Por qué la cadena pública de supermercados de Belarra es innecesaria y contraproducente

La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quiere «una cadena pública de supermercados que se llame Precios Justos».

La idea de que los precios altos son injustos adolece de falta de perspectiva. En una economía de mercado, los precios son fruto de una negociación en la que, además de los demandantes, hay unos oferentes para quienes los precios injustos son los bajos y que, legítimamente, se niegan a suministrar sus bienes o servicios con pérdidas.

Esta lógica elemental explica por qué limitar los precios provoca escaseces.

Belarra entiende, sin embargo, que hay margen para abaratar los alimentos. Argumenta que su nivel actual no se debe a «la subida de las materias primas», sino a la codicia de un «oligopolio» a cuyo frente están Mercadona y el «capo» Juan Roig. Su plan, como se lee en el programa marco de Podemos, es tratar «de tú a tú» a «los grandes supermercados privados» mediante una cadena pública que brindaría «precios más bajos a las familias y condiciones laborales más dignas a los trabajadores».

No falta competencia

Lo primero que conviene aclarar es que en España la concentración de la distribución alimentaria española no es particularmente elevada. La métrica que se usa para evaluarla es la cuota que suman las cinco principales cadenas y en España es del 48,6%, muy inferior al 79,4% de Holanda, el 78,9% de Alemania, el 78,4% de Francia o al 74,8% del Reino Unido.

Otro indicador de que el problema no es la falta de competencia es la contracción generalizada de los márgenes en las empresas del sector, incluida Mercadona.

Pero es innegable que los precios de los alimentos están disparados, y no lo dice solo Belarra. Los autores de un informe de Allianz Research titulado Inflación alimentaria en Europa: ¿sed de beneficios? indican que «siguen siendo altos» y, además, «no bajarán hasta finales de año». Y coinciden igualmente en que la culpa ya no es de las materias primas, que «han retrocedido abruptamente desde los máximos de 2022».

¿De quién es entonces?

Tampoco tenemos los precios más altos

El documento de Allianz Research empieza observando que los datos varían considerablemente de un país a otro. Mientras Francia (7,3%), Italia (9,3%) y España (11,6%) registraron en 2022 un alza de los alimentos inferior a la media europea (11,9%), Alemania se fue al 12,6%, Polonia al 14,5% y Eslovaquia al 18,6%. Esta dispersión obedece a tres factores.

En primer lugar, a la estructura del mercado.

Allí donde hay una penetración superior del hard discount, es decir, de las cadenas que venden exclusiva o mayoritariamente artículos baratos (Lidl, Aldi, Dia), la inflación es también mayor. Esto puede parecer paradójico, pero pensemos que las marcas blancas ajustan tanto su importe, que apenas disponen de colchón para absorber las subidas. Los grandes fabricantes, por el contrario, pueden recortar en publicidad o gastos promocionales.

El segundo factor que señala Allianz Research es la dieta.

En la Europa mediterránea se consume menos comida procesada, cuya elaboración es mucho más intensiva en energía. «En consecuencia, los países que la consumen por encima de la media [como los nórdicos, el Reino Unido y Alemania] tienden a registrar una inflación superior a la media».

Finalmente, influye la dependencia de las importaciones de Ucrania. «Las naciones del este de Europa se han visto especialmente golpeadas».

La parte que corresponde a las cadenas

Dentro de este variado panorama, ¿cómo han reaccionado las cadenas?

Aunque la inflación alimentaria del año pasado es imputable en un 90% a «los precios de producción y la energía», queda sin explicar «una pequeña, pero significativa parte», que Allianz Research atribuye a la «sed de beneficios».

Esta es la reconstrucción de los hechos que propone el informe:

Hasta el segundo trimestre de 2022, los supermercados no trasladaron a sus clientes todo el incremento de costes: mientras estos se encarecían el 17%, el precio final lo hacía un 12%. Esta situación era, sin embargo, insostenible en el largo plazo y, desde el verano, «el crecimiento de la facturación ha sido superior al del índice de costes, lo que sugiere que el sector ha subido precios para frenar el deterioro de sus márgenes».

Así y todo, apenas supone un 10% de la variación de los precios de los alimentos. ¿Justifica eso la aparatosa intervención que plantea Podemos?

Lo que dice la OCDE

Vamos primero con la teoría.

Es verdad que, como argumenta un informe de la OCDE, «la suposición de que las empresas públicas son intrínsecamente menos eficaces no se ha visto avalada por la academia». ¿Por qué, entonces, se desmantelaron a finales del siglo XX los grandes monopolios estatales en Occidente? Para impulsar la competencia, que «promueve la eficiencia» y garantiza que «los bienes y servicios ofrecidos a los consumidores se acomodan a sus preferencias».

La competencia se adultera, no obstante, cuando saltan al terreno de juego compañías públicas.

A estos agentes no les preocupa, en efecto, tanto la cuenta de resultados y pueden adoptar estrategias predatorias, como la venta a pérdida. Y aunque se supone que existen órganos reguladores independientes que velan por que esto no suceda, la OCDE no considera inconcebible que terminen expuestos a «una influencia gubernamental indebida».

El experimento cubano…

Vamos ahora con la evidencia empírica, que en el caso de Cuba no es muy alentadora.

En este vídeo clandestino se aprecia el desabastecimiento de la isla. «Solo hay ajo en las neveras», comenta la youtuber, «todas están vacías, no hay nada de comer, ni caro ni barato». Las existencias disponibles tampoco son particularmente asequibles: una botella de vinagre a 2,1 dólares (0,65 euros en la cadena del «capo» Roig), maíz a 8,18 dólares en kilo (3,67 euros en Mercadona), aceite de oliva extra a 14,5 dólares el litro (10,3 en Mercadona).

Contrariamente a lo que propone el programa marco de Podemos, el hecho de que una cadena sea pública no implica «mejores precios para las familias».

…y el experimento venezolano

¿Y qué ocurre con las «condiciones laborales más dignas»?

Como recordaba el lunes THE OBJECTIVE, Hugo Chávez impulsó en 2010 Abasto Bicentenario, una red de supermercados adscrita al Ministerio del Poder Popular, con la intención de convertir Venezuela en «una potencia alimentaria». Ocho años después, hubo que cerrarla «en medio de una historia de corruptelas e ineficacia gerencial».

El propio Nicolás Maduro admitía en 2016 que «se pudrió».

En cuanto a los trabajadores, como denunció en su día el diario TalCual, más de 10.000 quedaron en la calle. «Nos botaron y no nos dan una respuesta», se quejaba una de ellas en mayo de 2019. «Ni siquiera nos liquidaron. Los jefes de alto rango no quieren venir para acá. No dan la cara porque no tienen respuestas».

La felicidad, ¡ja, ja, ja, ja!

Para la Escuela de Salamanca, el precio justo surge de una negociación libre entre comprador y vendedor.

Los economistas prefieren, de todos modos, hablar de utilidad, y el precio que la maximiza es el que satisface al mayor número de compradores y vendedores. Esto no significa que el resultado sea ideal. Habrá usuarios a los que les resulte excesivo y productores que pierdan dinero con él, pero la misión del mercado es asignar los recursos, no tener feliz a todo el mundo todo el rato.

Eso solo ocurre en las fantasías de Belarra y los podemitas.