El Gobierno mueve ficha 'in extremis' para frenar la marcha de Ferrovial a Países Bajos
El Ejecutivo busca influir en los accionistas después de llegar a la conclusión de que no tiene ninguna herramienta legal para frenar la operación
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante su intervención en el congreso de la Lengua Española. | Francisco J. Olmo (Europa Press)
El Gobierno español quema sus últimas naves y redobla la presión para intentar frenar el cambio de sede social de Ferrovial a Países Bajos, anunciado en medio de gran polémica a comienzos de este mes. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE indican que desde Moncloa y el Ministerio de Asuntos Económicos se hacen las últimas gestiones con diferentes organismos y con accionistas de la compañía para intentar revertir una situación que se debe votar oficialmente el próximo 13 de abril, en la Junta General de Accionistas de la compañía de infraestructuras.
En cualquier caso, estamos hablando de presiones que apelan a una reconsideración «pacífica» de la decisión por parte de la cúpula de Ferrovial o de sus accionistas y que están al margen de cualquier acción institucional, como se insinuó hace un mes cuando estalló el debate jaleado por los miembros del Ejecutivo. De esta manera, el Gobierno ha agotado todas las vías -y así se señala en privado en los diferentes ministerios- y ha confirmado que no dispone de ninguna herramienta legal, ni administrativa, ni fiscal, para detener la operación de Ferrovial.
Se trata, por tanto, de una nueva ofensiva con pocas o casi nulas posibilidades de éxito, según las fuentes consultadas. Pese a ello, la campaña final del Gobierno comenzó hace una semana cuando la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, indicó que el Ejecutivo estaba trabajando activamente con los supervisores de los mercados financieros para impulsar los cambios que pudieran ayudar a evitar la salida de Ferrovial de España. Calviño no solo dejó claro que no tira la toalla sino que además hacía gestiones formales para frenar la decisión.
CNMV y BME
«Si hubiera cualquier aspecto en el que el Gobierno pueda ayudar a que esa decisión no se materialice, seguiremos trabajando mano a mano con el resto de las instituciones en el ámbito financiero y, por supuesto, con la empresa, como con todas las empresas españolas, para fomentar e impulsar que pueda acceder a las mejor fuente de financiación en nuestro país», dijo Nadia Calviño hace seis días.
La arremetida del Gobierno encontró apoyo esta semana en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y en Bolsas y Mercados Españoles (BME), la sociedad dueña de la Bolsa de Madrid, que recordaron esta semana que «no hay ningún impedimento» para que Ferrovial cotice en Estados Unidos desde España. «Hemos analizado el aspecto regulatorio y no hemos encontrado nada que lo impida. El asunto es que hasta ahora no lo ha intentado ninguna«, dijo la CNMC a lo que BME agregó que «no hay obstáculo para cotizar en Nueva York y así se lo hemos trasladado a Ferrovial».
Finalmente, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes, Calviño volvió a pasar al ataque y con algo más de agresividad que en días anteriores volvió a recordar que no existe ningún impedimento para que las empresas coticen en el mercado estadounidense. «Tanto la CNMV como BME han realizado un análisis en profundidad», dijo.
Posición de los accionistas
En todo este debate Ferrovial sostiene que las acciones de una sociedad española cotizada en España solamente pueden negociarse en los Estados Unidos a través de ADR, un instrumento indirecto de cotización y que no da todos los derechos. En cualquier caso, e independientemente del debate técnico, el Gobierno ha emprendido su ofensiva final intentando desmontar de cara a la opinión púbica las trabas técnicas argumentadas por la empresa de infraestructuras, a sabiendas de que legalmente no tiene forma de impedir su salida hacia Países Bajos.
Pero no es el único movimiento que está realizando el Gobierno. Las fuentes consultadas por este diario indican que en los últimos días se han multiplicado los contactos con reguladores -para que ejerzan presión sobre Ferrovial– y con accionistas -para que voten en contra del proyecto-, intentando revertir la decisión a pocos días de que se decida. Contactos que, sin embargo indican estas mismas fuentes, no tienen demasiado recorrido y no podrán influir en una decisión que está tomada y que cuenta con el consenso de la mayoría del capital.
Entre los reguladores no se ha encontrado ningún resquicio legal o administrativo que pueda frenar la operación. Del mismo modo, desde el Ministerio de Comercio e Industria se ha descartado cualquier tipo de movimiento que se pueda hacer a través del decreto antiopas, como llegó a señalar la vicepresidenta Teresa Ribera hace unas semanas. Estamos hablando de una herramienta que puede frenar la llegada de inversores extranjeros en empresas españolas, pero nada puede hacer con la salida de compañías españolas al exterior.
Apoyos al traslado de Ferrovial
Del lado de los accionistas, en los últimos días se ha publicado que hay algunos disidentes que incluso podrían votar en contra de la operación que culminará con el traslado de Ferrovial a Países Bajos, pero lo cierto que -en el caso de que se produzca, algo que dudan algunos accionistas mayoritarios- sólo afectaría a una pequeña parte del capital y en ningún caso estaría en riesgo la aprobación por la Junta General de Accionistas del 13 de abril.
De hecho, accionistas de la empresa preguntados por este diario han mostrado su confianza en que todo saldrá según lo previsto y que tienen la certeza de que el Gobierno tiene pocas posibilidades de frenar la operación. De momento, Rafael del Pino y su hermana María se han mostrado a favor, con el 28% de las acciones, y el fondo TCI también se ha mostrado favorable con un 7% del capital. Ha trascendido de manera extraoficial que Leopoldo del Pino votaría en contra, aunque sólo tiene un 4,1% de las acciones.
Por otro lado, en un análisis eminentemente técnico, el proxy ISS -el principal asesor de gobierno corporativo de los grandes inversores internacionales- ha apoyado el traslado de Ferrovial y ha recomendado votar a favor del proyecto, aunque ha alertado de efectos negativos para los accionistas minoritarios. Una opinión que está en la línea del otro proxy, Glass Lewis, que también pidió el voto a favor del movimiento a comienzos de esta semana.
