El Gobierno fracasa con los créditos ICO de la guerra: solo se ha concedido el 8%
En 2022 las empresas y los autónomos hacen uso de avales públicos por menos de 800 millones y logran una financiación por 1.000 millones
Cartel del ICO en su sede. | Europa Press
El Gobierno ha fracasado en una de sus medidas estrella, aprobadas hace un año, para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. El Ejecutivo lanzó entonces un plan en el que incluía la puesta en marcha de nuevas de crédito avaladas por el Estado a través del ICO por un importe de 10.000 millones. Esta partida era la más elevada en cuantía de todo el paquete de iniciativas que autorizó el Consejo de Ministros.
Desde entonces, las empresas y los autónomos solo han consumido el 8% de dicha cantidad. Según los datos del ICO recabados por THE OBJECTIVE, gracias a la línea se pudieron movilizar algo más de 1.000 millones en 2022, por lo que el volumen de las garantías públicas otorgadas se limita a menos de 800 millones.
De acuerdo con los indicadores de actividad del organismo de financiación estatal, durante el pasado año esta disposición de dinero aglutinó en conjunto 5.046 operaciones, por lo que la media de los fondos conseguidos por sus beneficiarios ascendió a unos 200.000 euros.
En la actualidad, se encuentra abierto un montante de avales por un importe máximo de 5.000 millones, de los que 3.500 millones están dirigidos a autónomos y pymes que han estado afectados por las consecuencias de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, mientras que los otros 1.500 millones los pueden solicitar compañías de mayor tamaño.
Garantías del ICO disponibles hasta diciembre de este año
En un principio, la línea de garantías del ICO por la guerra se iba a cerrar a finales de diciembre del pasado ejercicio, pero el Gobierno ante la escasa demanda decidió ampliar once meses el periodo de vigencia de esta financiación en noviembre con el objetivo de ayudar a los negocios en un momento de elevada inflación y aumento generalizado de los costes.
Debido a la intensidad de los efectos económicos, la utilización de estos créditos ha ido en aumento acelerado a pesar del baja acogida en sus inicios y a nivel global. En octubre, el Ejecutivo reconocía que únicamente se habían gastado 31 millones de los 10.000 millones de avales, por lo que en los últimos meses de 2022 el uso de esta medida de apoyo ha crecido sustancialmente.
La demanda de estos nuevos avales no está siendo la esperada, debido a que las empresas no quieren endeudarse más y muchas de ellas disponen aún de la liquidez obtenida con los créditos ICO de la pandemia. Las compañías, especialmente las pymes, y los autónomos lo que reclaman son otro tipo de ayudas más directas y rebajas en los impuestos. Dos peticiones que están siendo desoídas por el Gobierno, que está incrementando carga tributaria al tejido empresarial.
Hay que tener en cuenta que en 2020, tras el estallido del coronavirus, la banca movilizó casi 140.000 millones de préstamos con garantía del Estado. Unos préstamos que, debido a las circunstancias de incertidumbre económica actual, pueden suponer pérdidas mayores a las estimadas. Por el momento, no están conllevando un agujero relevante y las entidades confían en que no habrá muchos problemas de pago, aunque ya están visualizando problemas de insolvencia.
El Banco de España ha certificado que algo más de la mitad de los préstamos (56%) se ha acogido a algún tipo de alivio para devolver las cuantías recibidas tras la Covid. Si bien la morosidad, gracias a estas ventajas, está contenida y de media no sobrepasa el 6%. De esta manera, las pérdidas que tendría que asumir el Estado por los créditos con retrasos alcanzan 6.000 millones.
El aval público máximo que pueden obtener los beneficiarios de estos préstamos tras la guerra es de un 80% y el periodo de carencia que se puede disfrutar por esta financiación es de 12 meses. Los bancos tendrán que mantener abiertas las líneas de circulantes para aquellas empresas que obtengan un crédito del ICO por la invasión de Ucrania.
Por contra, las empresas que soliciten esta ayuda no podrán repartirá dividendos, siempre y cuando el aval percibido sea superior a los 50 millones de euros. Esta condición estará vigente durante la vida de la operación. Es decir, que si la financiación con respaldo del Estado tiene un vencimiento de diez años, que es el máximo establecido, los accionistas de las firmas beneficiarias no podrán recoger beneficios.
