El Gobierno amenaza a Ferrovial con impedir su fuga a Países Bajos con el 'decreto antiopas'
Teresa Ribera ha señalado que el Ejecutivo está estudiando actuar dentro del «marco de vigilancia con respecto a la inversión en sectores estratégicos»
El Gobierno mantiene su envite contra Ferrovial, que anunció recientemente que trasladaba su residencia fiscal a los Países Bajos. Tras conocerse la decisión de la empresa dirigida por Rafael del Pino, se han sucedido los ataques desde el Ejecutivo, incluidas unas declaraciones públicas del presidente, Pedro Sánchez, en las que acusaba a la compañía de ir contra el interés nacional al denunciar que «la patria no es solo hacer patrimonio, es ayudar a tu país». Pues bien, lejos de rebajarse la presión, desde Moncloa continúan maniobrando para tratar de revocar la decisión de la firma, y se plantean ahora aplicar el conocido como ‘escudo antiopas’.
Así lo ha deslizado este lunes la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, en una entrevista en Cadena Ser, donde ha señalado que el Gobierno está estudiando la opción de actuar dentro del «marco de vigilancia con respecto a la inversión en sectores estratégicos». En concreto, Ribera ha explicado que analizarán si «se requiere una autorización explícita por parte del Consejo de Ministros o si la decisión se puede tomar sin ningún problema y trasladarse a otro país comunitario».
Sin embargo, parece harto difícil que el Gobierno pueda aplicar el ‘escudo antiopas’ a este caso, pues el decreto veta la entrada de inversiones y no la salida de empresas. El Ejecutivo introdujo este instrumento durante la pandemia para controlar en un contexto de fuertes caídas en Bolsa el ingreso de capital extranjero de países comunitarios en compañías estratégicas de nuestro país, y decidió en diciembre del año pasado extenderlo hasta 2024, a pesar de las reticencias de los inversores y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Esta medida deja en manos del Gobierno la autorización de las inversiones extranjeras en empresas estratégicas cotizadas en las que se pretenda superar el 10% del capital, así como en aquellas no cotizadas en las que la inversión supere los 500 millones de euros. El mencionado ‘escudo’ ya dejó en manos del Ejecutivo la autorización previa a operaciones como la compra de Euskaltel por MásMóvil o la OPA de IFM a Naturgy, cuya autorización fue condicionada, entre otras.
En línea con Teresa Ribera, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha puesto en duda los motivos esgrimidos por Ferrovial para mudarse, criticando que «no se sostienen». En una entrevista en declaraciones a RNE, la ministra de Economía señala que «la información disponible hasta el momento y los análisis técnicos arrojan serias dudas sobre la sustancia de los argumentos [de Ferrovial]».
Calviño ha recordado que la CNMV está analizando los motivos que ha argumentado la empresa para marcharse a Países Bajos, entre ellos el de ubicarse allí para poder saltar a cotizar en Estados Unidos. «Los análisis técnicos de la CNMV no parecen dar sustancia a estos argumentos y por eso prima la impresión de una falta de compromiso con su país«, ha precisado la ministra, que ha vuelto a insistir en la línea argumental del Ejecutivo, denunciando que la decisión demuestra «una falta total de compromiso» con España.
Intervención del Gobierno por «el interés general»
Así, la vicepresidenta ha puesto sobre la mesa una posible acción del Gobierno para impedir su fuga. «Los gobiernos tienen una función y una acción, que tiene que ser la de defender el interés general, y a lo largo de las últimas décadas se ha defendido el interés de las grandes multinacionales españolas, que han crecido con el apoyo de los contribuyentes españoles de los Gobiernos españoles, dentro y fuera de España».
Preguntada por si el objetivo del traslado de Ferrovial es pagar menos impuestos, Calviño ha indicado que no quiere «especular» al respecto y ha insistido en que ahora mismo se está en una fase de análisis y evaluación de los argumentos y de las implicaciones de esta decisión. «Por ejemplo, se ha hablado de la ‘AAA’ de Holanda, pero podrían haberse ido a Alemania si estuvieran buscando la triple A. Esto es muy relevante para sectores como el financiero, pero mucho menos para un sector como el de las infraestructuras. A eso me refiero con que el análisis técnico arroja serias dudas sobre los argumentos», ha zanjado.
Otra de las dudas que sobrevuelan tras la operación es el mantenimiento del empleo. A este respecto, Calviño ha recordado que las medidas que se pusieron en marcha para responder a la pandemia (prestaciones para autónomos, avales públicos del ICO y los expedientes de regulación temporal de empleo) «se orientaron claramente al mantenimiento del empleo en España».