Iberdrola apela en EEUU a su inocencia en el caso Villarejo para lograr su fusión con PNM
La Corte Suprema de Nuevo México tendrá ahora que decidir si da luz verde a la segunda mayor operación de su historia
Molinos de viento de Avangrid en Nuevo México. | Iberdrola
El pasado viernes se celebró en la Corte Suprema de Nuevo México una vista para conocer los argumentos de las partes con el objetivo de decidir si se da luz verde a la segunda mayor operación de Iberdrola de su historia: la fusión con la eléctrica PNM a través de su filial en Estados Unidos, Avangrid. Una compra que lleva estancada desde finales de 2020. El abogado de Iberdrola, Thomas Byrd, durante la vista, subrayó que la decisión del organismo regulador para tumbar la fusión no tuvo en cuenta «la presunción de inocencia» de la compañía.
Sobre las nueve de la mañana hora local (seis de la tarde en España), cinco jueces escucharon con atención los argumentos de unos y otros. Poco más de una hora después, termino la vista. Allí Iberdrola expuso sus motivos para que el principal tribunal del Estado escuchase sus argumentos y conseguir de una vez por todas el visto bueno a la fusión. Frente a ellos se encontraba las abogadas del organismo que tumbó la fusión, la Comisión de Regulación Pública de Nuevo México (PRC, por sus siglas en inglés), y una asociación de consumidores afectada.
El abogado de Iberdrola, Byrd aseguró que «el punto principal de su recurso era que el rechazo de la fusión por parte de la PRC no había sido un ejercicio razonable o legal de su autoridad. Además, añadió que la decisión por la que lo impugnaban se debía al resultado de demasiadas infracciones de las normas, además de que se basaba en demasiadas pruebas incompetentes y reflejaba demasiadas desviaciones de las normas vigentes de la Comisión como para permitir que se mantuviese. Por último, aseguraron que los defectos superpuestos habían sido evidentes en el desprecio de la Comisión por la presunción de inocencia de la empresa en su manejo de las pruebas relativas a la investigación en España«.
Durante la comparecencia del abogado de Iberdrola, la presidenta del tribunal, Shannon Bacon preguntó cuál era el error de que se hubiese analizado «todo el expediente», tanto los aspectos positivos como los negativos, refiriéndose de forma indirecta a la inclusión de la investigación judicial abierta en nuestro país. Una pregunta que tuvo una respuesta rápida por parte del letrado: «El hecho de que la Comisión no concediera a los demandantes la presunción de inocencia y se basara en el hecho de que había una investigación penal en curso en España que implicaba a algunos de los ejecutivos de Iberdrola».
La investigación en España que afecta a Iberdrola -ya que está divida en varias piezas- se cerró el pasado mes de julio tras conocer las últimas pruebas testificales y después de que la Audiencia Nacional lo extendiera hasta ese mes. Todo gira en torno a la presunta contratación del comisario José Manuel Villarejo por parte de la energética. Este caso solo se circunscribe al exjefe de Seguridad de la compañía, Antonio Asenjo, que fue despedido en octubre de 2019.
Más tarde, la jueza puso énfasis en los testimonios que se había escuchado sobre las intenciones de la compañía en Nuevo México. Algo que Iberdrola rechazó como un argumento jurídico ya que no se podían utilizar «testimonios de oídas de expertos» para defender su posición. La regla del abogado se conoce como «regla del residuo legal», que defiende que en una audiencia ante una agencia administrativa debe haber más que pruebas de oídas como base para una decisión. No obstante, los jueces expresaron su escepticismo de que la regla del residuo legal se aplicara en este caso porque había pruebas de informes oficiales, testimonios directos y de expertos, junto con documentos proporcionados.
Días antes de la vista, algunas organizaciones contrarias a la fusión publicaron un estudio -titulado ‘Avangrid: peligroso para contribuyentes, peligroso para el medio ambiente y peligrosos para Nuevo México’- señalando los efectos perniciosos de su llegada al Estado. Entre estos destacaban «tarifas elevadas, servicio al cliente disfuncional, tácticas de cobro agresivas y altos accionistas aliados con el petróleo y el gas». Durante el pasado viernes cayó en el mercado el valor de las acciones de PNM, aunque este se ha vuelto a recuperar. Un escenario que, en cambio, no ha ocurrido en Avangrid, cuyas acciones han pasado en un año de los 50 dólares a las 34.
