Orange y MásMóvil deben entregar a la UE su propuesta de venta de activos antes de fin de mes
El proyecto ya podría incluir un interesado para quedarse con las infraestructuras que la ‘joint venture’ tenga que vender
Tienda de Orange en Madrid. | Agencias.
La Comisión Europea ha pedido a Orange y MásMóvil que presenten antes de que finalice julio su propuesta sobre venta de activos o remedies que garantice que su joint venture se pueda realizar sin riesgos para el mercado de la competencia. Según ha podido saber THE OBJECTIVE con fuentes cercanas al proceso, esto podría incluir tanto las infraestructuras de las que las dos operadoras de telecomunicaciones estarían dispuestas a desprenderse como a la compañía interesada en estos activos y con la que ya se tenga avanzado un acuerdo.
Estas mismas fuentes indican que es posible que las dos partes puedan solicitar más tiempo para realizar esta propuesta porque todavía no tengan definida la magnitud de estas proposiciones o no hayan cerrado un preacuerdo con un eventual remedy taker, lo que incluso podría significar una parada del reloj y ampliar los plazos finales. La consejera delegada de Orange, Chrystal Heydemann, dijo este miércoles que ya se debate sobre estos remedies y que las conversaciones se mantienen con empresas que pudieran estar interesadas en estos activos.
En cualquier caso, ninguna de las dos partes han querido comentar oficialmente esta información advirtiendo que la negociación sigue adelante y que el único plazo sobre la mesa es el 4 de septiembre, cuando la Comisión Europea se ha comprometido a dar una respuesta si es que no se paraliza el reloj en el medio de este proceso.
Respuesta de Orange y MásMóvil
No obstante, las fuentes consultadas por este diario indican que la clave de este proceso es que por primera vez desde que en febrero se notificó el expediente a la Comisión Europea, las autoridades comunitarias piden formalmente una propuesta de venta de activos. Este diario ya ha venido informando de que era casi imposible que Bruselas no los pidiera dada la complejidad y el volumen de la operación planteada, sin embargo hasta la fecha no se habían conocido sus exigencias de manera directa.
Esto supone —independientemente de la respuesta de Orange y MásMóvil— que deberán ceder activos, algo que hasta hace pocas semanas todavía era rechazado por las dos partes. La Comisión Europea ha decidido que las condiciones son necesarias y entre sus exigencias está la necesidad de que las partes se dependan de infraestructuras, pero además deberán establecer determinadas regulaciones para el acceso del resto de competidores a sus redes.
Bruselas ha dado ahora a Orange y MásMóvil la posibilidad de que hagan su propia propuesta sobre la que se pueda discutir al comenzar el mes de septiembre —agosto es casi inhábil para las organizaciones comunitarias—, por lo que se entiende que la propuesta de las dos compañías deberá estar muy por debajo de lo que finalmente quiera el regulador.
‘Remedies’ de infraestructuras
El 27 de junio la Comisión Europea hizo público su pliego de objeciones (statement of objections) en el que volvió a plantear sus dudas respecto de los riesgos de la fusión para el mercado minorista y advirtió de un eventual riesgo de subida de precios para los consumidores. Del mismo modo, dejó de poner el foco en el mercado mayorista, una preocupación que sí manifestó en abril cuando se decidió llevar la joint venture a una fase 2 de investigación exhaustiva.
El 10 de julio, Orange y MásMóvil respondieron sosteniendo que la operación puede ser aprobada sin condicionantes ni venta de activos pese a las dudas de Bruselas, a lo que la Comisión Europea les contestó que estos riesgos siguen existiendo. A partir de ahí se han sucedido las reuniones de manera física y virtual, tras las que se ha decidido que antes del fin de julio se deba presentar una propuesta formal sobre estos remedies.
La Comisión Europea sigue poniendo el foco en las infraestructuras fijas y la red de Euskaltel que tiene 1,5 millones de hogares pasados con banda ancha en el hogar y la de Yoigo, con 5.000 emplazamientos y una cobertura que abriría la puerta a otros competidores para entrar en este mercado. También están en la mesa los remedies de acceso que deberían garantizar que los futuros competidores de la joint venture tengan un acceso en condiciones favorables a la futura red fusionada.
La UE tendrá la última palabra
Las fuentes consultadas indican que la propuesta de Orange y MásMóvil (que todavía no está cerrada) debería estar en torno a estos ejes, aunque rebajando bastante las cesiones por un tema lógico de negociación. Respecto del remedy taker no habría todavía un acuerdo definitivo con nadie, pero desde el sector se apunta a que el mejor posicionado para ser propuesto por las dos operadoras sería Avatel, porque sus precios son más racionales y su cobertura en regiones y su carácter rural es más compatible con las infraestructuras que deberían ser cedidas.
En el caso de la Comisión Europea, no tiene un favorito para ceder estos activos, pero en el sector también se considera que si su intención es constituir un cuarto operador reforzado que pueda competir con la joint venture y contener los precios, Digi es su candidato ideal. Tiene más mayúsculo financiero, una red de fibra desplegada de más de 6,5 millones de hogares pasados e intenciones de seguir invirtiendo. El problema es que su gran despliegue podría ser contraproducente y redundante con los activos que eventualmente se pongan a la venta.
En cualquier caso, la Comisión Europea tendrá en sus manos la propuesta de remedies de Orange y MásMóvil antes de que finalice julio, para poder comenzar a trabajar sobre ésta en las próximas semanas. Ahora toca sentarse a seguir negociando y a buscar un acuerdo en común como los miembros de la joint venture, el remedy taker y Bruselas. Como este diario ya ha adelantado la UE tendrá la última palabra, pero su intención es consensuar las condiciones dentro de sus líneas rojas que no son más que la imposición de remedies que garanticen la competitividad del mercado español. El objetivo sigue siendo tener la autorización aprobada durante el mes de octubre.
