Bruselas propone una reforma del mercado eléctrico alejada de las pretensiones de España
El plan, que podría ser visto como una propuesta de mínimos que busca el máximo consenso posible, se alinea con la visión de los nórdicos y Alemania
Torres de alta tensión. | Europa Press
La esperada reforma del mercado eléctrico europeo ha sido desvelada por fin por Bruselas. La Comisión Europea ha propuesto este martes una reforma del mercado eléctrico centrada en incentivar los contratos a largo plazo. El plan, que podría ser visto como una propuesta de mínimos que busca suscitar el máximo consenso posible, está muy lejos de los proponer la transformación del sistema eléctrico comunitario que reclamaban España y Francia, alineándose con una visión más enfocada a pequeños retoques, como prefieren Alemania, Holanda o los países nórdicos.
Entre las prinicipales novedades del plan, destaca la exigencia del uso de contratos bidireccionales por diferencia para nuevas inversiones en generación con bajas emisiones de carbono que requieran financiación pública, con el fin de estabilizar los precios de la electricidad y frenar los ingresos excesivos de los productores de energía. Este tipo de contratos se dan entre un generador de electricidad y una entidad pública, normalmente el Estado, y estipulan que el vendedor pagará al comprador la diferencia en el precio de la energía desde el momento de la compra a la firma del contrato, por lo que supone una limitación para el generador, que recibe unos ingresos estables por la electricidad que produce.
La reforma, que tiene que ser todavía negociada y aprobada tanto por los Gobiernos como por la Eurocámara, pretende impulsar la liquidez de los mercados de contratos a largo plazo que fijan precios futuros y que permitirá a más proveedores y consumidores protegerse de precios excesivamente volátiles durante periodos más largos, mientras que las fuentes que se incluyen en estas nuevas inversiones son la eólica, la solar, la geotérmica, la hidroeléctrica y la nuclear.
Las medidas que incluye la propuesta de Bruselas van encaminadas a que las facturas de electricidad dependan menos de los precios de los combustibles fósiles al establecer un «amortiguador» entre los mercados a corto plazo y las facturas de electricidad que pagan los consumidores.
La propuesta también busca proteger a los consumidores de la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, darles mayores posibilidades de elección de contratos y un acceso más directo a las energías renovables, además de incentivar las inversiones en energías renovables facilitando el acceso de los promotores a contratos a más largo plazo, que incluyen tanto contratos por diferencia apoyados por el Estado, como acuerdos de compra de energía en el ámbito privado.
Para tal fin, Bruselas propone exigir a los Estados miembro que garanticen que los instrumentos para reducir los riesgos financieros asociados al incumplimiento por parte del comprador de sus obligaciones de pago a largo plazo en el marco de los acuerdos de compra de electricidad sean accesibles a las empresas que se enfrentan a barreras de entrada en el mercado de los acuerdos de compra de energía y no atraviesan dificultades financieras.
Fomento de energías renovables
Asimismo, la reforma introduce la obligación de que los Estados miembros ofrezcan ayudas públicas para nuevas inversiones en generación de electricidad con bajas emisiones de carbono y que no utilice combustibles fósiles, en forma de contratos bidireccionales por diferencia. El objetivo es proporcionar condiciones de inversión seguras y estables para los promotores de energías renovables y de baja emisión de carbono, al tiempo que se reducen el riesgo y los costes de capital y se evitan los beneficios imprevistos en periodos de precios altos.
Además, estos instrumentos también serán clave para fomentar la estabilidad y la previsibilidad de los costes de la energía en toda la UE, lo que es crucial para mejorar la competitividad de la industria europea. Por último, la reforma propuesta reforzará la capacidad de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) y de las autoridades nacionales de reglamentación de la energía para supervisar la integridad y transparencia del mercado mayorista de la energía a fin de garantizar que los mercados se comporten de forma competitiva y que los precios se fijen de manera transparente.
