Tribunal de Cuentas alerta que las CCAA no son transparentes con la gestión de los fondos UE
Así se desprende del informe de fiscalización sobre la gestión autonómica del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Sede Tribunal de Cuentas.
El Tribunal de Cuentas ha alertado en su último informe de que la mayoría de las comunidades autónomas no son suficientemente transparentes con la gestión de los fondos europeos y ha pedido a las regiones una mejor planificación estratégica de los mismos.
Así se desprende del informe de fiscalización sobre la gestión autonómica del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el Tribunal de Cuentas señala los errores de la puesta en marcha de las reformas y las inversiones que deben llevar a cabo las comunidades y las ciudades autónomas y recomienda cambios para gestionar de forma ágil los proyectos.
En cuanto a la transparencia, el órgano fiscalizador ha resaltado que a pesar de que todas las comunidades han habilitado webs propias sobre la gestión de los fondos, solo ocho han publicado datos referidos a las actuaciones que ha desarrollado durante 2022: Aragón, Asturias, Baleares, Cataluña, Murcia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana, sumándose en 2023 Castilla-La Mancha y Madrid.
Insuficiente planificación de los fondos
Por lo general, según el organismo, las comunidades autónomas podrían haber coordinado mejor el control de las inversiones y las reformas, poniendo como ejemplo a Canarias, Asturias, Navarra y Murcia por haber elaborado plantillas homogéneas para que todas las administraciones públicas expliquen sus proyectos.
También ha señalado la importancia de que los gobiernos autonómicos planifiquen más detalladamente las necesidades de recursos humanos para le gestión de los fondos. Según el Tribunal de Cuentas, la ejecución y seguimiento de los fondos genera «un significativo incremento» de la carga de trabajo, para lo que se requiere personal «cualificado y suficiente».
La autoevaluación que deben hacer las comunidades sobre su gestión de los fondos no se ha realizado con un proceso «ordenado, coherente y comparable» para identificar y corregir riesgos de gestión, según recoge el informe. La excepción en esta materia son Asturias, Cataluña y Extremadura.
El Tribunal de Cuentas también ha advertido de que las comunidades y ciudades autónomas no han establecido «criterios comunes» en los test de autoevaluación para que se pueda comparar entre sí la gestión de los fondos.
Buen mecanismo antifraude
En cambio, los gobiernos autonómicos sí que han reforzado sus mecanismos de prevención, detección y corrección del fraude a través de la aprobación de planes de medidas antifraude, alabados por el Tribunal de Cuentas.
Además, las comunidades han introducido sistemas de codificación específica para cada inversión o reforma y poder realizar así el seguimiento de los fondos. También han adaptado sus sistemas de información sobre la ejecución de las reformas a la normativa establecida por el Gobierno central.
A pesar de ello, el órgano ha recomendado a los gobiernos autonómicos que lleven a cabo una mejor planificación de los fondos europeos, que coordinen las necesidades de personal para fiscalizarlos y que mejoren la información publicada al respecto. También ha pedido que mejoren el proceso de autoevaluación y que establezcan criterios comunes para valorar más fácilmente el progreso de cada una de las administraciones.
El Tribunal de Cuentas ha aprobado el primero de una serie de informes de fiscalización que abordarán, en distintas fases y en los próximos años, la implementación, la ejecución y la evaluación de los Fondos Next Generation. Entre 2021 y 2026 España podría recibir hasta 140.000 millones de euros en transferencias y préstamos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, elemento central de los Fondos Next Generation.
En esta primera fase, la de implementación y puesta en marcha de los fondos, el organismo fiscalizador tiene previsto concluir cuatro informes entre los que figura el que se ha aprobado este viernes. En una segunda fase, más centrada en la ejecución, ya se ha planificado la realización de otras seis fiscalizaciones a las que se podrían sumar otras futuras.
