El Gobierno paraliza la subasta de eólica marina por miedo a una demanda del sector pesquero
Los altos funcionarios temen dar nuevos pasos tras la avalancha jurídica del sector pesquero
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. | EuropaPress
La respuesta jurídica de los pescadores a la puesta en marcha de la eólica marina parece estar surtiendo efecto. Los altos funcionarios del Ministerio de Transición Ecológica temen dar un nuevo pasos hacia el desarrollo de esta nueva tecnología tras el despliegue inédito del sector de la pesca contra los molinos flotantes. Este mes llevarán ante el Tribunal Supremo una demanda contra los planes de ordenación marítima anunciados a finales de febrero, que fue la primera piedra para el desarrollo de la eólica marina en nuestro país.
Los abogados del Estado asesoran jurídicamente y son inmunes a posibles demandas, pero los directivos de los ministerios, que tienen que estampar la firma, no. Fuentes jurídicas cercanas al proceso aseguran a THE OBJECTIVE que el retraso de la primera subasta se debe a que «hay mucho movimiento de los pescadores. Ser funcionario hoy en día implica una responsabilidad y si hay una querella de por medio uno se lo piensa dos veces. Esto es un tema común ahora ante posibles demandas y querellas, que nadie quiere firmar, y donde se tiene miedo a los pasos que se toman».
El Ministerio de Transición Ecológica lleva ya cuatro meses -camino de cinco- sin dar nuevos pasos relacionados con el despegue de la eólica marina. La convocatoria de las subastas es esencial para la adjudicación de proyectos. Después de anunciar los lugares donde esta se instalaría el pasado 28 de febrero, el silencio se ha apoderado de la Administración. Un escenario que inquieta al sector, donde grandes empresas -como Repsol, Iberdrola y Ocean Winds- se mantienen a la espera con sus proyectos millonarios guardados debajo del cajón. Mientras, los pescadores se mantienen movilizados y auguran una lucha que puede durar años.
A finales de 2021, el Ministerio justificó, por medio de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, el desarrollo de la eólica marina a través de un concurso de subastas. «Establece el marco institucional, así como las señales regulatorias y económicas que proporcionen estabilidad y marquen la dirección hacia la neutralidad climática en España. Esta norma da un impulso decidido al desarrollo de las energías renovables en España, introduciendo en el marco legislativo objetivos de penetración renovable, a la vez que establece un marco previsible para su despliegue mediante la convocatoria de subastas».
No obstante, y según adelantó este periódico, el Ministerio de Ribera ha actuado sin atender a todos los organismos salpicados por esta futura actividad económica. Uno de ellos es el Instituto Español de Oceanografía, un organismo adscrito al Ministerio de Ciencia y que cuenta con un gran prestigio mundial, y al que no le pidió informes básicos sobre las zonas donde se encontraban las especies marinas y su situación biológica antes de publicar los planes de ordenación marítima con los que oficializó el lanzamiento de la eólica marina en España.
Los pescadores sostienen que los planes de ordenación atacan dos principios clave: el de precaución y el del respeto a los ecosistemas. Para ello impugnarán el Real Decreto 150/2023 por la vía contenciosa porque, según sostienen, incurre en varias ilegalidades: desde el principio de proporcionalidad hasta el principio de respeto al medio ambiente, pasando por la defensa de la actividad pesquera y de los caladeros tradicionales.
Por otro lado, Gobierno y empresas se escudan en que la generación de energía renovable es un bien de interés público superior y que así lo demanda la Comisión Europea, que quiere que se desarrollen todas las renovables que sean posibles. Un escenario que se tendrá que resolver en los tribunales.
Los pescadores franceses, también combativos
Fuentes jurídicas aseguran a este medio que la pelea de los pescadores españoles contra la eólica marina no es un fenómeno aislado, sino que se da también en otros territorios, como en nuestro país vecino, Francia. Allí, el sector se ha rebelado contra los intereses empresariales y del Gobierno con el objetivo de frenar la puesta en marcha de nuevos parques.
Por otro lado, medios franceses recogieron la frustración de algunos pescadores franceses tras el anuncio de la construcción del parque Dieppe Le Tréport, al noroeste del país. «Durante dos años, van a estar haciendo ruido en las aguas, golpeando estacas, dando vueltas al suelo por todos lados, los peces se van a espantar (…) No tendremos mucho para pescar y no sabemos si estaremos allí dentro de dos años para ver la secuela de esta película», se lamentan.
