El caos normativo sobre el comercio en España ya aleja 770 millones de inversión cada año
La sobrerregulación normativa sobre el comercio está teniendo graves consecuencias en España sobre las inversiones, el empleo, el ahorro y la recaudación
Un comercio en liquidación. | Europa Press
España ocupa uno de los peores puestos en el indicador representativo de la regulación del sector del comercio, según la OCDE -concretamente, el puesto número 29 de 39 países-. Y el motivo no es otro que la mala calidad institucional que se desprende de una sobrerregulación que no facilita la competitividad del sector. Ámbitos como la obtención de licencias, la operativa y gestión de mercancías, el tratamiento de residuos y la gestión de envases y el hurto multirreincidente se ven afectados.
El impacto es de tal magnitud -explica a THE OBJECTIVE Mercedes Alsina Arizaga, jefa de Área de Competitividad, Comercio y Consumo de CEOE-, que esa baja calidad institucional está teniendo un efecto negativo sobre las inversiones que se están paralizando, de modo que, hoy por hoy, «el impacto de esa calidad sobre el sector del comercio es muy relevante, viéndose las inversiones reducidas en 770 millones de euros anuales», afirma.
Efectos sobre los que también ha puesto el foco este viernes el Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, en voz de su presidente nacional y de Madrid, Fernando Santiago, quien pidió una mejora de la seguridad jurídica para las pymes que no tienen posibilidad de «escapar a Países Bajos». En un acto homenaje a los empresarios, Santiago solicitó a las administraciones que acaben con «la maraña jurídico- administrativa de leyes, ordenanzas e instrucciones, en muchos casos contradictorias, que dificultan la capacidad de negocio de las pequeñas y medianas empresas españolas».
En términos mayores, un reciente informe del Foro de Regulación Inteligente sostiene que, acabar con la hiperregulación en España aumentaría el PIB de España en 36.000 y 48.000 millones de euros, en términos globales para todas las actividades. En clave económica, el FRI matiza que este incremento de la legislación, especialmente mediante decretos, afecta de manera directa a la economía y por tanto a las empresas.
El impacto de la legislación en el comercio
En opinión de Alsina, la mejora de calidad institucional del comercio en España «no solo aumentaría las inversiones en nuestro país, sino que también aumentaría la recaudación y la generación de expectativas se aceleraría», explica a THE OBJECTIVE, máxime cuando este impacto ya «está detrayendo 7.950 millones de consumo privado al año y, 890 millones de ahorro privado; es decir, 470 euros en la renta familiar disponible por hogar».
Una mejora de calidad institucional necesaria -detalla la jefe de Área de Comercio de CEOE-, que implica el desarrollo de la normativa del mercado único, la generalización de la declaración responsable, mayor seguridad jurídica y, sobre todo, deshacer una normativa compleja, con muchas normativas, que finalmente acaba afectando sobre todo a las empresas más pequenas.
Un asunto que no es baladí, ya que la aportación del comercio en España supone el 13% del total de la economía española, y por tanto es uno de los principales motores económicos del país. Además, el impacto del empleo por parte del comercio es del 17%; de manera que es el primer sector en número de empleos.
Alsina destaca otros inconvenientes de la actual calidad institucional nacional, en un país -como otro reciente informe de CEOE publicado, y del que ha dado cuenta este periódico-, en el que solo el año pasado legisló 255.000 páginas, lo que a la postre significa que un empresario tendría que leer hasta 698 páginas al día para asimilar la sobrelegislación de 2022, con el consiguiente desgaste de energías y recursos. En efecto, señala que la mala calidad institucional en el comercio «también supone un incremento del IPC de 1,7 puntos, lo que acaban pagando los consumidores». Fiscalmente, -mantiene la técnico de CEOE-, la mala calidad normativa del comercio en España reduce la recaudación de Hacienda «en 870 millones anuales», cifras que también recoge un informe realizado por el IEE sobre la mejora de calidad institucional en el comercio de España.
La colaboración con el sector privado
De ahí la importancia -remarca Mercedes Alsina- de que las leyes sean claras y tengan calidad técnica. Que sean predecibles y que faciliten su conocimiento. Que no haya superposición de disposiciones normativas que acaban perjudicando a la competitividad, como ya recoge la estadística del, World Justice Project, destacando que la percepción del Estado de Derecho en España ha ido perdiendo posiciones.
En su edición del año 2022, el índice WJP situó a España en la posición número 14 entre los 27 países de la UE analizados (en la edición de 2021, España ocupaba la posición décima) y, en el puesto 23 de entre los 140 países considerados a nivel mundial (en la edición de 2021, España ocupaba la posición 21). Estos datos señalan «cómo la percepción de España ha empeorado con respecto a 2022. Y es que España -añade- pierde pulso normativo y cada vez que es valorada mundialmente pierde posiciones».
En ese sentido, la jefa del Área de Comercio de CEOE pondera que uno de los elementos que podría facilitar que una norma sea más eficaz y eficiente, y por tanto reducir la maraña jurídica-administrativa de la que habla Fernando Santiago, sería que esta se consultara de una manera más adecuada en tiempo y forma con el sector privado, con el objeto de que el resultado normativo obtuviera el máximo beneficio para toda la sociedad.
