España usará su presidencia de la UE para que Google y Facebook paguen por usar las redes
Bruselas prevé publicar antes de finales de año un primer borrador para que los gigantes tecnológicos colaboren en la construcción de infraestructuras
Sede central de Google en Nueva York. | Agencias.
El Gobierno tiene como prioridad para la presidencia española de la Unión Europea impulsar la normativa que obligue a los gigantes digitales a compensar el uso que hacen de las infraestructuras digitales que actualmente financian en exclusiva las operadoras de telecomunicaciones. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, la idea de Moncloa es utilizar su posición de líder comunitario durante el segundo semestre para zanjar el debate sobre la contribución de Google, Facebook o Netflix y cerrar un primer borrador del reglamento para que se haga efectiva esta aportación.
Este diario ya ha informado que la Comisión Europea prevé publicar antes del verano las primeras conclusiones sobre la consulta que busca definir cuál debe ser la aportación de las plataformas en el nuevo ecosistema tecnológico. Bruselas quiere realizar una tramitación exprés de la iniciativa consciente de la necesidad de definir estas nuevas reglas del juego cuanto antes para asegurar las inversiones en redes en el continente y consolidar un nuevo modelo que no deje a Europa rezagada en el desarrollo digital mundial.
El objetivo es tener antes de julio un documento con las conclusiones de la consulta que comenzó el 23 de febrero y que finalizará el 19 de mayo. Tras el análisis y discusión de este primer documento, se prevé lanzar un borrador de la normativa que afectaría a Google y otras tecnológicas antes de finales de año. Aunque en Bruselas son conscientes de la burocracia comunitaria y de que no será fácil poner de acuerdo a los 27, por lo que se darían por satisfechos con tener antes de diciembre una guía con recomendaciones o una comunicación formal.
División por Google
En este contexto es donde España quiere influir para sacar adelante en tiempo récord un primer borrador de normativa. Esto supondría un gran golpe de efecto para la presidencia española ya que de esta consulta depende en buena medida el futuro de las infraestructuras digitales en el continente. A Pedro Sánchez le gustan estos actos simbólicos y en el Gobierno español creen que lograr un acuerdo en este sentido consolidaría la imagen exterior del actual presidente y le reforzaría a las puertas de las elecciones de diciembre.
Sin embargo, no será una tarea fácil. Lo fundamental pasa por poner en común los resultados de la consulta pública en la que las grandes tecnológicas como Google o Facebook -totalmente contrarias a cualquier tipo de pago- tendrán las mismas posibilidades de participar que las compañías que impulsan esta compensación, como Telefónica, Orange, Deutsche Telekom o Vodafone.
Pero es que además se deberá poner de acuerdo a los principales países del continente. España, Francia e Italia están a favor de buscar fórmulas para que los gigantes digitales estadounidenses contribuyan en el despliegue de redes, mientras que Irlanda y los países nórdicos se oponen frontalmente. Alemania aún no ha hecho pública su postura. Nunca han sido fáciles los debates en el seno de la UE, pero este amenaza con ser aún más complejo.
Apoyo de Calviño
España ya había manifestado públicamente su apoyo a la contribución de las tecnológicas para que usen sus redes. Una posición que quedó oficializada en el Mobile World Congress (MWC) de este pasado mes de febrero, donde tanto la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, como la nueva secretaria de Estado de Telecomunicaciones, María González Veracruz, apoyaron sin fisuras la postura de las operadoras de telecomunicaciones lideradas por Telefónica.
La Ministra de Asuntos Económicos indicó en ese momento que «es evidente que la financiación de las infraestructuras requiere de una gran inversión del sector público y del sector privado y todos aquellos agentes que se beneficien del despliegue de las infraestructuras tienen que contribuir de una manera justa a su financiación».
«Por tanto, somos partidarios de que la Comisión Europea ponga cuanto antes sobre la mesa una propuesta legislativa que nos permita avanzar durante la presidencia española (de la UE durante el segundo semestre) para desarrollar este modelo de financiación que nos permita seguir desplegando las infraestructuras necesarias y con la participación de todos los agentes, y por supuesto, los operadores de telecomunicaciones y el sector público, como está siendo el caso», resaltó.
Prioridad europea
Por su parte, González Veracruz indicó durante el MWC que en el seno de la UE «tiene que haber una decisión en la línea de un fair share (contribución justa). No hay ninguna duda al respecto. España se posicionó en una carta hace meses y ahora la decisión tiene que ver con cuáles son los detalles del modelo y por eso hay que abordar esta consulta pública y tomar pasos en esa dirección».
En este sentido, la semana pasada el Gobierno ha dado un paso más en la búsqueda de una compensación de Google, Facebook o Netflix. Lorenzo Avello, subdirector de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, subrayó durante un evento en el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones (COIT) la importancia del debate que actualmente se está teniendo en la sede de las instituciones europeas respecto a la ‘contribución justa’, o fair share, entendiendo que el actual panorama mundial obliga a modificar las actuales bases regulatorias.
A este respecto, señaló que este enfoque será «una de las principales prioridades» que se van a impulsar desde la próxima Presidencia española del Consejo de la UE. Para Avello es fundamental apoyar la voluntad inversora de los operadores, entendiendo su necesidad de obtener un retorno, sin olvidar la transversalidad y capilaridad de las redes en España, así como la prestación del servicio universal. Esta obligación -ha recordado- solo existe en esta industria y conlleva un esfuerzo inversor que no soportan otros sectores de la economía (refiriéndose a las plataformas como Google o Facebook). Unas declaraciones totalmente alineadas con la postura de las telecos y de la Comisión Europea.
