Ribera adjudica a dedo contratos para defender a España frente a varias eléctricas europeas

El Ministerio de Transición Ecológica, a través de su empresa adscrita, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha adjudicado en los dos últimos meses dos contratos negociados sin publicidad para que España pueda defenderse frente a dos energéticas -una irlandesa y otra alemana- que mantienen un pulso al Gobierno en las salas de arbitraje.

Las energéticas implicadas son la irlandesa Spanish Solar Limited y la alemana E.ON. Mientras que la primera es una pequeña empresa con sede en Cork (Irlanda), la segunda pertenece al Grupo E.ON, que es uno de los mayores operadores europeos de redes e infraestructuras energéticas y un proveedor de soluciones innovadoras para –según dicen en su página web– 50 millones de clientes.

El primer contrato a dedo se adjudicó por parte de IDAE el pasado 24 de octubre. Fueron 114.000 euros a la auditoría BDO para «servicios de peritaje» y «servicios de asesoramiento financiero» relacionados con el proceso arbitral con la empresa E.ON durante los próximos tres años. A diferencia de lo que ocurre en otras contrataciones públicas de la Plataforma de Contrataciones del Estado, el Estado no argumentó insuficiencia de medios para contratar a la empresa.

Según se desprende de la página web, BDO es una compañía con más de 65 años de trayectoria, con una presencia consolidada en 164 países y más de 95.414 profesionales. En España, BDO cuenta con un equipo de más de 1.300 profesionales y socios para «prestar servicios de auditoría, consultoría, abogados y servicios de externalización».

El segundo contrato negociado sin publicidad fue para la Universidad de Zaragoza, en concreto para la facultad de Derecho Administrativo. Desde IDAE se ofrecía un contrato de 45.000 euros para «servicios jurídicos» y «servicios de asesoría jurídica». Fue adjudicado el pasado mes de noviembre.

Es un contrato que llama la atención porque en esa facultad trabajan como catedrático José María Gimeno y como profesor titular Miguel Ángel Bernal. Dos personas que son director y secretario ejecutivo, respectivamente, en el Observatorio de Contratación Pública. Una empresa, esta última, que es semipública y que tiene como objetivo ser «un lugar de encuentro para los profesionales de la materia desde el que proceder al debate y análisis de las novedades introducidas en su ordenación jurídica, así como para la realización de nuevas propuestas de actuación para la modernización de la contratación pública y materializar en la misma los principios de eficiencia, integridad y buena administración«.

Hace unas semanas, se publicó un estudio donde figuraba nuestro país como el segundo territorio del mundo que más incumplía los arbitrajes internacionales. Así, había en 2021 ocho laudos pendientes que juntos sumaban 700 millones de dólares. Un escenario que exhibe una pobre imagen de España ante los inversores internacionales. Sin ir más lejos, el pasado mes, la energética australiana Berkeley anunció un arbitraje contra España por bloquear la explotación de una mina de uranio en Salamanca (Castilla y León). La compañía consideró que el Gobierno de Pedro Sánchez había infringido la normativa sobre procedimientos administrativos del país.

Sin embargo, esta situación de continuo enfrentamiento con eléctricas de otros países que tenían inversiones en España no ha ocurrido solo durante el Gobierno de Sánchez, sino que ya ocurrió con el de Rajoy. Así, la patronal fotovoltaica, en 2015, se quejó de que España era «el segundo país del mundo» con más arbitrajes internacionales abiertos en relación a proyectos de energías renovables afectados por las normas retroactivas, solo por detrás de Venezuela. Desde Anpier (Asociación Nacional de Productores de Energía) se propusieron «luchar» para que se implantase un nuevo modelo energético basado en las energías autóctonas, con el fin de no tener que seguir trayendo gas, petróleo y uranio de fuera de nuestras fronteras.