcha la primera subasta de energía eólica marina en nuestro país, este fenómeno podría también producirse de forma parecida.
Por ello, la demanda del sector de ligar los precios de la adjudicación a los índices de las materias primas con los que se construyen las infraestructuras se medita desde el Ministerio. La razón está clara: evitar futuras cancelaciones de los proyectos una vez adjudicados. «Lo que hacen en Francia es indexar el precio de adjudicación a los índices de las materias primas, como por ejemplo el acero, para que se pueda modificar el precio de adjudicación al alza o a la baja en función del coste de las materias primas. Eso evitaría futuros problemas de cancelación de proyectos», comenta una fuente experta en el sector.
La hoja de ruta del Gobierno es que en la futura subasta que se establezca en España -al tener muy definidos las zonas donde se levantarán los futuros parques eólicos- se incluya en el mismo paquete el derecho de ocupación del espacio marítimo, el permiso de acceso y conexión eléctrica y el régimen económico. Esto último se plantea a través de una especie de PPA con el Estado, donde el Gobierno se compromete a pagar un precio de venta de energía fijo durante una serie de años al promotor por medio de un contrato por diferencias (Los promotores de eólica marina ofertan en el mercado eléctrico a un precio competitivo, y si casan por encima del precio fijado en la adjudicación, le devuelven la diferencia, mientras que si casan por debajo, el sistema eléctrico le reembolsa la diferencia).
En la eólica marina hay una diferencia temporal muy grande entre el momento en el que te adjudican el proyecto y el instante en el que empiezas a construir la infraestructura. «Puede que lo que te habían adjudicado hace dos años ya no le sea rentable a una empresa por el alto coste de los precios de las materias», aseguran fuentes expertas del sector. Además, en la eólica marina, los promotores no pueden avanzar sus proyectos, como ocurre en tierra, porque todos compiten por las mismas zonas.
La posibilidad de que estos proyectos sean cancelados por las compañías una vez han sido adjudicados es posible. De hecho, los mecanismos de subasta actuales permiten renunciar a la adjudicación. Eso sí, la compañía perdería los avales con los que se hubiese tenido que presentar. No obstante, para el Estado se convertiría en un fracaso porque el proyecto quedaría desierto de la noche a la mañana.
Desde el Ministerio aseguran que «la primera subasta saldrá en el primer semestre del año que viene«. Las mismas fuentes añaden que «de momento» no tienen el problema que está habiendo en otros países como EEUU, porque todavía no han adjudicado ningún contrato. Por otro lado, añaden que «los primeros parques eólicos marinos comerciales será difícil que se vean antes de 2025».
Las mismas fuentes subrayan que la normativa para la eólica marina «era antigua, de 2007». «Desde esa época el marco normativo ha cambiado mucho y las condiciones de la eólica marina también han cambiado. La normativa se hizo sin tener en cuenta planes de ordenaciones del espacio marítimo. Hay que desarrollar una nueva regulación para la eólica marina acorde con la normativa actual y a la tecnología», sentencian. España se ha propuesto instalar 3.000 megavatios hasta 2030. Todavía no ha definido ni el dónde ni el cómo del reparto. Teniendo en cuenta que el coste medio por cada nuevo megavatio de energía eólica marina se sitúa en 4,5 millones de euros aproximadamente, el coste total se situaría en 13.500 millones de euros.
Desde el Ministerio de Transición Ecológica quieren evitar un capítulo parecido al de Avangrid, la filial de Iberdrola en Estados Unidos. Así, a finales de 2021, la compañía logró la adjudicación para la construcción del parque Commonwealth Wind, que es la tercera licitación eólica marina de Massachusetts y hasta ahora el mayor proyecto de este ámbito en Nueva Inglaterra. Una infraestructura que no estará lista hasta 2028. Para ello, firmó los correspondientes PPA (acuerdos a largo plazo) con las distribuidoras pertinentes para comercializar la futura energía generada.
Sin embargo, el escenario inflacionista ha sacudido a la filial de la energética española. Así, esta pidió sin éxito a las distribuidoras renegociar los PPA firmados. Según argumenta, con los actuales contratos no se puede ni financiar ni construir el proyecto. Ante la negativa, Avangrid dio un paso más al reclamar la anulación de dichos contratos previos y propuso la repetición de la licitación en un concurso público previsto para abril de 2023, y ofrecer allí su proyecto con precios que le sean rentables.
Desde el Gobierno achacan la situación que se vive en otros países como EE.UU a la actual situación económica generada tras la pandemia y la guerra contra Ucrania y rechaza que este escenario afecte a la subasta en España. «El cobre ha aumentado un 30%, el acero un 20%… Se ha generado una crisis de abastecimiento que ha disparado el precio de las materias primas. El problema ahí es que una empresa, por ejemplo, si tenía un proyecto donde iba a cobrar 20 a un coste de 18, ahora con la inflación le cuesta 23; y ya no le vale cobrar esos 20», apuntan expertos del Ministerio de Transición Ecológica.
