VTC: la falta de legislación autonómica pone en riesgo unas 6.500 licencias

Los vehículos de transporte con conductor (VTC), como Uber o Cabify, están aún a la espera de la aprobación de una regulación autonómica. La falta de esta puede hacer que, a partir del próximo 1 de octubre, en torno a 6.500 titulares de este tipo de licencias tengan que dejar de operar trayectos urbanos.

De esta forma, a día de hoy solo Cataluña, Madrid y Andalucía han aprobado ya leyes autonómicas claras que permitirán seguir operando al sector en trayectos urbanos en estas regiones (en el caso de la última, lo ha hecho esta misma semana). Además, apenas faltan unos días para que acabe el plazo transitorio de cuatro años que dio el Gobierno a las comunidades autónomas para desarrollar esta legislación.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha declarado a este respecto que en las comunidades han tenido «tiempo suficiente» para aprobar la legislación que consideraran más adecuada para regular los VTC en sus territorios. Incluso eran posibles prórrogas de la actual normativa.

No obstante, el sector está reclamando una ampliación de este periodo. Considera que no ha sido suficiente para compensar o amortizar la inversión hecha por los propietarios de las licencias debido a la paralización de la actividad por el estado de alarma en la pandemia, así como las sucesivas restricciones a la movilidad y la imposibilidad de obtener ingresos.

De esta forma, una de las compañías más grandes del sector, Cabify, ha sacado este conflicto a la calle en los últimos días. Su campaña interpela de forma directa a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y hace público el número de viajes que se han contratado desde y hasta la desde del Ministerio a través de su plataforma.

Como respuesta a la campaña, el Ministerio ha asegurado que va a estudiar la posibilidad de tomar «las medidas que estimen convenientes» contra Cabify. Además, ha vuelto a recordar que «carece» de competencias reguladoras en este ámbito después del real decreto aprobado en 2018 durante el mandato del ministro anterior, José Luis Ábalos, cuando estaba en pleno auge la llamada «guerra del taxi».

‘Decreto Ábalos’

El conocido como ‘decreto Ábalos‘ es precisamente el origen de todo el conflicto. Este establecía que los titulares de licencias VTC solo podrían realizar trayectos interurbanos en el plazo de cuatro años. En la práctica, esta medida supone que la mayoría de estos vehículos tenían que dejar de operar, ya que actualmente la mayoría de sus desplazamientos son en núcleos urbanos.

No obstante, daba potestad a las comunidades para regular la actividad urbana de los VTC en aspectos como la precontratación, la solicitud de servicios o la captación de clientes. También estaba en sus manos la legislación de recorridos mínimos y máximos, servicios u horarios específicos y las medidas propias del turismo. Dejaba a las comunidades, para ello, cuatro años para poder llevar a cabo esta regularización. Este periodo serviría, a su vez, como forma de indemnización para que los dueños de las licencias pudieran recuperar la inversión realizada.

Además, contemplaba también la posibilidad de que los titulares pudieran solicitar una moratoria de este plazo compensatorio para cada licencia. Para ello establece también una ampliación de entre 1 y 16 años, siempre que justificaran que los cuatro años anteriores no habían sido suficientes para poder recuperar la inversión inicial.

6.500 licencias en el aire

El ministerio recibió un total de 16.610 solicitudes de ampliación, que fueron valoradas y resueltas en tiempo y forma en ese momento. Sin embargo, han tenido que volver a analizarse después de que la Justicia estableciera que debían ser funcionarios del Ministerio quienes las estudiasen, y no la consultora Ineco, como ocurrió en el primer caso.

La Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT) ha sido la encargada de volver a revisar todas las solicitudes. Para ello ha seguido dos criterios: el coste de la licencia y el del vehículo, siempre que se hayan comprado en una fecha posterior al 30 de septiembre de 2014. Esta fecha se ha seleccionado partiendo del supuesto de que todas las compras anteriores a ese momento ya están plenamente amortizadas.

De todas las solicitudes recibidas, 9.991 de ellas eran licencias de la Comunidad de Madrid. Tras la legislación aprobada el pasado junio por la asamblea regional, los VTC podrán seguir operando de facto en esta comunidad. El fallo de estas solicitudes será más adelante al no ser urgentes y haber caído a el objeto de recurso.

De las 6.619 que quedan, el Boletín Oficial del Estado (BOE) del martes 20 de septiembre recogía la primera resolución con el fallo de 4.001 expedientes. De ellos, solo 95 han conseguido la ampliación del plazo para recuperar su inversión y seguir operando en las condiciones que fije cada comunidad autónoma.

Por otra parte, la DGTT han rechazado 3.906 solicitudes. Esto supone que, a la espera de la resolución de las 2.618 solicitudes restantes, que el Ministerio tiene planeado publicar antes del 30 de septiembre, un total de 6.524 licencias de VTC estarán en un limbo legal después de esta fecha.

Las comunidades que han legislado

A pesar de las protestas del sector, el número de licencias VTC que podrían verse afectadas a partir de octubre en España es un porcentaje relativamente bajo en comparación al total de este tipo de vehículos. Aún más cuando Andalucía, donde están más del 18% de las licencias nacionales, acaba de aprobar una nueva norma.

Según datos oficiales del Ministerio, a 1 de septiembre, el total de licencias VTC en España era de 17.385. De estas, 8.463 corresponden a Madrid, 3.202 a Andalucía y 2.824 a Cataluña (donde también existe ya una regulación para el sector). Entre las tres comunidades, por tanto, concentran cerca del 85% del total nacional.

Por tanto, estas casi 14.500 licencias podrán seguir circulando en trayectos urbanos, con mayor o menor flexibilidad según la legislación autonómica, a partir del 1 de octubre. Sigue a la espera, mientras, que el resto de comunidades aprueben una legislación clara al respecto o, como recuerda el Ministerio, una prórroga de la normativa actual mientras aprueban una nueva.