El Gobierno da barra libre para instalar paneles solares y aerogeneradores en el 64% del suelo
El Ejecutivo introduce en el decreto contra los efectos de la guerra una medida que simplificará los proyectos de construcción de paneles solares y aerogeneradores
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. | Europa Press
El Gobierno aprovecha el real decreto contra los efectos de la guerra para ‘colar’ este martes la simplificación de los permisos para construir placas solares o aerogeneradores en el 64% del territorio. Así lo recoge el texto que, con toda seguridad, será aprobado este martes con amplia mayoría del Congreso de los Diputados. «Resulta necesario reforzar el proceso de despliegue acelerado de estas fuentes de energía renovable mediante la simplificación administrativa, como ha venido acordando la Unión Europea en esta materia», argumentan desde el Ejecutivo.
El Gobierno justifica a través de dos causas la incorporación de esta nueva medida en el real decreto. En primer lugar, debido «al contexto actual de precios de la energía» y ante «la necesidad urgente de reducir la dependencia europea del exterior» y, en segundo lugar, tras «las conclusiones del Consejo Europeo de 20 y 21 de octubre de 2022», donde se propuso que la simplificación de los procedimientos de autorización se realizase por la vía rápida, con el fin de acelerar el despliegue de energías renovables y de redes, incluso mediante medidas de emergencia.
En el decreto, el Gobierno apunta a las únicas zonas donde, en principio, no se acometerán futuros proyectos que fomenten la energía verde. «Es importante señalar que esta simplificación procedimental se adopta asegurando la estricta salvaguarda del medio ambiente. Con tal fin, y considerando el marco europeo expuesto, se opta por una medida legislativa de máximas garantías medioambientales y se excluye expresamente la posibilidad de aplicar estas medidas a proyectos que se ubiquen en superficies de la Red Natura 2000 y en espacios naturales protegidos, así como los ubicados en medio marino».
En España, los espacios protegidos están definidos y regulados con carácter básico por la Ley 42/2007, del 13 de diciembre de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que los agrupa según sean espacios naturales protegidos, espacios de Red Natura 2000 y áreas protegidas por instrumentos internacionales. Según los datos oficiales, el porcentaje total de superficie protegida en España es del 36,2%. Sin embargo, desde el sector apuntan a que este dato está «inflado», ya que la eficacia de la protección es mucho más reducida. Otras fuentes apuntan a un 30%, e incluso algunas asociaciones sostienen que el espacio presuntamente protegido no se libra de posibles proyectos de energía renovable.
La UE propuso crear «zonas propicias» específicas para las energías renovables con procesos de concesión de autorizaciones más simples y cortos en zonas con menor riesgo medioambiental. Es decir, tras un primer informe ambiental genérico (con una criba donde se elijan las zonas propicias) ejecutar los proyectos. Sin embargo, la criba del Gobierno ha sido más reducida. «Respecto de la simplificación de los procedimientos de autorización de los proyectos de generación mediante energías renovables competencia de la Administración General del Estado, se regula su aplicación a todos los proyectos de esta naturaleza. Estos procedimientos se declaran de urgencia por razones de interés público«, sentencia el decreto.
Ecologistas y partidos clave, en contra
Los grupos ecologistas y Unidas Podemos, a través de Alianza Verde, muestran su rechazo a esta medida. «Entendemos que es muy negativo acortar plazos y limitar la participación de los ciudadanos en el proceso de alegaciones. Además, lo han incluido en un paquete de medidas relacionado con la guerra en Ucrania, donde hay muchas otras medidas que no tienen nada que ver con esto y que son positivas, lo que hace que se complique la situación. Pedimos que se trate por separado este tema para incluso mejorar los procedimientos que ya tenemos de la evaluación de impacto medioambiental».
Los ecologistas prosiguen: «De hecho, acortar significativamente los plazos de los estudios de impacto medioambiental genera riesgos contra el ecosistema. Por otro lado, puede ser hasta contraproducente, ya que al desaparecer estas garantías nos podemos encontrar una mayor judicialización, donde se recurran estos proyectos», aseguran desde los grupos ecologistas.
Mientras tanto, desde Alianza Verde considera un «grave error» que se exima a las instalaciones de energías renovables de la tramitación de evaluación de impacto ambiental. «Estas deben ser una garantía, no un obstáculo», argumentan. «El entramado jurídico normativo que representa la evaluación ambiental como instrumento de protección ambiental y social es una herramienta para un buen desarrollo de las energías renovables», apuntan. Aunque Unidas Podemos votará a favor del real decreto, pedirán a cambio que se tramite como proyecto de ley con el objetivo de que se acepten enmiendas en esta parte energética. Un plan del que el Gobierno suele escabullirse, como ya ha hecho en otras ocasiones, retrasando las negociaciones mientras se aplica el decreto.
