El Gobierno prohíbe dar dividendos a empresas con créditos ICO superiores a 50 millones
Las compañías afectadas por la guerra de Ucrania podrán solicitar préstamos con garantía del Estado hasta el 1 de diciembre de 2023 tras los cambios establecidos
Sede del Instituto de Crédito Oficial (ICO). | Europa Press
El Gobierno ha prohibido el reparto de dividendos a las empresas que soliciten los créditos avalados por ICO, lanzados tras la guerra de Ucrania. La limitación, que acaba de imponer el Ejecutivo, afectará a aquellas compañías que reclamen préstamos con importe superior a los 50 millones de euros. Y estará vigente durante la vida de la operación. Es decir, que si la financiación con respaldo del Estado tiene un vencimiento de diez años, que es el máximo establecido, los accionistas de las firmas beneficiarias no podrán recoger beneficios.
Este veto supone, según fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, un nuevo freno para que la línea de avales puesta en marcha por el Ejecutivo el pasado junio arranque de una vez por todas. A mediados de octubre, Moncloa reconocía que solo se habían consumido 31 millones de euros de los 10.000 que comprendía el plan de estas ayudas para los autónomos, pymes y grandes empresas afectadas por las consecuencias del conflicto bélico.
Tras este fracaso, el Gobierno ha decidido ampliar el periodo para poder solicitar estos préstamos del ICO hasta el 1 de diciembre de 2023, una vez que se ha actualizado el marco de ayudas temporales en el seno de la Unión Europea. El decreto aprobado la semana pasada y publicado en el Boletín Oficial del Estado el sábado, explica que la limitación se justifica por «el elevado importe» de dichas operaciones que, además, deben contar con la aprobación expresa del instituto público, además del informe favorable del banco que concede la financiación.
Hasta 150 millones con garantía del ICO
Los créditos avalados de menos de 50 millones solo tienen que ser autorizados por las entidad y no requieren de un análisis y visto bueno complementario del ICO, tal y como sucedió con el programa de garantías de la pandemia. El importe máximo que puede reclamar una empresa asciende a 150 millones, con el fin de que el dinero este repartido y pueda llegar, principalmente a los pequeñas compañías y a los autónomos.
Esta cifra, según el decreto que tiene que ser validado expresamente por la Comisión Europea, equivale al 10% del tramo a grandes corporaciones, «evitándose de este modo que las más grandes, que por su naturaleza cuentan con elevados volúmenes de negocio anuales, puedan agotar el importe máximo».
Con el mismo objetivo y gracias al margen que tiene por la baja utilización de la línea, el Ejecutivo ha modificado la distribución del primer tramo de 5.000 millones que se puso en marcha a principios del verano. Tras los cambios, 3.500 millones estarán disponibles para autónomos y pymes, y los restante 1.500 millones para las firmas de mayor tamaño.
La línea de 10.000 millones forma parte del plan de medidas extraordinarias que diseñó el Gobierno en marzo, tras la invasión de Ucrania, y es su principal partida. El resto de iniciativas, entre ellas las referidas a la subvención de los carburantes, están valoradas en otros 25.000 millones, según las estimaciones realizadas por el propio Ejecutivo.
La demanda de estos nuevos avales no está siendo la esperada, debido a que las empresas no quieren endeudarse más y muchas de ellas disponen aún de la liquidez obtenida con los créditos ICO de la pandemia. Las compañías lo que reclaman en la actualidad son otro tipo de ayudas más directas y rebajas en los impuesto. Dos peticiones que están siendo desoídas por el Gobierno, que está incrementando carga tributaria al tejido empresarial.
Hay que tener en cuenta que en 2020, tras el estallido del coronavirus, la banca movilizó un total de 140.000 millones de préstamos con garantía del Estado. Unos préstamos que, debido a las circunstancias de incertidumbre económica actual, pueden suponer pérdidas mayores a las estimadas. Por el momento, no están conllevando un agujero relevante y las entidades confían en que no habrá muchos problemas de pago.
Con el bajo uso de la línea de financiación avalada, la principal medida impulsada por el Gobierno en términos monetarios para intentar compensar las consecuencias negativas de la guerra ha quedado en agua de borrajas. Y todo apunta, según las fuentes financieras, que no mejorará sustancialmente en el próximo ejercicio porque las compañías no tienen interés en estos créditos.
El aval público máximo que pueden obtener los beneficiarios de estos préstamos es de un 80% y el periodo de carencia que se puede disfrutar por esta financiación es de 12 meses. Además, los bancos tendrán que mantener abiertas las líneas de circulantes para aquellas empresas que obtengan un crédito del ICO por la invasión de Ucrania.
