El plan europeo para limitar los gases fluorados amenaza la presidencia española de la UE
La industria denuncia graves perjuicios si se intenta acabar con los gases utilizados para refrigerar alimentos y en los aparatos de aire acondicionado
La industria española ha activado todos sus resortes para minimizar el impacto de la nueva normativa europea que limitará el uso de los gases fluorados para cumplir con los objetivos de neutralidad climática en 2050. Una batalla en la que sectores clave como la alimentación, los supermercados, el turismo, la construcción o el inmobiliario se oponen a los postulados de Bruselas y que estallará durante la presidencia de España de la Unión Europea, fecha para la que se espera tener una resolución sobre el cuerpo legal.
Las fuentes del sector con las que ha hablado de THE OBJECTIVE indican que el plan de la UE para limitar los gases fluorados «es inviable» y que la preocupación de la industria es máxima tras la propuesta inicial del Parlamento Europeo de bloquear completamente su uso en el mediano plazo. Los gases fluorados son empleados como refrigerantes, agentes extintores de incendios, disolventes y para la fabricación de espumas aislantes. Contienen hidrofluorocarburos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6), considerados contaminantes por la Unión Europea.
No obstante, su utilización es clave para la climatización y la refrigeración de alimentos, imprescindibles en sectores esenciales de la economía española como hospitales, centros de salud, centros educativos, viviendas, oficinas, edificios y transporte públicos, industria, comercio y turismo. Sectores «gravemente perjudicados», según dicen a este diario fuentes del sector que han creado la alianza F-Gas: llamada a la acción. En ella, 15 patronales representantes de diversas industrias han unido esfuerzos para hacer rectificar a la UE.
Costes energéticos
Esta alianza advierte de que los costes que debería afrontar la industria española en términos de reconversión, recambio de equipos y de costes energéticos podría dispararse hasta niveles inasumibles. La prohibición del uso de los gases fluorados en refrigeración podría suponer 3.000 millones de euros en costes adicionales de electricidad sólo al sector español de los supermercados. En este debate, defienden la neutralidad tecnológica y la sustitución ordenada y progresiva de los gases más nocivos.
En estos momentos, la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo debaten sus respectivas propuestas, en una discusión técnica que puede tardar algunos meses. Lo que más preocupa a la industria española es que el Parlamento haya aprobado una propuesta que elimina completamente los gases fluorados de su uso en la UE. Es verdad que la idea de la Comisión y del Consejo es limitarlo y no hacerlo desaparecer del todo, pero lo cierto es que si estas posturas se endurecen, el entendimiento puede llevar a una legislación muy estricta y que recorte drásticamente su uso actual.
Las fuentes consultadas indican que las negociaciones se encuentran todavía en una fase muy técnica, por lo todo parece indicar que no se resolverá en las cinco semanas que le quedan a la presidencia de Suecia en la UE. Esto supone que debería resolverse durante la presidencia española ya que el límite que se ha impuesto Bruselas para tener la normativa es el cuarto trimestre de este año.
Nueva norma de gases fluorados
La industria en todo el continente está en contra de las limitaciones que se intentan imponer, por lo que se espera que el debate sea duro y con claro riesgo de estallar durante la presidencia de España. La presidencia sirve, entre otras cosas, para desatascar debates y proponer líneas de acción, por lo que el papel del Gobierno en la nueva normativa de gases fluorados debe ser protagónico. Las fuentes consultadas por este diario indican que no hay un posicionamiento del Gobierno español, pero extraoficialmente estaría alineado con la posición del Consejo Europeo de mantener estos gases con limitaciones.
Las empresas españolas consideran que la limitación total de los gases fluorados no solo es inasumible, por el coste que puede generar en sus procesos de refrigeración y porque las alternativas que se presentan son igual o menos sostenibles que los actuales. Indican que los gases fluorados de última generación ofrecen una eficiencia energética superior, tanto en sistemas de refrigeración como aislamientos térmicos, lo que permitirá a España ahorrar en costes de energía y hacer que la calefacción y la refrigeración sean asequibles para los hogares, el turismo y las exportaciones de alimentos.
Estos gases fluorados de cuarta generación han ayudado a evitar la liberación de 295 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, al mismo tiempo que los sistemas de refrigeración de grandes superficies como los supermercados son un 30% más eficientes que la refrigeración convencional, indican. En caso de llevarse a cabo la prohibición de mantenimiento de sistemas de refrigeración en este campo, más de un 90% de los 24.000 puntos de venta de distribución alimentaria en España no podrían ser revisados ni puestos a punto.
Alimentos y turismo
Las alternativas, al ser menos eficientes obligan a los sistemas a trabajar más y, por tanto, a consumir más energía. De hecho, provocarían la emisión adicional de 1,3 millones de toneladas de CO2, lo que equivale a casi 250.000 coches durante un año (24 millones de toneladas y casi 4,7 millones de coches a nivel europeo). Un impacto directo en el sector agroalimentario y de los supermercados.
El sector turístico también se vería afectado, recuerdan. El gas fluorado es un elemento primordial en todo este sector – que supone el 12,2% del PIB en España – y si se restringe o prohíbe, provocaría graves consecuencias en hoteles, restaurantes y centros de ocio. Los hoteles que utilizan soluciones basadas en gases fluorados tendrían que reconstruir todo su sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado desde cero, lo que supondría una importante carga financiera.
Impacto en las viviendas
Los usuarios también se verían afectados por esta medida ya que -indican- 12 millones de viviendas en España tienen unas características que impiden tener otro tipo de refrigerantes naturales como el propano, dada su peligrosidad. Por lo tanto, la prohibición impediría reemplazar la mayor parte de las unidades de aire acondicionado de las viviendas instaladas antes de 2014, dejándolas sin una alternativa para sobrellevar los veranos que cada año son más calurosos.
De esta manera, proponen el uso de las soluciones de refrigerantes (fluorados y no-fluorados) más eficientes, seguras, económicamente viables y de menor impacto medioambiental. Consideran que conservando el esquema de reducción gradual de gases fluorados de la versión vigente del reglamento, España podría llevar a cabo su transición energética de una manera económicamente más sólida y sostenida en su conjunto, sus ciudadanos y las industrias básicas.
«Los reguladores deben impulsar textos legislativos que garanticen la neutralidad tecnológica, permitiendo a la industria satisfacer sus necesidades eligiendo la mejor solución en cada caso, entre los refrigerantes más eficientes energéticamente, sostenibles y seguros del mercado», indican desde F-Gas.