La Eurocámara pide a España que no rebaje la malversación en posibles fraudes de los fondos

Aprobado europeo para España en la gestión de los fondos pero con una serie de advertencias. La delegación de la comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, que ha visitado esta semana España para examinar cómo se están utilizando los fondos europeos Next Generation, ha concluido que no existen indicios de fraude pero los sistemas de control de estos recursos en España sufren «una serie de retrasos», por lo que pide mejorar su transparencia.

Además, la presidenta de la Comisión también le ha pedido al Gobierno de España, que el nuevo delito de malversación no sirva para rebajar posibles fraudes ante el beneficio de este tipo de ayudas y, por tanto, «que no haya excepción con nadie que cometa corrupción, porque exigimos tolerancia cero». Una actuación con la que, según Monika Hohlmeier, el Gobierno de España se ha comprometido. Eso sí, la presidenta de la misión sí que ha reconocido que se han topado con una licitación con informaciones críticas.

Así lo ha señalado la jefa de la delegación, Monika Hohlmeier (PPE, Alemania), durante una rueda de prensa ofrecida en la oficina del Parlamento Europeo en Madrid al término de los trabajos de análisis realizados esta semana sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español, y la que ha asistido THE OBJECTIVE.

Hohlmeier ha señalado que se ha encontrado con la dificultad para encontrar los datos relativos a los fondos europeos para la población, y al tiempo también ha lamentado que no se les haya comunicado en detalle la ejecución real contable sobre los recursos desplegados, es decir, su impacto en la economía real. Recomiendan a las autoridades españolas que garanticen que la información sobre los proyectos se publique de una manera más accesible y más estructurada.

La queja de las CCAA

También han detectado que, aunque los sistemas de control de fondos -COFFEE y Minerva- están operativos y funcionan, según fuentes del Ministerio de Hacienda, han sufrido «una serie de retrasos», al tiempo que han recomendado una mayor interoperatividad y que el Tribunal de Cuentas reciba un acceso permanente a estos sistemas de control.

La misión de fondos europeos considera necesario «quitar las trabas burocráticas» de los fondos con el fin de dar más apoyo a los autónomos y a las pymes que desempeñan «un papel fundamental en la economía española». «Hacemos un llamamiento para reforzar la cooperación público-privada como una manera de acelerar la aplicación de los fondos», ha recalcado Hohlmeier.

Los eurodiputados han hecho también un llamamiento para que Estado y comunidades autónomas profundicen su diálogo y se refuerce el papel de cogobernanza en todas las partes. «Algunas comunidades autónomas se han quejado de que sus propuestas no se han tenido en cuenta», ha trasladado Hohlmeier, tras reunirse con algunos consejeros.

Una licitación de los fondos en el punto de mira

Tras la polémica sobre la reforma del delito de la malversación, la delegación ha preguntado al Ejecutivo sobre los últimos cambios que se han realizado en España en el Código Penal y le ha pedido una garantía de que su legislación sea conforme con el principio de «cero tolerancia» respecto a la corrupción. «El Gobierno nos dice que se compromete que así sea. Y veremos qué nos transmite la Comisión Europea, porque no somos el órgano competente de eso», ha señalado Hohlmeier.

Eso sí, hasta ahora la misión de fondos ha confirmado que no se ha hallado ningún indicio de infracciones o fraude, aunque han reconocido que «una licitación» ha recibido expresiones e informaciones críticas por parte de diferentes sectores. «No hemos descubierto casos de fraude o infracción», ha enfatizado.

La misión a España ha estado formada por 10 eurodiputados miembros de varios grupos políticos y de los cuales seis están adscritos a la comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, que tras su regreso a Bruselas elaborará un informe al respecto. Sus conclusiones, no obstante, no serán vinculantes de cara a futuros desembolsos, ya que la aprobación de cada uno de ellos corresponde a la Comisión Europea.

Junto a la presidenta de la comisión europarlamentaria, Monika Hohlmeier, ha analizado estos días el Plan de Recuperación en Madrid un grupo de eurodiputados, en su mayoría españoles: Isabel Benjumea (PP), Isabel García Muñoz y Eider Gardiazabal (PSOE), Eva María Poptcheva y Susana Solís (Cs), Ernest Urtasun (En Comú Podem) y Jorge Buxadé (Vox).

En su visita, los eurodiputados se han reunido con la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, así como con consejeros autonómicos de Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, Andalucía y Aragón. También se han entrevistado con representantes de la patronal y los sindicatos, de la industria digital, consultoría y con periodistas de investigación.

El Gobierno deber «esforzarse» para cumplir la reforma de pensiones

La visita coincide con el reciente visto bueno por parte de la Comisión Europea para el desembolso a España del tercer tramo del plan de Recuperación y Resiliencia, dotado con 6.000 millones de euros, al dar por cumplidos los hitos y reformas requeridos, por lo que el Estado deberá encarar ahora las medidas a las que está sujeto el cuarto pago, entre las que se incluye la reforma del sistema de pensiones.

Sobre esta reforma, Hohlmeier ha contado que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante la reunión de ayer se mostró confiado en que en meses venideros se resolverá este problema. «Este hito aún no está cumplido y eso significa que el Gobierno debe esforzarse a cumplirlo porque si no, se arriesga a las consecuencias», ha alertado Hohlmeier, quien, no obstante, no tiene la «sensación de que el Gobierno español se quiera quedar de brazos cruzados». «No hay perspectiva de cortarle ahora el grifo a España», ha zanjado.