El Gobierno exigirá a las 'telecos' desplegar 5G real para optar a 482 millones en ayudas

El Gobierno ha establecido como requisito indispensable en la convocatoria de 482 millones en ayudas activas para el 5G rural que las operadoras realicen despliegues stand alone antes de 2025; esto es, redes propias adaptadas a esta nueva tecnología y en las bandas asignadas para su uso. Según ha podido confirmar THE OBJECTIVE, es la primera vez que se establece este requisito en una subasta pública y puede anticipar exigencias similares del Ejecutivo para futuros desarrollos de compañías como Telefónica, Orange, Vodafone y MásMóvil. Unos despliegues con un coste mucho más elevado y que hasta la fecha casi no han sido explorados por las operadoras.

Solo Orange ha lanzado su red comercial 5G stand alone y lo hizo el pasado 13 de febrero en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, mientras que Telefónica ha acelerado en la instalación de antenas propias de 5G. Sin embargo, tanto esta última como Vodafone no han anunciado planes ni estrategia para el despliegue comercial de esta infraestructura que es la que desplegará el verdadero potencial de la nueva tecnología. Y en el sector pocos creen que lo hagan antes de finales de año.

El actual 5G non stand alone -que desde hace cuatro años comercializan las principales operadoras españolas- se despliega sobre la base de infraestructuras 4G, lo que limita sus posibilidades, en especial porque no usa la banda de 3,5 GHz que se necesita para un 5G ‘puro’. El actual 5G permite descargar vídeos o jugar partidas de videojuego online con mayor velocidad, aunque muchas veces con un cambio imperceptible para el usuario. Y es que su rapidez es aún insuficiente para desplegar usos industriales, ciudades conectadas o coches inteligentes.

Cobertura de 5G

Proveedores como Ericsson llevan meses advirtiendo de las limitaciones que el non stand alone tiene para desplegar el potencial del 5G y el retraso que se está produciendo en España y en Europa, en relación a otros países punteros como China o Corea del Sur. En su Ericsson Mobility Report de 2022, indicaron que los compromisos de inversión exigidos por el Ejecutivo a las compañías de telecomunicaciones en las recientes adjudicaciones de espectro solo aseguran que el 5G real (de la banda de 3,5 GHz) llegará al 53% de territorio español en el año 2040.

Del mismo modo, indicaron que con una inversión adicional no superior a los 1.700 millones de euros se podría llegar a una cobertura del 98% en esta banda de 3,5 GHz, es decir una cobertura total con 5G stand alone. En su Plan de Recuperación y Resiliencia y el apartado de las inversiones digitales el Gobierno se ha comprometido a que en 2025 exista un 75% de población con acceso a 5G, aunque solo se exige el despliegue en la banca del 700 MHZ, no en la 3,5 GHz.

El último Informe de Cobertura de Banda Ancha en España presentado por el Ministerio de Asuntos Económicos el pasado 30 de marzo, indicaba que la cobertura del 5G en las bandas de 700 MHz y 3,5 GHz alcanzaba ya el 58,12% en España en junio de 2022, casi duplicando los datos del 33,51% que se registraron un año antes. Sin embargo, se reconoció que casi todo este despliegue no era en la banda del 3,5 GHz, la del stand alone. Por otro lado, la cobertura del 5G que usa redes 4G llegó al 82,36%, que se compara con el 58,98% del año anterior.

Despliegue ‘stand alone’

Es por ello por lo que los requisitos de desplegar stand alone en esta convocatoria de ÚNICO 5G-Redes activas, que busca acelerar el despliegue de infraestructuras activas de 5G en zonas rurales, es clave para entender el cambio de estrategia del Gobierno hacia unas exigencias de mayor despliegue. Hasta hace pocos meses, solo se exigía un 5G de poca profundidad y ahora se pide por primera vez la tecnología en el máximo desarrollo de su potencial.

De esta manera, y pese a que el despliegue se exigirá en zonas rurales muy acotadas, en el sector se entiende esta convocatoria como una manera de presionar para que apuren el paso con el 5G stand alone, algo a lo que se resisten a lanzar comercialmente por considerar que todavía no hay mercado para sacarle rentabilidad a despliegues de infraestructuras mucho más elevados que lo se ha realizado hasta la fecha.

«Este equipamiento y la infraestructura adicional que pueda ser necesaria deberá poder proporcionar en las zonas elegibles servicios 5G stand alone con las características de valor añadido de edge computing y network slicing, y con una velocidad mínima de 100 Mbps para el enlace descendente y 5 Mbps para el enlace ascendente. Esta actuación contribuye al objetivo de conseguir la disponibilidad de los nuevos servicios que permite a tecnología 5G en todos los ámbitos territoriales, y facilitar, de acuerdo con lo establecido en la estrategia de impulso de la tecnología 5G, que los beneficios que proporcionará la tecnología 5G puedan llegar también a las zonas rurales, para contribuir a su desarrollo económico y a la reducción de la brecha digital», dice el borrador de la convocatoria a cargo de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones a cargo de María González.

Ayudas ‘activas’

El plan de subvenciones del Ministerio de Asuntos Económicos indica que estas ayudas deben estar concedidas antes del año 2023 para que el completo despliegue esté finalizado en el cuatro trimestre de 2025, fecha para la cual debería estar desplegado el stand alone en estas zonas, una meta más compleja de lo que parece si se considera que hasta ahora los despliegue en este ámbito son escasos.

Las ayudas activas pretenden dar hasta 482 millones de euros atribuibles a los fondos europeos Next Generation, para que Telefónica, Orange, Vodafone o MásMóvil puedan desplegar equipamiento activo en sus torres de telefonía, es decir el software para que puedan funcionar su infraestructura 5G. Es por tanto, la más onerosa al requerir equipos prácticamente nuevos en el caso del stand alone. Las operadoras estiman en unos 1.500 millones de euros el despliegue de estas infraestructuras para toda su red.

En estos momentos ya se encuentran definidas las zonas elegibles para desplegar estas infraestructuras tras una consulta pública lanzada a finales de febrero. Ahora el Gobierno solo está pendiente del plácet de Bruselas que ha tardado más de lo esperado. El plan original de la Comisión Europea era sólo autorizar ayudas al equipamiento pasivo, es decir el material que se necesita para construir los emplazamientos, pero no para la tecnología que las convierte en antenas de telecomunicaciones. Para ello, el Gobierno lleva más de un año intentando convencer a la UE para que apruebe estas ayudas activas. Un proceso que parece que llegará a su fin «en semanas», lo que permitiría poner en marcha la licitación antes de que acabe el año.