La patronal de Carrefour y Eroski: «Somos una de las principales víctimas de la inflación»

Ir a hacer la compra se ha convertido en todo un reto para el bolsillo de los ciudadanos. Los precios de los alimentos siguen disparados y sin visos de reducirse a corto plazo. El mes de febrero cerró con una inflación alimentaria del 16,6%, en el segundo mes de vigencia de la bajada del IVA a los productos básicos aprobada por el Gobierno. Mientras, el Banco de España advierte de que los alimentos cerrarán el año un 12% más caros.

En este contexto, los supermercados siguen estando en el punto de mira. Hace unos días el presidente de Mercadona, Juan Roig, reconocía haber subido «una burrada los precios», obligado por unos costes cada vez más elevados. «Una de las principales víctimas de la inflación somos nosotros», asegura por su parte Aurelio del Pino, presidente de ACES, patronal de los supermercados que representa a Carrefour, Alcampo, Eroski y Supercor.

Y es que, al final, explica el presidente de ACES en conversación con THE OBJECTIVE, «el consumidor al que ve es al supermercado y al final lo que tú le puedes explicar, toda esta complejidad de la cadena y de los procesos, es difícil. Se encuentran con que los precios de la cesta han subido. Quien da la cara ante el consumidor somos nosotros, con lo cual nos perjudica doblemente», explica.

Según Del Pino, el sector convive muy mal con «mercados volátiles». Por eso desde la patronal no entienden las acusaciones que estos meses se han vertido sobre el sector. Unos supermercados que han pasado de ser considerados héroes, durante la pandemia y situaciones complejas como la tormenta Filomena, a villanos por parte de algunos. «Todo lo que sea poner sombras de dudas sobre el funcionamiento del conjunto de la cadena no es bueno para la imagen de los supermercados, ni tampoco del papel que hacen los supermercados como tractor de toda la cadena de suministros», añade.

Debate sobre los márgenes

Según un informe reciente elaborado por Aecoc y PwC, el análisis de los márgenes de toda la cadena agroalimentaria muestra un ejercicio de contención de los gastos común a todos los agentes. El Índice de Precios en Origen y Destino de los Alimentos (IPOD), que indica cuánto se multiplica el precio desde origen de los productos hasta el consumidor, está actualmente en el valor más bajo de los últimos cinco años, según este informe. «Esto muestra que toda la cadena ha bajado sus márgenes para no repercutir el total del incremento de costes en los hogares», explican desde Aecoc.  

En este sentido, Del Pino señala que cuando mejor trabajan las empresas del sector es con «mercados estructurados y estables y previsibles, donde tú te puedes ir posicionando en estrategias comerciales con tus proveedores». En estos contextos más estables, no como el actual, cabe ir posicionando en relación con los competidores «porque acabas definiendo estrategias de surtido de precios, de variedad, de profundidad, de conveniencia».

Sin embargo, cuando los mercados son volátiles y hay mucho movimiento en precios, o complicaciones con los suministros como sucede actualmente, el sector «convive mal». El problema de la inestabilidad actual lleva a las empresas del sector a no poder hacer sus políticas comerciales propias como les gustaría, «porque tienes que estar reposicionándote constantemente con tu competencia de manera más precipitada», explica.

Costes disparados

En los últimos años, el sector de la distribución se ha visto sometido a multitud de costes, desde el incremento de la energía, pasando por los suministros, así como los regulatorios y laborales. Este incremento significativo de los costes ha empujado hacia arriba los precios, según el sector. «El coste de transportes se ha incrementado tremendamente, el coste del inmobiliario también. Nosotros, en la mayor parte de los casos, sobre todo en ciudades pequeñas, lo que tenemos son contratos de arrendamiento y se han incrementado», asegura Del Pino.

A esto hay que añadir los laborales. «Son costes laborales que derivan no solo del incremento del salario mínimo interprofesional, que desde el año 2018 ha subido un 46%», explica. Una subida del salario mínimo que «lo que hace es aumentar el conjunto de los costes salariales», añade. A esto hay que añadir el incremento de los precios de la energía y la legislación medioambiental.

En este sentido, Del Pino lamenta que el sector «se ve sometido a una presión de costes impresionantes y, en muchos casos, a costes regulatorios que derivan de decisiones de una normativa autonómica que no se está desarrollando de manera homogénea».