Puigdemont denuncia en Bruselas el comercio de minerales del Sáhara entre Rabat y Madrid
Una normativa aprobada en mayo de 2017 impide la exportación a la Unión Europea de minerales y metales conflictivos
El expresidente catalán Carles Puigdemont, en Bruselas. | Europa Press
Uno de los europarlamentarios más activos en Bruselas es Carles Puigdemont, el que fue president de la Generalitat en 2017 hasta que la celebración de un referéndum ilegal lo convirtió en un prófugo de la justicia española. Así, el político catalán, junto con su compañera Clara Ponsatí, pidieron a la Comisión Europea que se posicionara sobre la importación de fosfatos procedentes de territorios en zonas de conflicto, en concreto del Sáhara Occidental.
«La Unión ha aumentado sus importaciones de fósforo marroquí desde la invasión rusa de Ucrania, y Marruecos representa actualmente el 50% de las importaciones de fosfato en Europa. (…) Varias empresas españolas están integradas en la cadena de suministro de fósforo del Sáhara Occidental, desde un constructor de infraestructuras básicas en Bou Craa hasta el bufete de abogados de un antiguo ministro de Asuntos Exteriores que ayuda a justificar el comercio actuando como grupo de presión», ha denunciado Puigdemont.
Además, Puigdemont y Ponsatí adjuntan un informe de la asociación saharaui WSRW donde se asegura que la empresa pública marroquí OCP S.A, encargada de extraer los minerales, contrató a los bufetes SenateSHJ, DLA Piper, Covington & Burling, Palacio y Asociados, Edelman y Dechert LLP «para defender la supuesta legalidad de las operaciones de la empresa en el Sáhara Occidental». También se afirma con rotundidad que «han llevado a cabo campañas de lobby y redacción de informes que alegan la solidez legal de la explotación de los yacimientos por ser supuestamente beneficiosa para el pueblo saharaui».
Fuentes cercanas al político catalán han rechazado mencionar el nombre del exministro español que estaría detrás de este apoyo explícito al comercio de fosfatos saharauis. No obstante, fuentes conocedoras de la realidad del Sáhara apuntan a que se trataría de la que fue en su momento titular de Asuntos Exteriores con el Partido Popular, Ana Palacio. THE OBJECTIVE ha tratado sin éxito de ponerse en contacto con el despacho de abogados de la exministra Palacio.
Por otro lado, Puigdemont pone el foco en la prohibición de la Unión Europea sobre comerciar minerales en las zonas que se encuentran ocupadas. Así, en mayo de 2017 la UE aprobó una nueva normativa para impedir «la exportación de minerales y metales conflictivos» y evitar así «que los trabajadores de las minas sufran abusos». Además, la normativa subraya que «en zonas políticamente inestables, los grupos armados suelen utilizar mano de obra forzada para extraer minerales para luego vender esos minerales y financiar sus actividades, por ejemplo, para comprar armas». Por otro lado, se advierte que esos llamados minerales de conflicto pueden acabar en nuestros teléfonos móviles, coches y joyas.
La Unión Europea considera que los países conflictivos o de alto riesgo son aquellos cuyos recursos naturales incluyen minerales de gran demanda, ya sea a nivel local, regional o mundial. Además, estos territorios deben sufrir un conflicto armado -como una guerra civil o un estado de postconflicto frágil- o son testigos de una gobernanza débil o inexistente y de violaciones sistemáticas del derecho internacional, incluidos abusos de los derechos humanos. Hace un mes se conoció que la ONU iba a enviar un primer convoy, desde el pasado 2020, de suministros al Sáhara Occidental. «Lo haremos lo antes posible», sentenciaron.
Los europarlamentarios justifican, de acuerdo a la información de la asociación saharaui WSRW, que durante «cuatro décadas (40 años) la empresa estatal marroquí, llamada OCP S.A, ha estado exportando fósforo del Sáhara». «En la gran mina Bou Craa se colocan rocas de fosfato en la cinta transportadora más larga del mundo y se transportan al puerto de El Aaiún, a 100 kilómetros al oeste. Desde allí, buques de carga transportan los fosfatos de la parte ocupada del Sáhara Occidental a los importadores de ultramar para la producción de fertilizantes. La industria ha proporcionado a Marruecos enormes ingresos desde el comienzo de la ocupación», señalan.
Los europarlamentarios preguntaron a la Comisión Europea dos cuestiones acerca de esta relación entre Marruecos y la Unión Europea, y donde nuestro país tiene un papel relevante: ¿La Comisión va a ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento sobre minerales de zonas de conflicto para incluir las importaciones de fosfatos del Sáhara Occidental? ¿Va a proponer estrategias de diversificación para el uso de fósforo y fosfatos por parte de la Unión? Son preguntas que la Comisión, dos meses después, continúa sin responder.
