Así sortean las energéticas los controles medioambientales de las comunidades
Las eléctricas potencian ahora sus proyectos a 50 megavatios para que sea el Ministerio el que tramite sus proyectos con declaraciones ambientales laxas
Un paisaje de molinos de viento. | Europa Press
El mensaje que trata de lanzar Europa es claro: hay que acelerar las energías renovables. Y esto se tradujo en la aprobación de un reglamento del Consejo Europeo que permite lograr dicho objetivo. En España, días antes se aprobó un real decreto que agilizaba la construcción de placas solares y aerogeneradores. De este visto bueno se encarga el Gobierno, pero esta medida solo se aplica, según las fuentes a las que ha tenido acceso este periódico, a aquellos proyectos eólicos o solares que superen una potencia de 50 megavatios (De 49,9 para abajo es competencia autonómica). Una realidad que ha empujado a muchas eléctricas a aumentar la potencia de sus proyectos para sortear los controles de las comunidades autónomas y conseguir luz verde a través del Ejecutivo.
Este es un escenario que preocupa a los medios rurales y que ha llegado al Congreso de los Diputados. Así, el próximo miércoles, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, tendrá que responder a las preguntas del diputado del Bloque Nacionalista Gallego (BNG), Néstor Rego, sobre si el Ministerio «respetará las competencias de la Xunta de Galicia descartando la autorización de los 65 proyectos de parques eólicos informados negativamente«. Existe la posibilidad, como así lo asegura el diputado a este medio, de que pueda ser aprobado por el Gobierno si estos deciden aumentar la potencia del proyecto ya que los informes medioambientales no cuentan con gran rigurosidad.
El Real Decreto-ley 20/2022 ha generado mucha controversia por la aparente ‘barra libre’ que da a las instalaciones solares y eólicas. En concreto se tratarán el próximo miércoles los artículos 22 y 23. El primero es sobre la determinación de afección ambiental para proyectos de energía renovable y el segundo acerca de los procedimientos simplificados de autorización de estos mismos proyectos.
«Los dos artículos eliminan todo tipo de garantías ambientales y de participación social. Se elimina la declaración de impacto medioambiental y la posibilidad de presentar alegaciones. Esto es muy grave. Muchos proyectos que tenían menos de 50 megavatios de potencia y que los tramitaba la Xunta de Galicia ahora se están reformulando, aumentando uno o dos molinos, y así superar los 50 megavatios para que se tramiten por el Ministerio. Porque con su normativa las empresas no tienen que pasar por ninguna declaración de impacto medioambiental -de hecho lo hacen ellas-, tampoco por exposición pública o por alegaciones», apuntan desde Galicia.
En Aragón, en cambio, las eléctricas han cambiado de estrategia. Según comentan fuentes de Teruel Existe, «las energéticas, en aquellos territorios menos garantistas con el medioambiente, lo que hacían era fragmentar la potencia de los proyectos renovables porque la aprobación era más laxa por parte, en este caso, del Gobierno de Aragón que por el Ministerio. Y dividían la potencia en varios proyectos de 49,9 megavatios. Ahora presentarán proyectos de 51 megavatios en lugar de 49 megavatios o dejarán directamente de fragmentar».
«El Ministerio hasta finales de 2022 estaba siendo bastante garantista, pero se ha saltado ya límites inauditos. La Unión Europea en su planteamiento de acelerar las renovables por la guerra en Ucrania, saltándose al Parlamento Europeo, ha hecho un proceso muy agresivo, y plantea abrir un proceso exprés de tramitación, pero los estados deben marcar las zonas idóneas para ello y tienen que hacer un estudio de impacto ambiental estratégico. Europa solo permite esta tramitación en algunas zonas, pero España no lo está cumpliendo», afirman desde Aragón.
Quejas del empresariado español
Hace unos días, el empresariado español, a través de algunas compañías o sus bufetes de abogados, se quejaban de que las comunidades autónomas no estaban tramitando los proyectos. «Estamos en un escenario de emergencia y esto se trata de implantar renovables lo antes posible». Es la frase que quieren hacer llegar desde el sector privado a las diferentes administraciones de todo el territorio.
El reglamento europeo da tres meses para que se instalen equipos de energía solar y de autoconsumo (se incluye un silencio administrativo transcurrido un mes desde la solicitud y solo para instalaciones de 50 Kw o inferiores), seis meses para la repotenciación de instalaciones, que se reduce a tres meses cuando no se incremente la potencia en más de un 15% y solo un mes para la tramitación de bombas de calor con capacidad eléctrica inferior a 50 Mw.
Desde la firma de energía internacional Watson Farley & Williams aseguran que «en muchas declaraciones de impacto ambiental recientes -e incluso algunas que se están tramitando ahora- las administraciones se están amparando en el principio de precaución (que tumba una autorización de un proyecto si no hay evidencia científica clara de los impactos que puede producir)».
