El Congreso burla la ley al 'contratar' como falsos autónomos a los nuevos traductores

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha dado el visto bueno a la contratación de autónomos para traducir a las lenguas cooficiales los discursos de los socios independentistas de un futuro Gobierno de Pedro Sánchez, ignorando que podría incurrir en una ilegalidad, ya que esta contratación se escapa de lo que en su día legisló la vicepresidenta segunda en funciones y también titular de la cartera de Trabajo, Yolanda Díaz.

Y es que el carácter de autónomo de estos traductores parece que se aleja del rigor exigido por la ministra Díaz, decidida a perseguir y sancionar, incluso con cárcel, a quienes no se ciñen a la Ley de Empleo aprobada por la dirigente gallega y líder de Sumar. Una normativa que rechaza que una única empresa -en este caso el Congreso- contrate a un autónomo como único cliente, a no ser que se acoja al contrato de autonómo trade o económicamente dependiente -que es quien factura el 75% de sus ventas a un solo cliente-. Pero este tipo de contrato tampoco parece que cuadraría con el perfil del trabajo, porque, como explica Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, «no hay trade cuando no hay autonomía».

En esta controversia, y según los expertos consultados, resulta difícil creer que, teniendo en cuenta el número de traductores e intérpretes contratados -fuentes parlamentarias hablan de una bolsa de 12- y el volumen de trabajo que tendrán que desarrollar -sesiones en la cámara, comisiones y las ruedas de prensa, tanto en la Cámara Baja como la Alta-, estos trabajadores tengan capacidad para desarrollar más tareas en otras empresas.

En esta clave, el diputado del PP, Guillermo Mariscal, avanzó ayer la revisión de la modalidad de contratación propuesta por PSOE y Sumar para costear el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, al considerar «muy extraño que para los 280.000 euros que va a tener el contrato», se divida en menores, inferiores a 15.000 euros.

¿Autónomo? ¿Dónde está la autonomía?

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, analiza esta cuestión para THE OBJECTIVE y se pregunta si los traductores e intérpretes se han contratado como autónomos, cuando en el fondo «siguen indicaciones de alguien que les tiene que decir el horario, cuándo tienen que ir, porque de ser así -determina-, entonces estamos ante un falso autónomo». En su opinión, es muy llamativo, por ejemplo, que en el sector privado, se exija a los periodistas que van a las tertulias que sean asalariados; y sin embargo, en el Congreso se permita que vaya un autónomo donde no se ve autonomía en la actividad. Así, cuanto menos, resulta extraña esta contratación, teniendo en cuenta que la inspección de Trabajo penaliza a las empresas privadas cuando se dan estos tres motivos: es decir, que el supuesto autónomo no usa medios propios, sigue las directrices de otros y el horario es impuesto. ¿Dónde está la autonomía?», sostiene.

Otras fuentes laborales consultadas por THE OBJECTIVE insisten en el contrato como autónomo trade, o dependiente económicamente: señalan su legalidad, pero admiten que se trata de una «chapuza de contrato».

Desde USO, el director responsable del Gabinete de Estudios de Unión Sindical Obrera, José Luis Fernández Santillana, razona para THE OBJECTIVE con estos argumentos. En primer lugar, señala, «hay que ver el contrato y la dedicación de estos trabajadores, y si solo trabajan para el Congreso o no». Ahora bien, «si como parece van a trabajar desde casa -en remoto y por streaming-, resulta priotario si se cumplen las condiciones de salud laboral, las condiciones de su puesto de trabajo y los descansos».

Además, añade Fernández Santillana, «el falso autónomo no tiene tanto que ver tanto con la horas que trabaja, sino para quién trabaja. De hecho, podrían decir que son autónomos económicamente dependientes (más del 75% para una única empresa). De ahí que sea mollar conocer si la traducción va a ser algo estructural y habitual, porque de ser así, esta debería realizarse mediante una plantilla estable: bien como contratados laborales o sacar (no les da tiempo) una convocatoria de oposiciones a esas plazas».

Porque además, abunda el responsable de USO, «tampoco hay garantías de que eso funcione desde casa». Y añade: «¿Qué pasa si hay un corte de suministro eléctrico o la línea de datos no es buena? ¿Quién la paga?».

El director del Gabinete de Estudios de USO admite que se pudiera hacer en este caso un contrato de autónomo trade, pero «hay que contratarlos como tales y hay que registrarlos de igual modo, y en cualquier caso, hay que dar transparencia a este tipo de contratos. Tenemos que saber si los contratan individualmente o a través de una empresa, si ha existido o no un concurso o licitación pública para cubrir este servicio».

Jorge Puente, responsable del área laboral del Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, explica a THE OBJECTIVE que «viendo lo que está haciendo el Congreso, y que es éste quien impone el horario, lugar y forma de trabajo, se podría defender, que sí son falsos autónomos». Pero es que, además -apunta- «lo que parece que han hecho es una contratación pública con contratos menores sin ningún tipo de control. Por tanto, una actuación de urgencia bastante mejorable, que me imagino someterán a licitación pública con sujeción a las reglas de la ley de contratos del sector público». Por eso -concluye- «habría que ver los contratos menores, si han contratado con sociedades mercantiles, con personas físicas y, en su caso, si han hecho contratos como autónomos económicamente dependientes».

Tarifas distintas

Según fuentes parlamentarias, de entrada, el Congreso echará mano de una bolsa con una docena de traductores, muchos de los cuales ya han trabajado para la Cámara Alta. En concreto, este martes al menos tres intérpretes han estado pendientes del Pleno, en el que se ha debatido precisamente la toma en consideración de la reforma del Reglamento para garantizar el uso del catalán, el euskera y el gallego en la Cámara, cuyo resultado ha sido a favor de los intereses del Gobierno en funciones.

Según las fuentes consultadas, cada traductor tiene una tarifa diferente, por lo que no se puede saber con exactitud el desembolso que supondrá la contratación de estos intérpretes. Eso sí, se calcula que de media cada uno puede llegar a cobrar en torno a 100 euros la hora.

En todo caso, al tratarse de un contrato menor de servicios -aseguran estas fuentes-, el límite de contratación serán 15.000 euros hasta final de año para cada traductor, de manera que, superada esa cantidad, el Congreso no podrá contratar de nuevo sus servicios.

Las mismas fuentes confirman, no obstante, que los traductores contratados para cada sesión plenaria no estarán presencialmente en el hemiciclo, sino que trabajarán fuera de las dependencias parlamentarias, desde sus respectivos lugares de trabajo, como ellos mismos han solicitado.

53.000 euros solo en cuestiones técnicas

Hasta la fecha, el Congreso ya ha gastado más de 53.000 euros sólo en los medios técnicos para garantizar el arranque de la traducción de las lenguas cooficiales. A ello hay que sumar el coste de los traductores, que variará en función de las necesidades de cada sesión plenaria, tal y como apuntan fuentes parlamentarias. En concreto, el Congreso ha realizado la compra de 450 auriculares -la Cámara ya contaba con 200- por valor de 7.600 euros (IVA incluido) para asegurar que haya material suficiente no sólo para sus señorías sino también para las taquígrafas, los letrados, la prensa y el público que ocupa la tribuna de invitados.

A ese dinero hay que sumar, además, hasta final de año, el alquiler y mantenimiento de petacas y antenas de radiofrecuencia, lo que supone un coste de 45.900 euros (IVA también incluido). Concluido ese arrendamiento, el Congreso deberá valorar si merece la pena continuar con el alquiler o comprar todo ese material.