Hacienda recauda 41 millones con el impuesto al plástico pese al caos para pagarlo
El tipo impositivo aplicable es de 0,45 euros por kilogramo de plástico no reciclado contenido en los productos objeto del impuesto
Vertedero de plásticos en Bangladesh. | Europa Press
La Agencia Tributaria ha recaudado 41 millones de euros durante el mes de febrero gracias al nuevo Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico no reutilizables. Un impuesto que entró en vigor en el mes de enero, pero que tuvo durante el primer mes del año unos pequeños ingresos anticipados, ya que la primera presentación del mismo por parte de las empresas tenía como límite el 20 de febrero. El tipo impositivo aplicable es de 0,45 euros por kilogramo de plástico no reciclado contenido en los productos objeto del impuesto.
El Gobierno pretende recaudar con este nuevo tributo, del que están exentos los medicamentos, los productos agrícolas y el reciclado mecánico certificado, un total de 491 millones de euros. Pero podría ser mucho más. Esta nueva medida grava la fabricación o adquisición intracomunitaria e importación de envases no reutilizables, embalajes secundarios y terciarios que contengan plástico. Es decir, afecta a casi cualquier empresa y de forma destacada al sector del gran consumo y la alimentación. Un nuevo impuesto que está suponiendo un verdadero «caos» para las empresas ante la complejidad para declararlo y pagarlo, según los expertos consultados.
El caos se debe a la complejidad del mismo a la hora de adaptarse a cada caso, «siendo uno de los impuestos más enrevesados establecidos por la Agencia Tributaria», indica Rafael San Román, socio director de Stratesys, responsable de la gestión de esta iniciativa con los clientes. Esto se debe a que exige una trazabilidad rigurosa de los movimientos, y la cantidad de plástico aplicado a cada movimiento y a cada modelo de negocio de las compañías afectadas.
Complejidad en la declaración
«Está siendo bastante complicado declarar las operaciones y sobre todo el trabajo que están teniendo que hacer las empresas», explica San Román a THE OBJECTIVE. De hecho, en muchos casos «van a tener que pagar mucho menos a Hacienda del coste de preparación del impuesto», añade. «Muchas empresas no saben ni cómo empezar», asegura el socio de Stratesys que asegura haber tenido reuniones con mas de 500 empresas por esta cuestión. «Más del 80% de las empresas no lo tienen automatizado como obliga la ley y una parte muy importante no son conscientes que tienen que presentar el impuesto», asegura.
«El espíritu del impuesto es conocer los kilos de plástico que se mueven por el territorio. Y luego, en función del uso que se le dé, puedes estar exento», añade. Sin embargo, para contabilizarlo las empresas tienen que «implementar todo el software, además de elaborar todo el trabajo manual». Según San Román, «la complejidad de calcular este impuesto radica en tener la información detallada de los kilogramos de plástico, por unidad de producto. Existen algunos tipos de operaciones que están no sujetas, o exentas, pero hay que reflejarlas en los libros y declararlas a la Agencia Tributaria».
Es decir, hay que hacer una labor específica de ver el producto que se va a importar o fabricar, ver qué composición tiene y determinar si estaría sujeto o no al impuesto. «No es fácil, hay mucha tipología, mucha casuística. Hay muchas dudas a nivel particular de empresas pequeñas», asegura a Mª Dolores Ortega González, vocal de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget). Además, recuerda Ortega, todo tiene que certificarse por un organismo independiente.
Se repercute al consumidor
Es un impuesto que, como otros, se acaba repercutiendo al consumidor final. «El fabricante, que tiene que pagar un sobrecoste del 0,45 por kilo, acaba repercutiendo el impuesto en el consumidor final», asegura la vocal de Asefiget. El nuevo gravamen ha sido duramente criticado por el gran consumo y por la distribución en general. Críticas no solo por el impuesto en sí, que supone un nuevo coste tributario en un momento que el sector tiene todos los costes disparados, sino por la distorsión administrativa que supone.
«Tiene un coste administrativo tremendo porque nos obliga a cambiar todos los sistemas y todas las plantillas de contratación y todos los ficheros maestros de cada uno de los contratos que hacemos con nuestros proveedores cuando importamos productos», asegura Aurelio del Pino, presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES). Del Pino explica, en conversación con THE OBJECTIVE, que esta normativa les obliga a comparar internamente para poder reflejar y poder llevar el seguimiento de cuánto plástico lleva incorporado cada uno de los envases y así poder hacer las correspondientes autoliquidaciones tributarias.
Un coste adicional en un periodo de guerra con precios disparados en energía y materias primas que «no es lo más apropiado si queremos seguir aportando riqueza al mercado español», señalaba recientemente el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo.
