Sordo (CCOO) descarta que se pueda llegar a un acuerdo sobre pensiones antes de fin de año
El sindicato ha restado importancia al retraso de las conversaciones y ha defendido que una reforma «con efectos a décadas vista» tenga el mayor consenso posible
El secretario general de CCOO, Unai Sordo. | Europa Press
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, está «prácticamente convencido» de que las negociaciones sobre la segunda fase de la reforma del sistema de pensiones se extenderán a 2023, ya que «no hay tiempo material» para cerrar un tema tan «complejo» antes de fin de año. «La negociación ha ido muy lenta en este último mes y tiene muchas materias todavía por resolver, por lo que yo creo que no es realista pensar que se van a resolver en esta semana», ha dicho Sordo este lunes, en una entrevista con RNE, recogida por Europa Press.
El líder de CCOO ha señalado que en estas negociaciones se abordan «cuestiones de mucho interés» para los sindicatos, entre las que ha citado las mejoras de ingresos para la Seguridad Social, el destope de las bases máximas de cotización, la mejora de las pensiones mínimas o el alargamiento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Sin embargo, Sordo considera que estas medidas son «muy compartidas» dentro de la mesa de diálogo, salvo una que «distorsiona la negociación» y es la relativa al periodo de cálculo.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones propuso a los agentes sociales amplia progresivamente el periodo de cómputo de la pensión a 30 años, pero descartando los dos peores años cotizados, lo que significaría que la pensión se calcularía con los mejores 28 de cotización dentro de un periodo total de 30 años. Sordo ha vuelto a recordar este lunes que los sindicatos se oponen a este medida, entre otras razones, porque «no hay consenso político» y tampoco aparece en las recomendaciones del Pacto de Toledo.
El secretario general de CCOO ha restado importancia al retraso de las conversaciones y ha defendido que una reforma «con efectos a décadas vista» requiere «de negociación y de acuerdo político». Además, tampoco cree que la demora vaya a afectar al desembolso de los fondos europeos.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no descarta que la segunda pata de la reforma de pensiones, que aborda el destope de las bases máximas y la pensión máxima y la mejora de la cobertura de las lagunas de cotización para carreras irregulares, supere el plazo inicial que se había comunicado a Bruselas, 31 de diciembre de este año, con el objetivo de que su aprobación se base en un acuerdo con los agentes sociales.
Así lo trasladaron fuentes del Departamento que dirige José Luis Escrivá a Europa Press el pasado viernes, aunque insisten en que aún no renuncian a tener esta reforma en plazo y que, si éste se supera, no existirían problemas con la Comisión Europea, como no los hubo cuando la reforma del nuevo sistema de cotización para autónomos se pactó unas semanas más tarde de lo establecido en el Plan de Recuperación. Para el Ministerio, lo importante es que esta segunda parte de la reforma de pensiones sea fruto del acuerdo con sindicatos y empresarios, como lo fue la primera parte de la reforma, en la que se estableció, entre otras medidas, la revalorización anual de las pensiones con el IPC.
Misma propuesta desde finales de noviembre
Sobre la mesa figura la propuesta que el Gobierno presentó a CCOO, UGT, CEOE y Cepyme a finales del mes de noviembre. En dicha propuesta inicial, el Ejecutivo planteó a los agentes sociales una ampliación progresiva del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años, descartando los dos peores años de cotización, de forma que la pensión pase a calcularse con los mejores 28 años de cotización dentro de un periodo total de 30 años.
En concreto, según la propuesta inicial del Gobierno, el planteamiento del Gobierno es que el periodo de cálculo se vaya ampliando en cinco meses cada año del periodo 2027-2038, pudiendo escoger el trabajador los tres meses más favorables a su cotización y descartar dos. A los sindicatos no les gustó nada esta propuesta, no sólo porque acaba de finalizar la ampliación anterior, que situó el periodo de cálculo en 25 años, sino porque no cuenta con respaldo político suficiente, ni dentro del Parlamento, ni dentro del propio Ejecutivo de coalición.
Seguridad Social, por su parte, sostiene que no se ha sacado esta propuesta «de la manga», pues ampliar los años que se toman para calcular la pensión es un compromiso adquirido en el Plan de Recuperación remitido a Bruselas. En relación a la subida de las bases máximas de cotización, otro objetivo de esta segunda reforma, el documento inicial del Gobierno plantea la posibilidad de vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC interanual medio de los doce meses anteriores a diciembre, más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050.
Así, entre 2025 y 2050, se propone que sean las leyes de Presupuestos de cada año las que fijen la subida de las bases máximas teniendo en cuenta los parámetros anteriores (el IPC y el alza adicional de 1,154 puntos). En caso de que la inflación promedio que se toma como referencia para subir las pensiones sea negativa, se aplicará únicamente el incremento adicional de 1,154 puntos.
Esta subida de las bases máximas de cotización iría acompañada de un aumento de la pensión máxima, aunque no en la misma proporción. De este modo, el Gobierno propone que la pensión máxima suba también entre 2025 y 2050 con la referencia de inflación establecida para las pensiones contributivas y la pensión mínima (IPC promedio de los doce meses anteriores a diciembre), más un porcentaje adicional de 0,115 puntos, menor por tanto al planteado para las bases máximas.
