El registro de contratos de Agricultura es «un avance» pero sigue sin evitar la venta a pérdidas
Celebran la puesta en marcha de la medida, solicitada desde hace años, pero piden otras como la publicación de informes sobre los costes de producción
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. | Jesús Hellín (Europa Press)
El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un real decreto que establece el registro obligatorio de contratos alimentarios en el que se deberán inscribir todos aquellos contratos que se suscriban con los productores primarios y sus obligaciones.
Esto es uno de los pasos a los que se comprometía el Ministerio con la aprobación de la Ley de la cadena alimentaria y su objetivo es facilitar un mayor control de las relaciones comerciales.
Sin embargo, las organizaciones de agricultores y ganaderos consultados por THE OBJECTIVE apuntan que, a pesar de ser un avance, este registro de contratos que se pondrá en marcha el 31 de enero de 2023 pero no será obligatorio hasta el 30 de junio, no es suficiente para paliar los problemas del sector y no frena las ventas a pérdidas, una de sus mayores reivindicaciones.
«El Ministerio está cumpliendo con la ley y con el compromiso que adquirió de publicar a tiempo esta normativa para la obligación del registro de contratos», dice en una conversación con este periódico Andoni García, responsable de mercados agrarios de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). Pero siguen pidiendo al Ministerio de Agricultura que se publiquen estudios de la cadena de valor, «que no lo están haciendo», pues esto permitiría establecer al menos cuáles son los costes de producción de cada eslabón de la cadena y, por tanto, qué contratos supondrían pérdidas.
«Lo que se trataba es de tener un contrato por obligación, de acuerdo, pero también de tener unas referencias para que no se hagan contratos a pérdidas», añade por su parte José Manuel de las Heras, coordinador estatal de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos. «Por lo tanto, no es una mala noticia (el registro de contratos), pero no es la panacea».
Más optimistas se muestran en Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), cuyo técnico de Cadena Alimentaria Javier Alejandre señala que este registro de contratos es «muy buena noticia», porque «si no estableces mecanismos para que la autoridad competente pueda comprobar y verificar aquello que la norma dice, pues la norma pierde interés, importancia y validez».
El registro deja fuera a gran parte de la cadena alimentaria
Según el Ministerio de Agricultura, «el Registro de Contratos Alimentarios incrementa la protección de los productores primarios y sus agrupaciones, ya que facilitará las funciones de inspección y control de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y de las autoridades de ejecución de las comunidades autónomas», por lo que se logra una mayor seguridad jurídica de las relaciones comerciales y una estructuración más eficiente de la cadena de valor».
Sin embargo, esto solo aplica a una parte de la cadena, puesto que el real decreto aclara que los sujetos obligados a la inscripción de los contratos alimentarios son aquellos compradores que formalicen los contratos con los productores primarios y sus agrupaciones.
«La norma aclara que los obligados a inscribir el contrato serán los primeros compradores cuando adquieran leche cruda a los ganaderos. Para aquellos contratos alimentarios formalizados como contratos de integración, como en el caso de producciones de engorde del sector avícola, será el integrador el obligado a inscribirlo en el registro electrónico», añade el Ministerio.
«El legislador entiende que el punto crítico, el eslabón más vulnerable, somos los agricultores y ganaderos, y lo que hace la norma asegurarse de que todas las transacciones con ellos y todas las compras estén registradas para que, efectivamente, cuando la autoridad lo estime, pueda comprobar si es está cumpliendo la obligación de hacer contratos», apunta el técnico de UPA.
Por su parte, desde COAG consideran que «es una pena que el resto de la cadena no esté, no exista la obligación», dice García, que señala que esto daría más transparencia de cara al consumidor, que podría ver si los precios cambian de forma justa.
Los estudios de la cadena de valor son la medida necesaria
Las organizaciones coinciden en que el registro de contratos era un paso necesario, pero insisten en que el Ministerio de Agricultura debe seguir implementando las medidas para que se pueda aplicar completamente la ley de la cadena alimentaria.
En concreto, consideran que el Ministerio debería cumplir con su compromiso de elaborar informes de la cadena de valor para establecer referencias sobre los costes de producción que asume cada eslabón. De esta manera, opinan, se podría controlar que los contratos que se suben al registro cumplen con unos mínimos que garantizan que los ganaderos y agricultores no pierden dinero.
«La no existencia de estudios de cadena de valor, que no se están realizando, que no se están publicando, hace que falten referencias», dice Andoni García desde COAG.
«Nosotros hemos pedido con urgencia que se creen estos observatorios, que más o menos con un seguimiento público se puedan tomar referencias de costes elaboradas de forma seria y oficial», insiste por su parte José Manuel de las Heras desde Unión de Uniones. Añade que es necesario dotar de más medios a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), la autoridad competente en este caso, dependiente del Ministerio, para que pueda hacer un seguimiento real.
«Faltan muchas cosas, muchos elementos que tienen que irse poniendo en marcha, aunque la ley está ahí y nosotros la estamos defendiendo, la estamos utilizando», apunta García.
En el mismo sentido se pronuncia desde UPA Javier Alejandre, que aunque reconoce que todavía quedan pasos por dar, considera que la aprobación de este registro es «un gran éxito», pues es el primer paso para llegar a cumplir con todas las exigencias de la ley.
Además, defiende la reforma de la ley de la cadena alimentaria a pesar del tiempo que está llevando aplicarla. «Ahora que está en funcionamiento la modificación, habrá que dar un tiempo porque ha habido cambios radicales», opina.
«La pregunta que habría que hacerse», continúa, «es en qué situación se encontraría el sector productor si no se hubiera producido la última modificación de la ley, en qué medida la ley de la cadena ha permitido que los productores hayamos trasladado parte de ese incremento de los costes de producción», argumenta, para concluir que esta última reforma «ha sido un balón de oxígeno parcial para el sector productor».
