Feneval y Unauto VTC piden a la UE que España cumpla con la sentencia del Tribunal de Justicia
Las patronales denuncian que el Ejecutivo está tomando medidas contrarias a las sentencias, del TJUE favoreciendo al sector del taxi
VTC. | Europa Press
Feneval VTC y Unauto-VTC, en calidad de asociaciones más representativas del sector de arrendamiento de vehículos con conductor, ostentando el 100% de la representación del sector en el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), han enviado una carta a la comisaria europea de Transportes, Adina Valean, para pedir que interceda ante el Gobierno de España antes de que tomen medidas que vayan en contra de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En este documento, las patronales han explicado a la comisaria que el Gobierno trabaja en un Real Decreto-Ley que, conforme a la Constitución Española, «no podría ser impugnado» ante los tribunales directamente por particulares, empresas o Autoridades de Competencia, dejando así al sector VTC «en una clara situación de indefensión».
Tal Ley, además, tendría como objetivo mitigar los efectos de la sentencia del TJUE, ya sea directamente, o permitiendo que las autoridades regionales y municipales españolas lo hagan, lo cual han calificado como «muy preocupante» para esta industria.
Las patronales también han destacado que les parece «indignante» que el Gobierno pueda aprobar una regulación urgente para eludir al Tribunal, negociando exclusivamente con las asociaciones de taxis, justo antes de unas elecciones, sin siquiera escuchar a los representantes de las VTC, lo cual resulta «francamente incomprensible».
«Esto demuestra claramente el objetivo real de esta nueva regulación: proteger los intereses económicos de los taxis, en detrimento de los VTC», han lamentado.
Reglas de juego desiguales
En la carta también se explican «las reglas de juego desiguales» entre las VTC y el taxi acorde a las restricciones a las VTC que se han aprobado en algunas comunidades, como los tiempos mínimos de pre-contratación obligatorios, la prohibición de geolocalización o los requisitos de longitud mínima para los vehículos, entre otras.
Lo peculiar, según las patronales, es que todas ellas «infringen claramente» los mandatos establecidos por la citada sentencia del TJUE. Son innecesarias y desproporcionadas (por no haber sido aprobadas en base a ninguna razón imperiosa de interés general contrastada).
De esta manera, se ha solicitado a la Comisión Europea a que emita «una comunicación urgente a las autoridades españolas» para dejar claro que la regulación que se imponga a los VTC debe ser «fundamentada en demostradas razones imperiosas de interés general» y que, conforme a la legislación europea, está prohibido imponer restricciones a los VTC en caso de que su propósito sea proteger los intereses económicos de los taxis.
Además, han recordado que las autoridades españolas deben eliminar las restricciones existentes que son contrarias al Derecho Europeo, pues son discriminatorias e impiden la competencia para beneficiar económicamente a la industria del taxi.
Antes de finalizar, han solicitado que se recuerde que la Comisión podría abrir un procedimiento de infracción contra España, si las autoridades españolas persisten en este tipo de restricciones contrarias a la legislación de la UE.
