La gran industria critica la «persecución» de Hacienda con el impuesto de gases fluorados

El Ministerio de Hacienda, a través de la Agencia Tributaria (AEAT), reforzará este año la inspección de la nueva normativa de gases fluorados que desde el pasado mes de septiembre endurece la tenencia de estos fluidos. Según consta en el Plan General de Control Tributario publicado hace poco más de un mes, la supervisión de este impuesto será prácticamente el único foco del Gobierno en cuanto a los tributos medioambientales, pese a que es uno de los que menos influencia tiene en el volumen total recaudado por esta vía.

Una situación que ha hecho despertar las alarmas en la gran industria que advierte de una «persecución fiscal» del Gobierno, de grandes aumento de costes en sus equipos de refrigeración y de un claro afán recaudatorio «que se ha olvidado del objetivo medioambiental del impuesto», según ha podido conocer THE OBJECTIVE con fuentes del sector. La recaudación de este tributo se disparó un 45% en el último año, desde los 65,3 millones en 2021 hasta los 95,1 millones en 2022, con un importante aumento desde el cambio de legislación.

Los gases fluorados son empleados, entre otras aplicaciones, como refrigerantes, agentes extintores de incendios, disolventes y para la fabricación de espumas aislantes. Son gases creados artificialmente por el ser humano con el objetivo de mejorar los procesos industriales y su fin es conseguir que una determinada instalación permanezca a una temperatura específica. Las sustancias que contienen son hidrofluorocarburos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6), consideradas contaminantes por la Unión Europea y por los países miembros.

Nueva normativa

En esta línea, el Gobierno realizó un cambio legislativo a partir del 1 de septiembre, en el que introdujo como hecho imponible la tenencia de gases fluorados, lo que afecta a la fabricación, importación, adquisición intracomunitaria o tenencia irregular de estos gases. Hasta la fecha, sólo tributaba el gas fluorado cuando se liberaba a la atmósfera, pero ahora lo hace desde que entra en España y cuando se hace cada una de las recargas.

De esta manera, se aplicará tanto si dichos gases se presentan contenidos en envases como si van incorporados en productos, equipos o aparatos. El gravamen se extiende a la fabricación, importación y compra desde el territorio de la Unión Europea de los equipos precargados (por ejemplo: el sistema de aire acondicionado de un vehículo) y a la primera carga de refrigerante en las instalaciones de destino.

El tipo impositivo estará constituido por el resultado de aplicar el coeficiente 0,015 al potencial de calentamiento atmosférico (PCA) que corresponda a cada gas. En el caso de productos, equipos o aparatos que contengan gases objeto y se desconozca su PCA, se presumirá -salvo prueba en contrario- que el tipo impositivo a aplicar es de 100 euros el kilogramo, es decir, el máximo. Una «tributación excesiva», según reconocen fuentes de la gran industria a este diario.

Se encarecen los costes

Según la consultora especialista en fiscalidad y asesora de grandes empresas industriales, Ayming, esto supone que los sectores con mayor afectación serán la automoción y distribución, además de las empresas instaladoras y de mantenimiento de sistemas de extinción de incendios. Según su análisis esto vendrá a encarecer en torno a un 5% las nuevas instalaciones de refrigeración que utilizan gases fluorados.

Es así como se ha eliminado la figura del revendedor, que era el único contribuyente que liquidaba el impuesto y lo repercutía a cliente final, y se elimina la exención del dicho impuesto para las escuelas de formaciones, revendedores e instaladores de aparatos que contengan gases fluorados. Por otro lado, al eliminar la tarjeta de revendedor, el instalador requiere la inscripción en el CAF (Código de Actividades Fluorados).

Precisamente para reforzar la inspección en estas nuevas figuras, el Plan General de Control Tributario de 2023 establece un férreo control al Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, como se denomina oficialmente. Es así como en el plan se indica que se desarrollarán actuaciones, entre otras, «de comprobación de operaciones no sujetas, de control de los productos, de las recepciones y expediciones exentas, de las autoliquidaciones y declaraciones de operaciones presentadas, de los importadores, de los canales de distribución, etcétera».

Multas por incumplir la norma

«Además, se realizará especial seguimiento de la aplicación inicial de la nueva estructura del impuesto, en vigor desde septiembre de 2022, con la finalidad de detectar posibles incumplimientos a la mayor brevedad posible y desplegando actuaciones de comprobación muy cercanas en el tiempo respecto a la realización de las operaciones gravadas», dice la AEAT en su plan.

En este sentido, se aprecia la existencia de un nuevo régimen sancionador extremadamente oneroso y que dispara el coste de las multas. La sola falta de inscripción en el Registro Territorial será sancionada con una multa fija de 1.500 euros; y la falta de nombramiento de un representante (la nueva figura de almacenista de gases fluorados, persona física, jurídica o entidad autorizada) en el territorio de aplicación del impuesto será sancionada con una multa fija de 1.500 euros

Del mismo modo, la existencia de diferencias entre los gases objeto del impuesto en los fabricantes o en los almacenistas de gases fluorados, será sancionada con una multa pecuniaria proporcional al 100% del importe de la cuota que hubiese correspondido a dichos gases; y el disfrute indebido por los adquirentes de los gases objeto del impuesto que se benefician de exenciones, al no ser el destino efectivo de los gases, se sancionarán con una multa proporcional del 150% del beneficio fiscal indebidamente disfrutado.

Recaudación de los gases fluorados

En último lugar, se incluye una cláusula en la que se dice: «A las sanciones previstas en este apartado les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 188 de la LGT», es decir, las sanciones del 50-150% de la cuota no ingresada. Un régimen que para la directora de Fiscal de Ayming, Sonia Álvarez, resta a la norma su valor medioambiental (ya no se grava solo la liberación del gas, sino que además su almacenamiento que no genera ningún tipo de contaminación) y lo transforma en un instrumento para elevar los ingresos tributarios, disparando su recaudación en solo tres meses.

Entre el año 2017 y el 2021 los ingresos del Fisco por el impuesto de gases fluorados habían caído a la mitad desde los 120 millones iniciales hasta los 65 millones. Sin embargo, el año del cambio de normativa (2022), se disparó hasta los 95 millones, una cifra que creció exponencialmente desde septiembre cuando se aprobaron las modificaciones.

Hasta agosto de 2022 se habían recaudado 37 millones por este impuesto, en la línea de los 38 millones del año anterior, pero entre septiembre y diciembre se ingresaron 58 millones más, frente a los 28 que se recaudaron en esos mismos meses de 2021. En lo que va de año (enero y febrero) el Estado ya ha ingresado 20,9 millones de euros por este impuesto.