El sector de la tecnología sanitaria denuncia la complejidad de indexar los contratos públicos
El sector solicita una revisión de precios basada en el IPC y no vinculada a los costes de las materias primas, cuyo acceso a indicadores es «difícil de demostrar»
Jorge Huertas, presidente de Fenin. | Cedida.
El sector de la tecnología sanitaria se une para defender varias reivindicaciones, entre ellas la complejidad para indexar (revisión de los precios) determinados contratos públicos de suministro y servicios, como los de tecnología sanitaria, a pesar de la reciente modificación de la ley que permite la revisión de los precios. Desde 2015 esta indexación estaba reservada a los contratos de obra, contratos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas o a los contratos de suministro de energía.
El pasado 9 de mayo se publicó en el BOE la Ley 11/2023, de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, por la que se modifica la Ley 12/2011, de 27 de mayo, que permite la revisión, al alza o la baja, de los contratos públicos de servicios y productos. No obstante, el presidente de Fenin (Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria), Jorge Huertas, ha señalado, que aunque valora «muy positivamente» esta normativa, «se debe poner el foco en la complejidad de ejecución de esta medida». Y es que el sector solicita una indexación basada en el IPC y no vinculada a los costes de las materias primas, energía y bienes intermedios cuyo acceso a sus indicadores «es limitado». Para poder adecuar los precios a los costes actuales deberán poder demostrar que el incremento motivado por las subidas de las materias primas superan el 20%. Un incremento, según el sector, «difícil de demostrar».
«Se abre, por tanto, un largo camino por delante en el que seguir trabajando con las administraciones, como hasta ahora, para asegurar el éxito en su aplicación», ha indicado Huertas en la 29 edición del Encuentro del Sector de la Tecnología Sanitaria que se ha celebrado este miércoles, organizado por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) y Esade, y a la que también ha acudido el ministro de Sanidad, José Miñones, quien ha reconocido que «hay problemas» en el acceso a la innovación farmacéutica.
El 70% de los contratos de tecnología sanitaria pertenecen a la compra pública
En esta misma línea se ha pronunciado Carlos Sisternas, director de Fenin Cataluña, que ha recalcado que el 70% de los contratos de tecnología sanitaria pertenecen a la compra pública, de ahí la necesidad de poner en marcha fórmulas que resuelvan los obstáculos a los que se enfrenta el sector. Además, los expertos coinciden que el sector de la tecnología sanitaria es muy heterogéneo, por lo que las estructuras de costes también son muy diferentes. Con ello, precisan que conviene analizar cada caso para entender el impacto que tiene la inflación dependiendo de la compañía, ya que «es muy diferente el impacto para una empresa que fabrica o distribuye suturas que para una que fabrica o distribuye, por ejemplo, TACs».
La indexación es una medida reclamada por Fenin desde hace tiempo, en especial ante el actual contexto geopolítico y económico marcado por una crisis de suministros e incremento de los costes productivas y logísticos. Así, hacen hincapié en que la legislación en torno a la contratación pública «debería recoger la realidad y la complejidad del sector sanitario». «Sólo de la mano de la colaboración público-privada lograremos sortear el complejo contexto socioeconómico y los retos ligados a la contratación, y desarrollar mecanismos de adquisición por los servicios de salud que sean eficaces, eficientes y cómo no sostenibles», ha afirmado Jorge Huertas.
De igual manera, Omar Rachedi, profesor titular del Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad en Esade, en la conferencia magistral titulada Entorno económico y condicionantes para el sector sanitario, ha hecho hincapié en la inestabilidad actual, que puede «lastrar considerablemente» el sector de Tecnología Sanitaria, ya que los contratos de aprovisionamiento con los servicios de salud suelen ser de duración muy larga (plurianuales). «Con un enfoque adecuado, indexar los contratos públicos a los cambios en el precio de las materias primas podría ofrecer un marco más estable y predecible para las empresas de Tecnología Sanitaria, reduciría la incertidumbre y promovería el crecimiento sostenible en el sector», ha señalado el profesor Rachedi.
En enero, Fenin ya presentó la Guía de Compra Pública Eficiente de Tecnología Sanitaria, impulsada en colaboración con los mayores expertos en contratación pública del país , que recomendaba la inclusión de cláusulas de indexación con el fin de garantizar el equilibrio económico-financiero de los contratos del sector.
