La doble vara de medir de Bruselas: apoyó en 2019 un proyecto de gas de Naturgy en Doñana
El plan que tumbó la Justicia en España cumplía para la Comisión Europea con los requisitos medioambientales
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. | Europa Press
«Efectos desastrosos». Así ha calificado la Comisión Europea la ley del Partido Popular que busca aumentar las zonas de regadío de algunos agricultores en una zona cercana a uno de los mayores acuíferos de Europa, que se encuentra en el Parque Nacional de Doñana. Una decisión -la aprobada por la Junta- que para Bruselas supone un «impacto negativo en la protección» del parque. Pero esta dureza empleada por la Comisión difiere mucho de la que utilizó en 2019 con el proyecto de Naturgy, que trató de levantar un almacén de gas en Doñana, amparada por una ley previa del Gobierno de Zapatero, y que suscitó criticas de algunos europarlamentarios que fueron desoídas.
El 15 de octubre de 2019, los europarlamentarios de Izquierda Unida, Sira Rego y Manu Pineda, advirtieron a la Comisión Europea de que el espacio protegido y Red Natura 2000 del Parque Nacional de Doñana estaba bajo «una de las mayores amenazas» por el proyecto Marismas de la energética Naturgy, que buscaba inyectar gas natural en su subsuelo, convirtiéndolo en un almacén de hidrocarburo. Los europarlamentarios pusieron en tela de juicio la declaración de impacto ambiental de un plan que fue subdividido en cuatro «de forma oportunista e irreal eludiendo su impacto integral» y alertaron de posibles «riesgos sísmicos» asociados al proyecto.
Poco más de un mes después, el 29 de noviembre de 2019, la Comisión Europea respondió. Pero su réplica no se alineó con la de los dos europarlamentarios: ni exigió una nueva evaluación ni tampoco la paralización del proyecto. En su lugar afirmó que «los cuatro proyectos de Naturgy se habían sometido a una evaluación de impacto ambiental y que cumplían con los requisitos de la Directiva sobre la evaluación de impacto ambiental (EIA) y la Directiva de hábitats».
Por último, Bruselas sentenció: «Según las conclusiones extraídas de las evaluaciones ambientales realizadas por las autoridades españolas, no se detectó ningún efecto adverso potencial para la integridad de los lugares Natura 2000 considerados derivado de ninguno de los proyectos, ni individual ni conjuntamente. La Comisión no ha recibido datos científicos suficientes que puedan invalidar esas conclusiones. Por tanto, en ausencia de indicaciones claras acerca de una posible infracción de la legislación de la UE, no puede exigir evaluaciones complementarias ni adoptar medidas para detener la ejecución de los proyectos en cuestión«.
Proyecto Marismas
El Proyecto Marismas consistía, según detalla Naturgy en su página web, en la extracción de las reservas adicionales de gas natural que aún permanecen en los yacimientos, situados a 1.000 metros de profundidad. Estaba planteado con el objetivo de almacenar el gas e inyectarlo desde la red de Enagás para las necesidades del sistema español. Para ello, el plan se troceó en cuatro: el Saladillo, Marismas Occidental (que incluía la perforación de dos sondeos y la construcción de dos gasoductos), Marismas Oriental y Aznalcázar.
Meses antes de la respuesta de la Comisión, una delegación del Parlamento Europeo visitó la zona donde se pretendía llevar a cabo el plan. Los diputados europeos, por entonces, señalaron en el informe final su «profunda preocupación» por el desarrollo de un proyecto privado para almacenar gas en el subsuelo de Doñana y a través de un informe no vinculante solicitaron la detención inmediata del proyecto para «garantizar el respeto de los principios de prevención y precaución de la Unión Europea». Para ello, pidió a la Comisión Europea que «evaluase todo el expediente e informase por escrito sobre la idoneidad de las evaluaciones de impacto ambiental».
El plan de Naturgy, al final, no salió adelante por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que desestimó el recurso de Naturgy contra la resolución de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que por entonces estaba controlada por el PSOE.
En abril de 2018, la Junta anunció medidas legales ante la negativa del Gobierno español de Mariano Rajoy a evaluar los cuatro subproyectos para solicitar la paralización cautelar del subproyecto Marismas Occidental. Hace unos diez días, la ministra de Transición Ecológica fue interpelada en un programa radiofónico por el plan de Naturgy que afectaba a Doñana y ella contestó de forma tajante: «Ese plan no se aprobó y la energética se quedó sin esos almacenes«.
