Indignación en las grandes empresas por la 'cacería' del Gobierno a Ferrovial

Si es que a Pedro Sánchez y a su Gobierno le quedaba una mínima esperanza de recomponer relaciones con las grandes empresas del Ibex 35, esta semana se ha roto definitivamente cualquier posibilidad de colaboración con los gigantes del selectivo español. Fuentes de algunas de estas compañías consultadas por THE OBJECTIVE coinciden en señalar su indignación por la «cacería» que el Ejecutivo ha emprendido contra Ferrovial, tras anunciar que trasladará su sede social a Países Bajos. Unos ataques que sienten como propios y que -valoran- son la prueba definitiva de la deriva intervencionista de la coalición PSOE-Unidas Podemos.

Estas mismas fuentes advierten de que la figura que más ha salido tocada de toda la polémica ha sido la de la vicepresidenta primera de Gobierno, Nadia Calviño, que hasta ahora se había mantenido al margen de los ataques a las empresas realizados por el presidente Sánchez y los ministros de Podemos.

Es verdad que la ministra de Asuntos Económicos ha ido perdiendo a pasos agigantados su credibilidad ante el mundo empresarial en los últimos dos años, pero también es cierto que hasta ahora era una de las pocas figuras que se consideraba más pro-empresa dentro el Gobierno y como un dique de contención ante las intenciones estatizadoras de la facción morada del Ejecutivo. Una reacción de este tipo de Pedro Sánchez -como efectivamente se produjo- entra dentro de lo esperado, pero ha sorprendido la dureza de la respuesta de Calviño.

Arremetida de Calviño

En este sentido, no se entiende su sobrerreacción y las formas en que ha encajado el anuncio de la marcha a Países Bajos Después de filtrar a la prensa la «regañina» que hizo al empresario, Calviño ha dicho que Ferrovial le «debe todo a España” y ha cuestionado las razones de su decisión. Ha llegado a insinuar que este movimiento está siendo analizado por la CNMV -algo normal en este tipo de aciones-, y luego ha deslizado que estamos ante una decisión que solo se justifica porque Del Pino quiere pagar menos impuestos a título personal.

Han sido tres días en los que Calviño (y todo el Gobierno) no ha reconocido ninguna responsabilidad por generar un clima hostil a la inversión, pero ha liderado la criminalización constante a Ferrovial por tomar una decisión empresarial, con la que se puede estar a favor o en contra, pero que cumple escrupulosamente con la legislación española y europea. La vicepresidenta y su equipo se han encargado de enfangar este movimiento cuestionando constantemente sus razones empresariales, dicen.

La última parte -hasta ahora- de estos ataques se ha conocido este viernes con la publicación de los contratos que ha recibido Ferrovial de parte del sector público y deslizando que la empresa no paga el impuesto de sociedades desde 2020. Es decir, se ha criminalizado a la compañía durante días con todos los resortes políticos y mediáticos de los que dispone Moncloa y el Gobierno español.

Defensa de Ferrovial

Estas fuentes indican que todos estos ataques se realizan precisamente para evitar que se produzcan nuevas salidas y presionar ya las empresas que quisieran seguir este camino. Un efecto disuasorio que se suma a las llamadas que ha venido realizando el Ejecutivo a grandes compañías españolas, como desveló este diario. Calviño, su gabinete y Moncloa quieren asegurarse se que nadie más ser atreva a dar un paso como el de Ferrovial y para ello les han puesto en la picota pública alimentando un relato que convierte en ideológica una decisión meramente fiscal.

También reconocen que estamos ante -quizás- el más duro ataque a la empresa española. Solamente se ha cargado contra Ferrovial, pero en el trasfondo de todo el debate está la manera en la que el Gobierno se relaciona con las grandes empresas y en su intención de querer controlar desde la esfera pública todos sus movimientos. Un paso más en el clima antiempresa que el Ejecutivo en su conjunto lleva meses creando y una «demonización» que sale a la palestra cada vez que algún ministro no está de acuerdo con una decisión empresarial.

Además coinciden con las palabras de Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, aunque lamentan que no hayan tenido tanta repercusión mediática sepultadas por la avalancha del Gobierno. «Pediría un respeto. Hay que empezar a no demonizar a las empresas españolas ni a los empresarios de este país«, dijo el líder de la principal patronal. Y agregó que «últimamente se está generando un clima antiempresa que es nefasto para este país», por lo que urgió a orientar las cosas «de otra manera» y a no «señalar con el dedo» a quienes generan riqueza. «Si algo es necesario, es la palabra confianza».

Críticas a los empresarios

Entre las empresas se entiende que cualquier gran compañía que quiera hacer un movimiento similar, sufriría el mismo escarnio público que Ferrovial, algo que consideran intolerable porque atenta contra la libertad empresarial, el mercado único de la Unión Europea y la potestad que cada empresario tiene de intentar hacer lo que mejor considere para su compañía. Recuerdan que no se puede estar constantemente poniendo en el centro de las críticas a los empresarios. «Ahora es Del Pino, pero antes ha sido Juan Roig de Mercadona o Amancio Ortega de Inditex«, dicen a este diario.

Creen además que es el enésimo desplante de un Gobierno que al mismo tiempo que critica a los empresarios se dedica a empeorar las condiciones para la inversión y a aumentar la inseguridad jurídica. Pedro Sánchez lleva meses encabezando una cruzada poniendo en la diana al sector y culpándolo de enriquecerse con la crisis generada tras la guerra de Ucrania, la subida de los tipos y la escalada de la inflación. Su discurso público apunta a que el empeoramiento de las condiciones económicas de la población, no tiene que ver con la gestión del Gobierno, sino que con el «enriquecimiento» de los empresarios.

Impuesto a las grandes fortunas

Para dar continuidad a este relato se pusieron en marcha los impuestos a los beneficios extraordinarios a las eléctricas, a los bancos y a las grandes fortunas. Los dos primeros ya fueron recurridos por la patronal de banca, AEB, y por la de las energéticas, Aelec; y el tercero amenaza con generar una importante fuga de capitales privados de España a partir de este año. A este negativo sentimiento inversor tampoco ha ayudado el decreto antiopas del Gobierno que  se prorrogó hasta finales de 2024.

Con él, el Gobierno evita que cualquier extranjero pueda tomar posiciones relevantes en grandes compañías de sectores estratégicos si no cuenta con el plácet de Moncloa. Y tras su reacción en el Caso Ferrovial, queda claro que las empresas españolas tampoco se pueden ir de nuestro país sin su autorización política. Finalmente, también están las críticas por la gestión de los fondos europeos y de los Perte, donde grandes compañías del Ibex esperaban tener protagonismo, pero el dinero sigue sin llegar de manera al tejido empresarial.