Los funcionarios ganan las primeras batallas en los tribunales por el trato de favor a los interinos
La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de impulsar la estabilización de funcionarios interinos ha desatado una dura guerra judicial
Miquel Iceta y María Jesús Montero en el día que se traspasaron las carteras ministeriales. | Europa Press
La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de impulsar la estabilización de funcionarios interinos por la vía rápida con el objetivo de reducir drásticamente la temporalidad en las administraciones públicas, que se sitúa casi en el 25%, ha desatado una dura guerra judicial. Por una parte, los funcionarios de carrera, que ya han ganado algunas batallas en las primeras instancias, se oponen a unos procesos que permiten ganar una plaza de funcionario y acceder a la Administración sin superar unas oposiciones.
En el lado contrario, los interinos, algunos de ellos con dos décadas en la Administración, ven en su situación un abuso, acreditan experiencia y confían en que las nuevas normativas estabilicen su puestos. Este último colectivo de cerca de 665.000 efectivos ha hecho llegar sus demandas a Bruselas, de la mano del despacho Navas & Cusí y de la Asociación de Empleados en Abuso (EPA). Navas & Cusí es el mismo que representa a los pensionistas con más de 40 años de cotización que buscan no ser penalizados tras sus largas carreras –ver información-.
El origen de las demandas de unos y otros está en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre para reducir la temporalidad en el empleo público. Entre otras medidas, prevé que los puestos ocupados de forma temporal e ininterrumpida antes de 2016 se convoquen excepcionalmente por el sistema de concurso de méritos -sin oposición-. El asunto incomoda especialmente a los funcionarios de carrera, que ven claramente vulnerado el principio de igualdad para acceder a la Administración, y a los opositores, para los que supone una clara limitación en sus opciones.
Funcionarios de carrera vs interinos
Los argumentos de los funcionarios de carrera ya han sido refrendados por varios juzgados de primera instancia. Una de las sentencias más relevantes, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, fue la emitida el pasado enero por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Elche, que se pronunciaba contra el proceso de estabilización por parte del Ayuntamiento de 430 interinos –acceso a la convocatoria-.
Tras conocer el fallo desfavorable los responsables del consistorio han decido frenar la conversión de los interinos en funcionarios gracias a un atajo, aunque seguirán con los pleitos judiciales arengados y apoyados por los sindicatos mayoritarios. La sentencia presentada por una trabajadora municipal es clara: el proceso de convertir a los interinos en funcionarios sin previa oposición incumple el artículo 14 de la Constitución y vulnera el derecho a acceder en condiciones de igualdad a cualquier plaza.
La mayoría de los funcionarios interinos que se pretendía estabilizar procedían de una bolsa de trabajo y muchos incluso no pasaron las pruebas selectivas. Pese a todo, los que ya trabajaban en el consistorio eran valorados muy por encima de los nuevos aspirantes. La demandante reclamaba que la experiencia obtenida en la Administración se valorase igual independientemente de si se obtuvo en el Ayuntamiento o otro organismo.
68.720 plazas de interino recurridas
Mientras, la Asociación Defensa Turno Libre, una organización creada ex profeso el pasado verano para defender y apoyar a los afectados por las normativas para la reducción de la temporalidad en el empleo público, ha creado otro importante frente judicial. Antonio Requena, su presidente, adelanta a THE OBJETIVE que ya han recurrido 68.720 plazas de interinos en diferentes administraciones, entre otras, País Vasco, Cataluña, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Valenciana.
Requena se muestra totalmente confiado del éxito de sus demandas, tramitadas por la vía ordinaria, por lo que la respuesta de los jueces tardará más tiempo en producirse que la del juzgado de Elche. Desde la Asociación se defiende que el método más objetivo para acceder a la Administración es la selección a través de unas oposiciones, que premian a los mejores, lo que redunda en la mejora del servicio.
El presidente de la Asociación de Turno Libre admite que las normativas planteadas hasta ahora incumplen claramente los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública. Además, apunta a los responsables de las administraciones y a los sindicatos como máximos responsables de la actual situación.
La solución pasa, según Requena, por Ofertas de Empleo Público más amplias y asegura que su actividad no va dirigida contra los interinos -de hecho hay muchos dispuestos a opositar- y contra la decisión de regalar las plazas.
