'Caso Adif': la firma adjudicataria duplicó sus ingresos con Ábalos como ministro
En 2017 solo participaba en una obra ferroviaria adjudicada por Fomento. Cuatro años después, sumaba seis contratos de Adif valorados en 107,1 millones de euros
José Luis Ábalos durante el traspaso de la cartera ministerial. | Isabel Infantes (Europa Press)
Facturó 14,2 millones de euros en 2017. Y apenas dos años después, sus ventas se dispararon hasta los 27,9 millones de euros. Un crecimiento exponencial que empezó a notarse con fuerza desde la llegada del PSOE al Gobierno y del aterrizaje de José Luis Ábalos en el Ministerio de Fomento (actualmente Transportes), a mediados de 2018. La empresa supuestamente favorecida por las presuntas irregularidades en licitaciones públicas, por las que Adif había abierto una investigación interna, duplicó su facturación tras la llegada de Ábalos y con Isabel Pardo de Vera como presidenta del administrador ferroviario.
El grupo Obras Públicas y Regadíos (OPR), afincado en Toledo hasta que en 2020 trasladó su domicilio fiscal a Madrid, solo participaba en 2017 en una obra pública relacionada con los ferrocarriles adjudicada por Fomento. En concreto, el proyecto de construcción de la variante de la línea convencional Zamora-La Coruña. Una adjudicación de 3,6 millones de euros a la que accedió como parte de una Unión Temporal de Empresas (UTE), según las cuentas de 2017 de OPR depositadas en el Registro Mercantil y a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE a través de Insight View.
Cuatro años después, y aunque el grueso de su negocio siguen siendo las obras públicas en carreteras, OPR ya participaba en un total de seis proyectos públicos licitados por Adif. Casi todas ellas como parte de una UTE, con Ábalos en Transportes y con Pardo de Vera al frente del administrador ferroviario. Contratos que suman en total un valor primitivo de 107,1 millones de euros, según sus cuentas de 2021.
¿Sobrevaloración técnica?
La mayor de las adjudicaciones obtenidas en ese periodo, con un valor de 65,5 millones de euros (más IVA) y del que OPR percibirá el 30% hasta 2024, es una de las tres licitaciones públicas por las que Adif abrió una investigación interna para esclarecer presuntas irregularidades en favor de OPR. Se trata del proyecto para la construcción de una plataforma de la línea de Alta Velocidad Palencia-Aguilar de Campoo en el subtramo Amusco-Osorno, con cargo a los fondos Next Generation de la UE.
Ese contrato se firmó en julio de 2021, unos días antes de que se produjese la salida de Ábalos del Ministerio y de que Pardo de Vera fuese nombrada como nueva secretaria de Estado de Transportes. En las tres licitaciones que han sido objeto de la investigación interna de Adif, archivada solo dos días después de ser revelada por este diario tras cuatro meses de pesquisas, OPR sacó la mayor puntuación técnica a pesar de que sus ofertas no tienen fama precisamente de destacar por su calidad técnica.
La investigación interna trataba de esclarecer si el director general de Construcción y de Adif-Alta Velocidad, Juan Pablo Villanueva, dio instrucciones para cambiar al alza la valoración técnica efectuada sobre las ofertas de OPR en la licitación de tres expedientes: los accesos al puerto de Sagunto, el «ramal ferroviario del Bajo de la Cabezuela» y el subtramo Amusco-Osorno. En todos ellos consta la firma del director general de Construcción y Adif-Alta Velocidad, hombre de confianza de Pardo de Vera durante su etapa en el ente público. No obstante, el administrador ferroviario ha dado carpetazo «sin apreciar indicios de irregularidades».
Investigación de Adif
En la denuncia remitida al buzón ético de Adif, redactada por trabajadores y directivos del ente público con un seudónimo por temor a represalias, se aludía a un presunto modus operandi en favor de OPR entre 2019 y 2021. Las pesquisas provocaron que se interrogue al propio Villanueva y a dos técnicos a los que supuestamente habría dado órdenes para sobrevalorar la oferta técnica de esa empresa en la licitación del ramal ferroviario del Bajo de la Cabezuela (Cádiz).
Todos negaron «categóricamente» los hechos denunciados, según el ente público. Desde Adif señalan que el hecho de que esa compañía concurriera a los tres concursos como parte de una UTE hace «insostenible» la idea de que se hayan podido cometer irregularidades. No obstante, la comisión instructora de la investigación interna había encargado a dos ingenieros expertos en la materia, externos al ente público, la elaboración de un informe independiente.
El objetivo de esa pericial era el de valorar si se produjo una sobrevaloración en la puntuación técnica firmada por Villanueva, como señalan los denunciantes. Según ha podido saber este medio de fuentes conocedoras de la investigación, ese informe independiente había sido encargado a dos expertos de Ineco. En el comunicado de prensa remitido por Adif este viernes por la noche, no se hace alusión al resultado de esa pericial externa.
Además, en contra de las comprobaciones efectuadas por este diario, Adif asegura que la denuncia a buzón ético «no fue presentada por ningún empleado de la entidad, sino que el informante es una persona externa». «Tras el cierre de la investigación y la comprobación de que no existen indicios de actuaciones irregulares por parte de ninguno de los profesionales de Adif y Adif AV citados, las compañías y los empleados mencionados se reservan el derecho a iniciar las acciones legales oportunas para reparar posibles daños y perjuicios», añade en su comunicado el ente público.
Fuentes oficiales de la compañía recordaban a este diario que el carácter confidencial de las pesquisas no permitía a Adif dar detalles al respecto de qué actuaciones se habían practicado. No obstante, los documentos a los que ha tenido acceso este diario confirmaban que Adif estaba investigando los hechos «de manera detallada» y que, ante la complejidad de los hechos denunciados, se habían ampliado los plazos de las pesquisas. Dos días después de que THE OBJECTIVE hiciese pública la investigación, se ha dado carpetazo sin dar a conocer si la pericial externa avaló o desacreditó las valoraciones técnicas de las licitaciones que eran objeto de las pesquisas.
