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Economía

Los autónomos que reparten comida se elevan un 20% en dos años pese a la 'ley rider'

Lejos de acabar con los trabajadores por cuenta propia, la normativa los ha aumentado en los últimos dos años

Los autónomos que reparten comida se elevan un 20% en dos años pese a la ‘ley rider’

Un repartidor de Glovo en bicicleta por una calle del centro de Madrid. | Agencias.

La ley rider cumplirá dos años este 12 de agosto con un balance desolador: los repartidores que trabajan con Glovo, Uber Eats y Just Eat tienen peores condiciones de trabajo, ganan menos dinero, hay más autónomos en el sector y tres empresas han abandonado España por la inseguridad jurídica y la elevada competitividad que ha generado la normativa. Todo lo contrario de lo que perseguía Yolanda Díaz con la promulgación de una legislación que sacó adelante solo con el apoyo de sindicatos y el rechazo de algunas asociaciones de riders.

Según ha indicado a THE OBJECTIVE la Asociación Autónoma de Riders, en estos momentos trabajan unos 15.000 repartidores autónomos en Glovo y otros 10.500 en Uber Eats, mientras que otras fuentes del sector estiman que a estos datos se pueden sumar otros 5.000 riders que trabajan de manera ocasional. Esto supone que al menos hay 30.000 autónomos activos, lo que representa un 20% más de los que había a mediados del año 2021 cuando todavía no entraba en vigor la ley rider.

La norma fue promulgada con un solo objetivo: mejorar las condiciones laborales y combatir la precariedad con la que trabajaban los riders hasta entonces y el Gobierno de coalición consideró que la mejor manera de hacerlo era legislar para obligar a estas plataformas a regularizar a estos empleados y a contratarlos por cuenta ajena.

Yolanda Díaz, ideóloga de la Ley Rider, en un acto de campaña de Sumar.
Yolanda Díaz, ideóloga de la Ley Rider, en un acto de campaña de Sumar (Agencias).

‘Falsos autónomos’

La ley rider fue elaborada con el convencimiento de que los autónomos debían desaparecer del sector y para ello se basó en la sentencia del Tribunal Supremo que declaró la existencia de una relación laboral entre Glovo y sus trabajadores de «falsos autónomos». El Alto Tribunal indicó que la empresa no era «una mera intermediaria» sino que «realiza una labor de coordinación y organización del servicio» y declaró que eran trabajadores por cuenta ajena.

La clave más importante de la ley rider es la capacidad de la normativa para forzar la contratación de trabajadores. Y los datos demuestran que dos años después esta capacidad ha sido nula y que bajo la nueva regulación los autónomos han aumentado. Por contra, se ha producido una estampida de empresas con la salida de Deliveroo en diciembre de 2021, Gorillas en noviembre de 2022 y Getir en julio de este año.

Diferentes fuentes del sector indican a este diario que en 2021 (antes de la promulgación de la ley rider) Glovo tenía unos 10.000 riders autónomos, Uber Eats unos 8.000, Deliveroo tenía unos 4.000 y otras plataformas tenían otros 3.000. En la actualidad, existen unos 15.000 autónomos de Glovo, 10.000 de Uber Eats y otros 5.000 que trabajan de manera ocasional. Paradójicamente la única regularización masiva que se ha producido fue la de Deliveroo, que tuvo que contratar a 3.800 riders solo para incluirlos en un ERE por cierre.

Glovo y la ‘ley rider’

¿Qué ha pasado? Las fuentes consultadas por este diario indican que se han sumado tres factores principales: el primero es que Glovo ha mantenido su modelo de autónomos sin contratar al grueso de sus colaboradores; el segundo es que Uber Eats ha terminado por copiar el modelo al ver que a sus competidor no se le obliga a contratar riders; y el tercero es que se ha producido un importante aumento de la oferta de repartidores por lo que las pocas contrataciones producidas no han tenido un impacto significativo sobre el total.

Glovo, el líder del mercado de la comedia a domicilio con un 25%, es el mejor ejemplo de la evolución del sector. La compañía acumula multas por valor de 205 millones de euros (al cerrar el mes de enero) y una decena de sentencias en contra para que regularizasen a su plantilla, pero sin embargo ha aumentado los autónomos con un modelo que —según dicen— tiene «derechos reforzados».

La compañía dijo que contrataría al menos al 20% de su plantilla en España aunque la mayoría lo hacen trabajando para sus «cocinas fantasma» propias. Hay al menos cinco sentencias que le obligan a contratar autónomos, pero prefieren pagar las multas o recurrirlas. Incluso han incorporado como autónomos a casi la totalidad de los repartidores que dejaron de trabajar con Deliveroo.

Uber Eats y Just Eat

El cuanto a Uber Eats (con el 20% del mercado de reparto), intentó emprender un modelo de contratación por cuenta ajena, pero tras constatar que Glovo no cumplía con la normativa y criticar la actitud pasiva del Gobierno, decidió emprender una estrategia similar y apostó por mantener la mayoría de sus colaboradores como autónomos.

Por su parte, Just Eat emplea a unos 2.000 repartidores, menos según otras fuentes y en enero de 2022 firmó un acuerdo laboral con los sindicatos CCOO y UGT. Se estableció un salario base de 8,5 euros por hora, 15.200 euros al año, si se trabaja a tiempo completo. Igualmente contemplaba dos pagas extra equivalentes a un mes de salario prorrateadas a lo largo del año. Además, se recompensaba el trabajo en festivo pagando la hora al doble de su precio habitual y se establecía un complemento de nocturnidad.

En el caso de los trabajadores autónomos, las condiciones laborales tampoco han mejorado con la ley rider. Este diario ya informó de que los riders cobran un 60% menos que lo que facturaban en 2021, antes de la promulgación de la normativa del ministerio de Trabajo. Además tienen que trabajar más horas, siguen sin tener seguridad social, deben pagar su material de trabajo y las empresas continúan sin hacerse cargo de sus accidentes y necesidades básicas.

Frente a esta situación, desde la Administración se indica que investigan todas las denuncias que reciben y que incluso establecen fiscalizaciones de oficio, pero los riders advierten de que la Inspección de Trabajo no tiene personal suficiente para todas las denuncias que se cursan sobre la ley rider, en especial fuera de Madrid y Barcelona.

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