Ferrovial confía en que se consumará su cambio de sede sin apenas oposición de los díscolos

El vía crucis de Ferrovial llega a su fin esta semana y probablemente con la certificación definitiva del plan estratégico que desembocará en el traslado de su sede social a Países Bajos. Así lo creen, al menos, dentro de la compañía ya que, según las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, se da por descontado que no existirá el número suficiente de accionistas que ejerzan su derecho de salida para frenar el proyecto. De esta manera, casi tres meses después y tras los duros ataques del Gobierno esperan cerrar definitivamente una de las páginas más turbulentas de la historia reciente de la constructora.

El pasado 13 de abril la Junta de Accionistas de Ferrovial aprobó por una mayoría abrumadora del 93,3% el proyecto de integración de su matriz y Ferrovial International, pese a las presiones del Ejecutivo a fondos de inversión para que rechazaran la salida de España. Sin embargo, todo el proyecto está supeditado a que el número de accionistas que abandonen la compañía no sea superior al 2,6% -equivalente a 500 millones de euros- hasta cuatro semanas después de la validación de todos los acuerdos.

Este plazo expira este jueves después de la publicación de las actas oficiales de la junta de accionistas el 18 de abril en el Borme, por lo que las empresas que quieran vender sus acciones de Ferrovial deben hacerlo durante esta jornada. No obstante, en la constructora se considera que apenas habrá accionistas que se sumen a esta salida planificada del capital tras hacer un barrido de última hora para comprobar los apoyos con los que cuentan.

Derecho de separación

En la Junta de Accionistas del pasado mes de abril sólo un 5,7% del capital votó en contra del proyecto de simplificación societaria. Dentro de este porcentaje, un 4,25% corresponde a Leopoldo del Pino (hermano del presidente de Ferrovial, Rafael), y que pocas veces ha estado de acuerdo con las decisiones que se toman en la compañía. Sin embargo, todas las fuentes consultadas coinciden en señalar que Leopoldo solamente quizo mostrar su desacuerdo con la marcha a Países Bajos con su voto en contra, pero que en sus planes no está de ninguna manera abandonar el capital.

De esta manera, solo quedaría un 1,45% de accionistas descontentos y que podrían ejercer su derecho de salida, porcentaje insuficiente para llegar al 2,6% requerido para frenar el proyecto. La opinión es unánime: no habrá casi oposición y -según se prevé dentro de la compañía- no hay previsión de que nadie abandone el capital más allá de un porcentaje mínimo, insuficiente para abortar los planes de establecer su sede social en Países Bajos.

Por otro lado, cualquier operación de salida sería altamente inconveniente desde el punto de vista de la rentabilidad. En la elaboración del proyecto, Ferrovial estableció un pago de 26 euros por acción a quien decidiera acogerse a su derecho de separación antes de que se sellara el proyecto de ‘fusión inversa’ de la constructora. Cuando se anunció el plan, el 28 de febrero, la acción cotizaba en 26,26 euros, pero este miércoles cerró en los 29,29 euros, su mayor precio desde comienzos de 2020 y desde que se anunciase la operación .

Presiones a Ferrovial

Con una mejora de la acción del 11,5% en menos de tres meses, no parece acertado intentar salir de una empresa que tiene un potencial de revalorización que supera largamente los 30 euros y con informes favorables de todos los bancos de inversión. De hecho, si cualquier fondo de inversión intentase salir de Ferrovial con estas condiciones se arriesga a represalias de sus propios accionistas o tenedores de participaciones, por actuar con criterios contrarios al mercado.

Es así como, antes de que termine la semana, Ferrovial pondrá fin a un proyecto que ha sido más complejo de lo esperado y que intentó ser frenado por tierra, mar y aire por el Gobierno. El Ministerio de Asuntos Económicos de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, se tomó como una afrenta personal esta decisión considerando que era contraria a la realidad económica del país y que no estaba en la línea de la percepción de los inversores internacionales.

Lo que en realidad preocupaba al Ejecutivo era una fuga masiva de capitales y de empresas españolas tras sus decisiones de subir impuestos a la banca, las energéticas y las grandes fortunas. Una sobrerreacción que les llevó a criticar duramente y durante varias semanas a Ferrovial, con amenazas veladas y un informe de la CNMV que supuestamente garantizaba que Ferrovial pudiese cotizar en Estados Unidos desde España, uno de los principales argumentos de la empresa para marcharse a Países Bajos.

Apoyo de los fondos

Los resortes del Ministerio de Asuntos Económicos y de La Moncloa incluso intentaron convencer a accionistas de que votaran en contra, hasta que se encontraron con la oposición de los principales fondos de inversión presentes en Ferrovial. El británico TCI (con un 7%); Blackrock (con un 3,1%); Lazard (3%), Capital Group (2,9%), Southern Asset Management (2,7%) o Norges (1,5%) se manifestaron a favor del proyecto y transmitieron al Ejecutivo que intentar frenar el traslado de la constructora podía sentar un pésimo precedente para la inversión extranjera en España.

Finalmente, Calviño y su equipo cambiaron su estrategia y admitieron la salida «respetando» la decisión de los accionistas de Ferrovial. Sin embargo, su objetivo de evitar más salidas de empresas se cumplió y -como advirtió este diario- las presiones a la constructora surtieron efecto en otras compañías que se habían planteado marcharse de España. Desde entonces, nadie ha seguido los pasos de la constructora y las firmas que tenían proyectada su mudanza han decidido paralizarla para evitar una persecución.