El estrepitoso fracaso de la 'ley rider': los repartidores cobran un 60% menos que antes
La media de los ‘riders’ cobraba más de 2.000 euros antes de la normativa y hoy tienen muy difícil llegar a 1.000
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. | (Eduardo Parra / Europa Press)
El próximo 12 de agosto se cumplirán dos años desde la entrada en vigor de la ley rider, el cuerpo legal con el que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, buscaba mejorar las condiciones laborales y contratar a unos 25.000 repartidores de comida a domicilio de plataformas como Glovo, Deliveroo, Uber Eats o Just Eat. Una normativa que salió adelante sin el apoyo de todos estos trabajadores, ni de las empresas afectadas y cuyo balance no puede ser más negativo, según asociaciones de riders consultadas por THE OBJECTIVE.
Después de casi 24 meses de funcionamiento, la gran mayoría de los repartidores siguen siendo autónomos y no han mejorado sus condiciones laborales. Por el contrario, las fuentes consultadas advierten que los riders del año 2023 cobran un 60% menos que lo que ingresaban en 2021, antes de la promulgación de la normativa del ministerio de Trabajo. Además tienen que trabajar más horas, siguen sin tener seguridad social, deben pagarse su material de trabajo y las empresas continúan sin hacerse cargo de sus accidentes y necesidades básicas.
Y eso sin contar con el destrozo producido en las empresas del sector: antes de la promulgación de la ley existían al menos cinco grandes plataformas de reparto a domicilio, pero hoy solo quedan tres: Glovo, Uber Eats y Just Eat. A finales de 2021, Deliveroo se marchó de España sin esperar a ver la evolucionaba el mercado y Getir se marchó en junio pasado tras absorber a Gorillas que en mayo de 2022 también había abandonado nuestro país.
Condiciones laborales
Una situación global que choca con el optimismo del Gobierno. En la pasada campaña electoral, Yolanda Díaz se refirió a la ley rider como uno de los grandes logros de su gestión en el Ministerio del Trabajo. De hecho, la líder de Sumar suele recordar que la Unión Europea está utilizando el modelo de español como ejemplo para legislar sobre el tema, pese a que en julio la UE votó la regulación de las plataformas digitales con la abstención de España ya que Díaz consideró que la directiva era «insuficiente».
Lo que la ministra no dice es que las plataformas prácticamente no han cambiado las condiciones de los trabajadores, que la precariedad es mayor y que los 205 millones de multas que acumulan empresas como Glovo no han cambiado el panorama. El procedimiento de investigación es tan lento que apenas hay procesos judiciales en marcha tras la nueva normativa, lo que sumado a la serie de alegaciones y recursos que se presentan, hacen que estas millonarias sanciones no incidan en el negocio de las plataformas.
En cuanto a las condiciones laborales de los trabajadores, la Asociación Autónoma de Riders (que representa a más de 1.000 repartidores en toda España) calcula que ser mileurista en el sector de los repartidores de comida a domicilio es cada vez más difícil. Señala que antes de la ley un autónomo ganaba fácilmente entre 2.000 y 2.500 euros al mes con una jornada semanal en torno a las ocho horas al día y trabajando simultáneamente para varias plataformas, pero que ahora deben trabajar unas diez horas al día para acercarse al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) establecido en 1.080 euros.
Sobreoferta de repartidores
Pero además, en su condición de autónomo un rider debe pagar su cuota a la seguridad social (294 euros por la base mínima de 960,6 euros), el 21% de IVA y el 15% de IRPF, costes que repercuten directamente en ellos, lo que merma de manera importante su remuneración final. Los repartidores deben además financiar de su bolsillo su transporte (moto, bicicleta o patinetes), pagarse su propio casco y los implementos como la mochila de reparto. Nada de esto ha cambiado en dos años.
La Asociación Autónoma de Riders —que estuvo en contra de esta ley rider porque consideraban que se podía ganar más dinero como autónomos— advierte que actualmente el sector está sumido en el caos y que se ha vulnerado sistemáticamente el espíritu de la normativa que buscaba mejorar sus condiciones laborales.
Los repartidores creen que el gran problema es que se ha fomentado la sobreoferta de riders. Este diario advirtió que a comienzos de 2022 se había producido una situación de escasez de efectivos tras el cierre de Deliveroo, sin embargo a partir de esas fechas Glovo comenzó a flexibilizar sus condiciones tras lo que se ha disparado el número de empleados en el sector.
Aplicación de la ‘ley rider’
Si antes de la ley rider existían unos 25.000 a 30.000, en la actualidad no hay menos de 35.000 repartidores trabajando con Glovo, Uber Eats y Just Eat. «Si antes una flota era de 250 a 300 personas en una ciudad pequeña, ahora no hay menos de 500 personas», dicen trabajadores consultados por este diario. Esto genera una elevada sobreoferta que lo único que hace es bajar el precio que se paga por cada reparto ya que hay más personas en el mercado y menos empresas donde trabajar.
«Si tú no aceptas lo que te ofrece la empresa, lo hará otro ya que hay gente que prefiere trabajar a pérdidas por miedo a que le dejen de llamar», denuncian riders que han hablado con este diario. Incluso denuncian que hay cada vez más trabajadores que colaboran sin permiso de trabajo ni de residencia, los que —al no tener otra posibilidad legal de tener empleo— lo hacen muy por debajo del precio que otros están dispuestos a trabajar.
¿Y la fiscalización? Desde la Administración se indica que se investigan todas las denuncias que reciben, pero desde los riders advierten de que la Inspección del Trabajo no tiene el personal suficiente, en especial fuera de Madrid y Barcelona, lo que le impide cubrir la demanda. De hecho, indican que se tardan tanto tiempo en responder que las denuncias dejan de tener efecto.
