Sánchez excluye a los autónomos con camión o furgoneta de la rebaja fiscal a los eléctricos
El sector denuncia esta discriminación y apuntan a la importancia de estos, no solo para la economía, sino también para la descarbonización
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Europa Press
La medida estrella que anunció el pasado lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, -que permitirá a reducir un 15% el IRPF a aquellos contribuyentes que compren un coche eléctrico o instalen un punto de recarga-, se olvida de todos esos autónomos que adquieran camiones y furgonetas eléctricas para llevar a cabo su profesión de la forma más sostenible. Un último varapalo hacia un colectivo que ha denunciado durante gran parte de la legislatura las políticas del Gobierno contra sus intereses.
Este sentir lo recoge la plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible, una asociación en la que se encuentran miembros destacados como Repsol, Decathlon, Renault Trucks, Ilunion, Michelin y El Corte Inglés. «El vehículo industrial (las furgonetas y los camiones), donde los autónomos son los protagonistas, no es posible la deducción de ese 15% en el IRPF, y no podemos olvidarnos de los autónomos porque son una pieza clave de nuestra economía», apuntan desde la asociación a THE OBJECTIVE.
Si atendemos a lo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado jueves 28 de junio observaremos que no hay ni rastro en las 224 páginas de una ayuda para los vehículos industriales eléctricos. «Para promover la adquisición
de vehículos eléctricos por particulares se establecen en el IRPF deducciones. De esta forma, los contribuyentes podrán deducirse el 15% del valor de adquisición de un vehículo eléctrico nuevo comprado desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley hasta el 31 de diciembre de 2024».
Por otro lado, el mismo Real Decreto-ley abre la posibilidad a que se pueda llevar a cabo también esa deducción «cuando se abone en el mismo plazo una cantidad a cuenta para la para la futura adquisición del vehículo que represente, al menos, el 25 por ciento del valor del mismo».
Una situación que afecta, según aseguran desde el sector de la movilidad sostenible, a la descarbonización. «En el caso de los vehículos más pesados, como son los autobuses, furgonetas y camiones, el ritmo de crecimiento es diferente al del vehículo eléctrico. De enero a mayo de 2023 -según datos de la asociación de consumidores de vehículo eléctrico (AEDIVE)- se han matriculado un total de 2.827 furgonetas y 237 autobuses y autocares eléctricos puros o híbridos enchufables. Lo que supone un 89,5% y un 597,1% más que el mismo periodo del año anterior, respectivamente. Sin embargo, la representación de los vehículos industriales medios y pesados es mínima, con 8 y 54 vehículos matriculados en dicho periodo, respectivamente», sentencian.
No obstante, las mismas fuentes se congratulan por el auge del vehículo eléctrico particular. «Las matriculaciones de turismos electrificados no dejan de crecer -según datos de la asociación de fabricante de vehículos (ANFAC)- situándose por delante de los vehículos diésel, que ya solo representan un 13,6% del total de turismos matriculados en los cinco primeros meses de 2023, frente al 30,0 % de los híbridos no enchufables, al 6,2% de los híbridos enchufables, al 4,6% de los eléctricos puros y al 2,2% de gas».
El Ejecutivo ha tratado de incentivar estos últimos años el despegue del coche eléctrico a través de varios programas. Primero, con un proyecto estratégico -que ha estado sumido bajo continuas modificaciones presupuestarias en los últimos meses- y después de una serie de planes específicos (conocidos con el nombre de Moves I, Moves II y Moves III). Sin embargo, y se comentan fuentes del sector a este periódico, estas soluciones no están consiguiendo incentivar la puesta en marcha del coche eléctrico.
«Moves II ha tenido plazos de casi año y medio para que se le entregasen las ayudas al destinatario final y el Moves III, que es ahora mismo el que está activo, muchos de los solicitantes no han recibido la ayuda. Una medida interesante sería acelerar ese proceso porque son fondos que no están llegando. Además, cuando las ayudas llegan, estas tienen que tributar, hasta el punto de que un ciudadano, dependiendo de lo que cobrase, podría acabar devolviendo un 50% de la subvención», sentencian desde el sector.
