El Gobierno enfada a la construcción al no obligar a revisar los precios de los contratos
El Ejecutivo ha incluido los contratos de servicios en la revisión de precios en obras públicas, pero sigue sin hacerla obligatoria
Un obrero de la construcción trabaja en una edificación | EFE/ Nacho Gallego
«Se queda corto». El sector de la construcción valora la mejora aprobada por el Gobierno en el sistema de revisión de precios en las obras públicas, pero considera que no es suficiente. Concretamente, el Gobierno ha modificado algunas cuestiones de la revisión de precios a través de una enmienda en la Ley de Contratos del Sector Público con el cambio de dos apartados del artículo 103 de dicha ley.
El cambio, que ha entrado en vigor este miércoles tras su publicación en el BOE, contiene determinadas modificaciones relativas a la revisión de precios de los contratos de obra y del resto de contratos del sector público, que afectarán solo a los contratos que se adjudiquen con posterioridad a la entrada en vigor de la modificación. Es decir, no tiene carácter retroactivo pero modifica la norma de «manera estructural», tal y como explican fuentes del sector constructor a THE OBJECTIVE.
Una de las modificaciones es que en el caso de los contratos de obra se reduce el periodo de carencia de dos a un año. Sin embargo, sigue sin incluirse la revisión de forma obligatoria como desde hace meses venía reclamando la industria constructora. «En teoría se queda corto porque no hace obligatoria la revisión de precios, no obliga a ponerlo en todos los pliegos del contrato, que es lo que sería deseable», añaden estas fuentes. No obstante, la reducción de dos a un año del periodo de carencia ha sido valorado de manera positiva. También que en la modificación el Gobierno haya añadido los contratos de servicios, de suministros y de concesiones. Por otro lado, el Gobierno sigue excluyendo la mano de obra.
Aumento de precios
Hace un año, ante la escalada de los precios de las materias primas y la escasez de algunos insumos que necesitaba el sector para funcionar, el Gobierno puso en marcha el mecanismo de revisión excepcional de precios de los contratos públicos que el Gobierno. Sin embargo, este sistema decayó en marzo y el Ejecutivo decidió no renovarlo al considerar que las circunstancias habían cambiado.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) recordó entonces que el mecanismo de revisión excepcional de precios se creó en el decreto de 2 marzo de 2022 «en un contexto de alza de precios extraordinaria de las materias primas que no pudieron ser tenidas en cuenta por las empresas a la hora de preparar sus ofertas». Al margen de este mecanismo excepcional, la Ley de Contratos recoge la posibilidad de incluir en los contratos la revisión de precios, sin embargo, sigue sin hacerla obligatoria como lamentan desde el sector.
«No se obliga a incluir la revisión en todos los pliegos ni se ha hecho obligatorio para comunidades y ayuntamientos de manera expresa con lo que estas administraciones siguen utilizando el silencio administrativo negativo para no atender a las reclamaciones», añaden estas fuentes.
En este sentido, recientemente la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) lamentaba que comunidades autónomas y ayuntamientos tampoco estaban aplicando el mecanismo excepcional de revisión de precios contemplado en el Real Decreto-ley 3/2022 y sus posteriores modificaciones. Esta cuestión, a juicio de la patronal, ha incrementado el número de licitaciones públicas desiertas y afecta directamente al tejido empresarial, «asfixiado desde hace casi dos años por las tensiones inflacionarias».
Asfixiados por los precios
La construcción lleva varios meses dando la voz de alarma por los precios. Aunque la tendencia en algunos materiales empieza a ir a la baja, el incremento de los costes de los materiales lleva creciendo desde hace mas de un año y medio. Una circunstancia que ha provocado que muchas pequeñas y medianas empresas estén teniendo serios problemas para seguir adelante.
En 2022, de hecho, las disoluciones de compañías del sector se dispararon un 17%, hasta superar las 6.300, según los datos recopilados por la patronal. Además, el pasado ejercicio, las compañías dejaron desiertas 2.032 licitaciones de obras públicas por valor de más de 900 millones de euros al no ajustarse los presupuestos de las administraciones públicas a los costes reales de ejecución que calculaban las compañías.
En lo que llevamos de 2023, la situación ha mejorado ligeramente con una reducción en las disoluciones. Concretamente, en el mes de abril el sector de la construcción registró 574 disoluciones empresariales, esto es un 21,5% menos que en el mismo mes del año anterior, según los datos de axesor, empresa de Experian, compañía líder mundial en servicios de información global.
