La deducción en IRPF de gastos por empleos en el hogar afloraría hasta 167.000 contratos
Andalucía, Galicia y Castilla y León ya aplican incentivos fiscales para la contratación de personal doméstico, un colectivo mayoritariamente femenino
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. | Europa Press
La deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid propone por los gastos en empleadas y empleados del hogar al Ministerio de Hacienda, encabezado por María Jesús Montero, haría que aflorasen unos 166.900 contratos, según cálculos del organismo a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre del 2022 -última publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE)-, el número de hogares que declaran actividades como empleadores de personal doméstico no concuerda con las personas afiliadas a la Seguridad Social a finales de ese mismo trimestre, lo que significaría que hay un significativo número de personas que trabajan de manera irregular.
Concretamente, según dicho informe de la EPA, había aproximadamente 543.500 de hogares empleadores de personal doméstico que declaraban tener al menos una persona trabajando en el hogar, mientras que las personas afiliadas al régimen especial de la Seguridad Social previsto para este colectivo a final del mes de septiembre fueron 376.669 efectivos (un 30,7% menos).
Atendiendo a dichas cifras, podemos deducir -explican los economistas consultados- que si los empleadores que contratan de forma irregular se hubieran acogido a la deducción en el IRPF propuesta por los Gestores Administrativos, se podrían haber beneficiado 166.900 trabajadoras o trabajadores en situación irregular. Todo ello teniendo en cuenta que es muy probable que las cifras declaradas en la EPA sean inferiores a las reales, con lo cual probablemente podamos estar hablando de cifras superiores, habida cuenta que muchos de ellas/os no lo habrían declarado.
En busca del empleo regular
El último Observatorio de la Gestión Pública del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (Icogam), sobre el empleo doméstico, propone que para favorecer la contratación regular de las personas trabajadoras del servicio del hogar los gastos en los que incurren las familias se puedan deducir en la cuota íntegra en la declaración del IRPF.
Los efectos que se podrían conseguir son, según el informe: el aumento de la recaudación con la consiguiente reducción del gasto público, regularización laboral de una actividad productiva, lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, formalizar la situación de trabajo y residencia de una parte importante del colectivo (extranjeros en situación irregular). Esto no significa que todas las personas que trabajen de forma irregular en el servicio doméstico sean extranjeras.
Los Gestores Administrativos de Madrid consideran que la creación de un incentivo fiscal fomentaría la regularización en la contratación del servicio doméstico, que a pesar de las últimas modificaciones sigue presentando altos índices de irregularidad.
Incentivo que ya existe en algunas CCAA
Tal y como señala el estudio, son varias las comunidades autónomas que ya aplican incentivos para la contratación de servicio doméstico, como Andalucía, donde existe una deducción por ayuda doméstica de un 15% de la cotización anual abonado a la Seguridad Social por el personal doméstico, con un límite de 250 euros anuales. Castilla y León cuenta con una deducción similar, pero el límite se eleva a 300 euros en determinadas circunstancias. Y en Galicia se contemplaba una deducción es del 30% de las cantidades abonadas al personal del hogar que esté al cuidado de un menos de 3 años, con un límite máximo de 400 euros, que se eleva a 600 euros si se tienen dos o más hijos.
En todos los casos, son deducciones en la cuota de IRPF dado que es el mecanismo de ayudar de manera más efectiva a las rentas más bajas, aducen los gestores.
La mayoría, mujeres
Según estudios, los trabajadores domésticos comprenden una parte significativa de la fuerza de trabajo global, se considera uno de los grupos más vulnerables y se estima que el 76,2% son mujeres. En el ámbito de la UE, la Comisión Europea cifra en el 90% el porcentaje de mujeres entre los trabajadores del servicio doméstico. Se estima que el 30% de los trabajadores eran de un país externo a la UE, mientras que un 15% pertenecen a otro país miembro. Cifra entre un 70-80% el volumen de trabajo informal, esto es, no declarado, por lo que los trabajadores no cuentan con la misma cobertura que otros trabajadores del sistema.
Entre los países de la UE con mayor tasa de empleo doméstico regulado encontramos a Francia con un 70%, España con un 65% e Italia con un 45%.
De acuerdo con los datos del informe del Observatorio de Gestión Pública del Icogam, el personal que se dedica en España al servicio doméstico es mayoritariamente femenino, con casi una tercera parte de economía informal y con una fuerte presencia de extranjeros, especialmente de fuera de la UE.
El Real Decreto Ley 16/2022, aprobado el pasado 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar, «tiene como objetivo equiparar las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras del hogar familiar a las del resto de personas trabajadoras por cuenta ajena, descartando aquellas diferencias que no solo no responden a razones justificadas, sino que además sitúan a este colectivo de personas trabajadores en una situación de desventaja particular y que, por tanto, pueden resultar discriminatorias».
Entre las principales incorporaciones de la norma, podemos destacar ventajas como la cobertura de vacíos de cotización y el reconocimiento del acceso al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). En opinión del presidente de los gestores, Fernando Jesús Santiago Ollero, «esta legislación acerca la justicia a este colectivo y ahora solo falta que se incentive la desaparición de su contratación irregular». Por ello, recalca Santiago Ollero, «pedimos al Gobierno que considere nuestra propuesta, que en cierta medida ya ha sido considerada por algunas autonomías».
