Bruselas prevé resolver la fusión entre Orange y MásMóvil antes de que finalice octubre

La Comisión Europea sigue avanzando en el expediente para resolver el destino de la joint venture de Orange y MásMóvil, operación clave para el futuro del mercado de las telecomunicaciones en Europa para las próximas décadas. Las fuentes cercanas al proceso con las que ha hablado THE OBJECTIVE indican que el regulador comunitario prevé resolver la fusión antes de que finalice el mes de octubre; esto es, incluyendo todas las posibles paralizaciones que pueda tener el proceso y los condicionantes del periodo estival. No será fácil, pero se trabaja con estos plazos.

Una fecha que concuerda con las estimaciones de las dos compañías que siempre han insistido en que esperan que esté todo resuelto durante el segundo semestre de este año. Dentro de este plazo, en el sector se cree que podría estar más cerca del cuarto trimestre, precisamente por la complejidad de la operación y el nivel de detalle con que se está analizando en Bruselas. En cualquier caso, en el sector tampoco se vería como una mala noticia que se resolviese más tarde, siempre que esté dentro del año 2023.

El pasado viernes Bruselas comunicó que el plazo original de 90 días hábiles para el análisis de la operación se alargaba en diez días, pasando del 21 de agosto al 4 de septiembre. Una situación que es vista por el sector como una señal positiva de que quiere resolver el tema cuando antes y dentro de los plazos establecidos. La normativa de la Unión Europea en cuanto a fusiones y adquisiciones establece que el proceso de análisis puede extenderse en veinte días, y en este caso solo se ha agotado la mitad del tiempo disponible.

Investigación exhaustiva

Las fuentes consultadas por este diario indican que la extensión del plazo se produjo de común acuerdo entre Orange y MásMóvil y el equipo de la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. En Bruselas son conscientes de que queda mucho camino por recorrer y que pueden producirse paradas en el reloj, si es que las partes involucradas tardan en aportar nuevos documentos requeridos durante el proceso. También se toma en cuenta el riesgo de que se retrase por el periodo estival en el que los funcionarios de Bruselas suelen trabajar con menos efectivos.

Con todos estos condicionantes, el objetivo dentro de la UE es terminar de instruir el expediente y dar la resolución definitiva durante el mes de octubre. Recordemos que la pre-notificación de la joint venture entre Orange y MásMóvil entró en Bruselas a finales de septiembre del año pasado, un proceso en el que la Unión Europea requirió de importantes cantidades de información para tener la certeza de que el expediente pudiese comenzar sin fallos administrativos, ni defectos de forma.

El 14 de febrero entró en Bruselas formalmente el expediente, una primera evaluación de las autoridades de competencia de la Unión Europea en la que los responsables comunitarios tenían hasta el 20 de marzo para decidir si había -o no- segunda fase la operación. Finalmente, y tras una pequeña prórroga de otros diez días, hasta el 3 de abril, se resolvió ir a un análisis exhaustivo debido al tamaño de la operación y a sus implicaciones en el mercado español y europeo. Un dictamen que se esperaba en el sector y que no cogió a nadie por sorpresa.

Un año en Bruselas

Considerando el nuevo plazo para resolver la operación (el 4 de septiembre), Bruselas cumplirá un año revisando la fusión en diferentes fases y, por tanto, tendrá suficiente conocimiento para poder tomar una decisión informada. Hasta la fecha, ha requerido miles de folios a Orange y MásMóvil y se esperan solicitar otros tantos en las próximas semanas. En este sentido, el proceso se aceleraría entre mayo y julio y se espera tener en esas fechas una decisión tomada respecto de los eventuales condicionantes que debería tener la operación.

Este diario ya ha publicado que las operadoras seguirán defendiendo ante Bruselas que no son necesarios los denominados remedies; esto es, venta o cesión de activos para garantizar la competencia del mercado español. Sin embargo, son muy pocas las operaciones que entrando en fase 2, de análisis exhaustivo, se quedan finalmente sin este tipo de condicionantes, pese a la gran presión que está ejerciendo el sector ante Bruselas en esta joint venture.

Esto supone -y siempre en el caso de que Bruselas definitivamente decida aprobar la operación con remedies– que antes del verano se tenga una idea de quiénes pueden ser las compañías que se queden con estas infraestructuras. Este diario ya ha indicado que los activos que están en el punto de mira son la red móvil de Yoigo y la infraestructura de banda ancha fija de Euskaltel en el norte de España. También está la posibilidad de que se establezcan condiciones de acceso a la red de la futura joint venture para clientes mayoristas, algo similar a lo que pasa actualmente con Telefónica.

‘Remedies’ a Orange y MásMóvil

Se puede dar el caso que sobre estas fechas la propia Comisión pida a las partes que propongan sus propios remedies y que también les pida que establezca contactos con posibles interesados. De esta manera, los Digi, Avatel o Finetwork deberían tener una propuesta sobre su mes durante el verano, para rematar todos los detalles en los meses de septiembre y octubre. Este diario ya ha advertido de que hay mayor interés por los activos fijos que por los de redes móviles.

Si no hay problema en estas negociaciones o cesión de remedies, deberían respetarse los plazos con los que trabaja actualmente la Comisión Europea. Y si es que no se establecen condicionantes todo sería mucho más rápido y es probable que se pueda autorizar la operación antes de que finalice el mes de septiembre. En cualquier caso, terminar el expediente en octubre es el objetivo de Bruselas para no alargar demasiado su decisión ni tampoco dar señales equívocas al mercado.

La respuesta de Bruselas respecto de la integración entre Orange y MásMóvil en España será clave para entender el futuro del sector. Si la Comisión Europea es muy rigurosa, se desalentarán futuras operaciones similares y se mantendría el statu quo que fomenta la fragmentación del sector, algo duramente criticado por las compañías. Por el contrario, si las condiciones son pocas o nulas, se podría producir una avalancha de fusiones, en especial dentro de las fronteras de cada país, ya que se abriría la veda regulatoria tras décadas de rigidez normativa.