Bruselas realizará una investigación exhaustiva de la fusión entre Orange y MásMóvil
En esta nueva etapa de análisis las autoridades comunitarias podrían exigir condiciones a la operación como la venta o cesión de activos
Margrethe Vestager, vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Competencia. | Agencias.
La Comisión Europea ha decidido finalmente llevar la fusión de Orange y MásMóvil en España a fase 2, lo que supone un análisis exhaustivo y en profundidad del expediente que se extenderá al menos otros seis meses más y que llevará la respuesta final de la UE al menos hasta el tercer trimestre de este año. La decisión la ha comunicado Bruselas este lunes después de agotar el plazo que se impuso para responder a la operación presentada el pasado 14 de febrero, argumentando la complejidad y el tamaño de una integración valorada en 18.600 millones de euros. A la Comisión le preocupa que la operación pueda reducir la competencia en la prestación minorista de servicios de banda ancha móvil y fija y en la oferta de paquetes de servicios múltiples en España.
Según Bruselas, la operación disminuiría el número de operadores de red en España, eliminando así un competidor innovador y significativo. Esto podría dar lugar a precios más elevados y a una menor calidad de los servicios de telecomunicaciones para los clientes. «Como resultado de la operación, Orange y MásMóvil tendrían la capacidad y el incentivo para restringir el acceso de los operadores virtuales a la red móvil al por mayor y a los servicios mayoristas de acceso a la red fija. Esto podría reducir la capacidad de estos operadores para competir, lo que a su vez puede traducirse en precios más elevados y una menor calidad de los servicios para los clientes finales en España».
Por otro lado, llegar a la fase 2 en lenguaje comunitario supone que es muy probable -aunque no obligatorio- que se imponga la venta de activos a las dos compañías para evitar una concentración en el mercado de las telecomunicaciones español. Los temidos remedies que, en el caso de ser muy duros, podrían poner en peligro la operación si es que hacen inviable la rentabilidad de la misma. Es así como ahora se abre un proceso paralelo en el que Orange y MásMóvil deberán tener identificados cuáles pueden ser los potenciales activos de los que pueden desprenderse y sus eventuales compradores.
Orange y MásMóvil presentaron formalmente el expediente de fusión, después de casi cuatro meses de pre-notificación en Bruselas, donde se cerraron los últimos flecos y se respondieron las dudas de la Comisión Europea. La propia UE se puso como fecha límite para responder el 20 de marzo, un plazo que alargó hasta el 3 de abril tras la petición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de asumir la gestión del expediente.
Activos de Orange y MásMóvil
De esta manera, Bruselas debía decidir este lunes si aprobaba la operación en fase 1, es decir sin remedies ni mayores condicionantes, o si iba a fase 2, opción por la que finalmente se ha decantado. Una posibilidad que, sin embargo, ya estaba asumida por la propia Orange que apuntó a esta decisión en varias comparecencias públicas realizadas durante el último mes, tanto en Madrid como en París. De hecho, la CEO mundial de la operadora francesa, Christel Heydemann, ya había dado por válida esta opción a mediados de febrero durante la presentación de su nuevo Plan Estratégico.
Es así como ahora toca analizar las formas en las que se aprobará la integración y -como cree todo el mercado- definir que condiciones se impondrán para sacarla adelante. Este diario ya publicó que Bruselas maneja tres escenarios para imponer a las operadoras determinadas condiciones para evitar que se atente contra la competencia del mercado, condiciones que van desde la venta de activos o la cesión de redes a precios bajos hasta la venta de marcas y bases de clientes.
La primera opción consiste en la venta forzosa de activos si es que se considera que existe duplicidad de redes entre las dos compañías y si esto afecta a la competencia, los denominados remedies de infraestructura. La segunda alternativa se refiere al establecimiento de condiciones que permitan que los competidores de Orange y MásMóvil tengan un acceso no discriminatorio a su red; y la tercera opción es la venta completa de marcas y de sus respectivas carteras de clientes si es que se considera que hay una concentración de las mismas en un solo propietario.
Nueva etapa del proceso
Formalmente, las dos operadoras consideran que no serían necesarios estos remedies porque la integración no alteraría la competencia salvaguardada por un puñado de telecos en España que seguirán manteniendo la tensión competitiva. Creen además que se generará una compañía con fuerza y músculo para tener una mayor capacidad inversora, acorde con los nuevos desafíos del mercado digital. Ello, pese a que la joint venture generará la mayor compañía por número de clientes móviles y de banda ancha fija, pero no la de mayor facturación.
Sin embargo, pocos creen que no se impondrán estos remedies. En este escenario la lucha estaría en lograr que las condiciones que imponga Bruselas sean lo suficientemente reducidas como para no tumbar la fusión ni para engordar a este temido cuarto operador, lo que terminaría dando la puntilla al delicado equilibrio que las grandes operadoras tienen en estos momentos. Históricamente estos remedies se han vendido a un precio muy por debajo del mercado, lo que favorece a operadoras más pequeñas que se hacen más fuertes a base de adquirir estos activos.
Es por ello que ahora toca poner en marcha un sigiloso proceso en el que se deben identificar los activos que potencialmente pueden estar duplicados entre las dos compañías y que podrían generar una distorsión en el mercado, además de identificar eventuales compradores que puedan acceder a ellos. De esta manera, se allanaría el camino a las futuras indagaciones que tenga que realizar la Comisión Europea, que incluso podría llegar a pedir a Orange y MásMóvil una propuesta formal de venta de activos.
