¿Hay relación entre las criptomonedas y el crimen organizado?
Durante más de una década se ha buscado relacionar a Bitcoin y otras divisas encriptadas con actividades ilegales
Criptomonedas. | Zuma Press
Desde el inicio de los tiempos, o mejor dicho, desde el nacimiento de Bitcoin allá por 2009, se ha relacionado a las criptomonedas con actividad criminal. Ya sea por plataformas de los rincones más oscuros de internet, por la falta de conocimiento y medidas de control durante los primeros años, o por la voluntad de ralentizar su uso y adopción, las bitcoin y el resto de criptomonedas han estado ligadas por los medios a todo tipo de actividad ilegítima. A medida que la regulación en torno a los operadores en criptomonedas se estrecha y con ello las normas para que puedan ofrecer sus servicios, y a que la trazabilidad de la actividad de cualquier blockchain ya es leída por las autoridades de todo tipo de jurisdicciones, es ya residual el uso de criptomonedas vinculado al crimen.
Con ello, las transacciones en criptomonedas relacionadas hoy con actividad ilícita suponen hoy apenas un 0,24% del total. Esto es significativamente inferior al de otros activos y formas de dinero, ya que algunos estudios apuntan que hasta un 34% del dinero en efectivo estaría vinculado a algún tipo de actividad ilegal. Si bien es cierto que, por la naturaleza de las transacciones, es prácticamente imposible compararlo con precisión, los datos indican una clara preferencia hacia el efectivo y de ahí a la creciente voluntad de los bancos centrales por acotar su uso.
Silk Road, el supermercado de productos ilegales
Con frecuencia se ha utilizado para prohibir el uso de criptomonedas el argumento de que su uso se asocia con el pago de actividades ilegales. Buena parte del origen de esto se remonta al portal Silk Road, alojado en la internet profunda y no indexada, conocida como deep web. Este era un mercado negro donde los usuarios podían comprar todo tipo de drogas y contratar servicios ilegales, y en cuya plataforma los pagos se realizaban únicamente mediante bitcoin o posteriormente con monedas de privacidad como monero. Pese a que el portal fue cerrado en 2013 por el FBI y su fundador Ross Ulbricht fue condenado a cadena perpetua en 2015, todavía hay medios que siguen vinculando estrechamente el bitcoin con el pago de todo tipo de actividades ilegales, e incluso terrorismo.
Con el tiempo se ha visto que, pese a la privacidad que ofrece el uso de criptomonedas, la trazabilidad de sus transacciones hace que sea ‘menos práctico’ el pago de actividades ilícitas mediante criptomonedas que mediante cualquier otra forma de dinero, especialmente el efectivo. Es decir, a día de hoy, la mayoría de las actividades ilegales del mundo siguen pagándose con dinero corriente como euros o dólares y, en muchos casos, en efectivo, ya que es prácticamente imposible de perseguir en su forma física, los billetes.
KYC y AML, las medidas que dificultan el uso ilegítimo de fondos
Además de la propia naturaleza del dinero, existen dos conceptos clave que desempeñan un papel crucial en cuanto a la prevención del movimiento de capitales para actividades ilícitas, el KYC (Conoce a tu Cliente, por sus siglas en inglés) y el AML (Anti-Lavado de Dinero, por sus siglas en inglés). Estas medidas están diseñadas para garantizar la transparencia, seguridad y confiabilidad de las transacciones, dificultando así la realización de actividades ilícitas dentro del ecosistema de las criptomonedas. Estas medidas, comunes en el sector financiero y en la mayoría de procesos transaccionales en la era digital, ahora están siendo incorporados por la mayoría de operadores del entorno cripto que buscan así el visto bueno de los reguladores.
El KYC es un proceso mediante el cual las empresas y las plataformas de criptomonedas recopilan información sobre sus usuarios para verificar su identidad real y evaluar su perfil de riesgo. Las instituciones financieras tradicionales han utilizado el KYC durante décadas, pero su adopción en el ámbito de las criptomonedas es fundamental para prevenir el uso indebido de los activos digitales. El KYC generalmente implica la solicitud de documentos de identificación válidos, como pasaportes o licencias de conducir, y la verificación de la información proporcionada. Además, se pueden solicitar pruebas de domicilio y datos adicionales para establecer la identidad del cliente de manera efectiva.
Por su parte, el AML se refiere a las políticas y procedimientos implementados para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. En el contexto de las criptomonedas, el AML busca detectar y disuadir las transacciones que involucran fondos ilícitos o activos derivados de actividades criminales. Estas medidas se enfocan en identificar patrones de comportamiento sospechosos y en reportar actividades inusuales a las autoridades pertinentes.
En los últimos meses cada vez más exchanges han reforzado el cumplimento de estas medidas, hasta el punto de bloquear las cuentas de usuarios que no completen el proceso de KYC. De hecho, ambas medidas son uno de los puntos en los que hace especial hincapié la regulación europea MiCA, que busca controlar y trazar la actividad del mercado cripto y dificultar cometer cualquier tipo de financiación ilícita.
Los ‘exchanges’ colaboran con las agencias gubernamentales
Si bien es cierto que en el entorno cripto es sencillo mover fondos de forma anónima en el entorno descentralizado, en el momento de convertir activos criptográficos a dinero corriente, como euros o dólares, suele recurrirse en última instancia a una plataforma centralizada. Esto puede hacerse de forma más o menos directa, usando por ejemplo mezcladores de transacciones o intercambiando entre distintas divisas, pero los fondos suelen acabar en un exchange.
Ante esta realidad, y buscando de nuevo el beneplácito de los gobiernos para operar, es frecuente el cruce de información entre exchanges y agencias gubernamentales. A modo ilustrativo, sólo en 2022, el primer exchange de criptomonedas del mundo por volumen de usuarios, Binance, respondió a más de 47.000 solicitudes de información por parte de gobiernos. Esto incluye organismos de multitud de países, desde EEUU a Ucrania, o incluso España, y la información cruzada ha sido clave para identificar a diversos ciberdelincuentes. La información de los exchanges se rastrea con otras herramientas y servicios específicos, como Chainanalisis, y con ello se obtiene cada vez información más precisa para identificar a los criminales.
