España dará la batalla en Europa para que se facilite la intervención del precio de la energía
Desde el sector se espera que las negociaciones sean más largas de lo esperado por la Comisión y que exista el riesgo de que cada país vaya por libre
El Parlamento Europeo. | Europa Press
La negociación de la reforma del mercado eléctrico en la Unión Europea va a ser más larga de lo que la Comisión Europea preveía. Así, España prepara una ponencia en el Parlamento Europeo con varias decenas de enmiendas al texto de Bruselas con el que busca flexibilizar la propuesta de la Comisión para que los países miembros tengan un mayor margen de maniobra. Entre las medidas que presentará nuestro país, se encuentra la de relajar los criterios para declarar una crisis de precio y justificar la intervención del mercado.
De esta forma, en la enmienda número 42 -que ha elaborado el europarlamentario socialista Nicolás González, que fue elegido por su grupo, la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, para dar voz al Parlamento Europeo como respuesta a la reforma planteada por la Comisión Europea– se aprecia cierto alineamiento con las posturas de la ministra socialista de España, Teresa Ribera, en relación con su propuesta de intervenir el mercado.
Dicha enmienda pide que «se facilite la adopción de medidas y que se apliquen temporalmente para hacer frente a la crisis de los precios de la electricidad, con sujeción a condiciones específicas».
En la propuesta de la Comisión se asegura que «en tiempos de crisis, cuando los precios mayoristas y minoristas de la electricidad aumenten significativamente, y esto suponga además un impacto negativo sobre la economía general, los Estados miembros deberían poder ampliar, temporalmente, la aplicación de precios regulados también a las las pymes». Una frase corregida por la nueva propuesta española, que borra la coletilla sobre los efectos negativos macroeconomicos con el objetivo de facilitar la intervención y añade como principal fin «bajar el precio de la electricidad». Además, añade que extiende los topes al cien por cien de los consumidores vulnerables, en lugar de al 80%, como marca la Comisión.
Por otro lado, aunque reconoce que «la Comisión debe ser la que determine la crisis de precios de la electricidad y, en consecuencia, cuándo esta intervención pasa a ser aplicable», agregan que «en todo caso, la declaración de tal precio de la electricidad a nivel regional o de la Unión, debe garantizar la igualdad de condiciones en todos los Estados miembros afectados por la decisión para que el mercado interior no se distorsione».
Por otro lado, la propuesta manda un recado a aquellas empresas verticalmente integradas (por ejemplo, en nuestro país cabe mencionar a Iberdrola, Endesa y Naturgy, que controlan la generación y comercialización de la energía). «Velarán, en particular, por que el límite de los ingresos del mercado se aplique efectivamente en los casos en que los productores estén controlados o parcialmente sean propiedad de otras empresas, en particular cuando formen parte de una empresa integrada verticalmente«.
«Riesgo de que cada país vaya por libre»
Otra propuesta que destaca es el establecimiento de precios de 180 euros máximos, pero donde se dé la libertad a cada país miembro pueda bajar dicho umbral. En cuanto al mecanismo de capacidad (aquellos pagos que llevan a cabo los gobiernos para que los generadores estén disponibles en caso de que el sistema eléctrico lo necesitara), fuentes financieras comentan que se «introducen enmiendas para facilitar la implementación por parte de los Estados miembros y que no tengan carácter temporal. Es decir, propone que puedan ser parte del diseño de mercado de manera permanente«.
En cuanto a la liquidación de los contratos por diferencia (CfD, por sus siglas en inglés, consistentes en que el Gobierno fija un precio al que se tiene que vender la energía), las mismas fuentes comentan a THE OBJECTIVE que «a diferencia de la propuesta de la Comisión, donde se establecía que los ingresos -cuando el precio de mercado está por encima del precio del CfD- se reparten entre toda la demanda, la propuesta limita ese traslado a los consumidores vulnerables, a las inversiones en eficiencia energética y a las industrias electrointensivas».
Tal y como adelantó ayer el periódico Vozpopuli, el número de enmiendas que ha presentado España ha llegado a las 186. Una cifra que ha sorprendido a las fuentes financieras a las que ha tenido acceso este periódico. «Se otorga mayor discrecionalidad a los Estados miembros, lo cual es la estrategia de España, pero con el consiguiente riesgo de que cada país vaya por libre«, apuntan las mismas fuentes.
