Los numerosos defectos del impuesto al plástico anticipan un aluvión de litigios
Los asesores fiscales denuncian la «inmanejable» gestión del impuesto al plástico
Productos envasados en el lineal de un supermercado. | Inma Garrido
La Asociación Españoles de Asesores Fiscales (Aedaf) considera que el conocido como impuesto al plástico, que entró en vigor a inicios de este año y que graba con una tasa de 0,45 euros el kilo de plástico utilizado para fabricar envases de un solo uso, es un «impuesto inmanejable» desde el punto de vista de la gestión. El impuesto penaliza la fabricación, la importación, la adquisición intracomunitaria y la introducción, tenencia y circulación irregular en el territorio de aplicación del impuesto. Un impuesto sobre el que los asesores fiscales no discuten la finalidad pero sí la técnica y la complejidad del mismo, tal y como hemos contado en varias ocasiones en THE OBJECTIVE.
«A corto plazo, conlleva unas obligaciones de tan difícil cumplimiento por parte de los operadores, de los empresarios, que dificulta el correcto cumplimiento. ¿Si no se puede cumplir cómo se va a controlar?», se pregunta Belén Palao Bastardés, abogada y miembro del Grupo de Expertos en Impuestos Indirectos de AEDAF. «Es un impuesto que a todas luces va a generar mucha ligitiosidad», añade Palao.
«La litigiosidad está encima de la mesa desde el momento en que no tienes datos reales para declarar el plástico, lo declaras mediante estimaciones. El problema que tú tienes es que la Agencia Tributaria se crea o no esas estimaciones. Es donde se crea la litigiosidad», explica Palao en conversación con este diario. De hecho, en caso de que la empresa se vea sometida a una inspección, ésta puede producirse dentro de tres años. «Es muy difícil de comprobar, entras en una discusión sin límites y depende de quién te encuentres al otro lado como inspector y de la razonabilidad que tenga esa inspección», añade la experta.
Los asesores fiscales explican que tal es el desconcierto entre muchas empresas que prefieren presentar el impuesto en base a estimaciones -aunque no tengan la obligación de declararlo- ya que es muy difícil obtener la trazabilidad de todos los datos. Por otro lado, hay otros «miles» de ejemplos de empresas que no pagan el impuesto porque no saben cómo afrontarlo. Los asesores fiscales consideran que la mayoría de las obligaciones formales que recoge el impuesto son de «difícil cumplimiento», sobre todo para las pymes. Una situación que está provocando un «aluvión de consultas a Hacienda a causa del caos».
Difícil cumplimiento
Otro aspecto a tener en cuenta es la complejidad del impuesto a la hora de adaptarse a cada caso, siendo uno de los gravámenes más enrevesados establecidos por la Agencia Tributaria, según apuntan desde la consultora Stratesys. Esto se debe a que exige una «trazabilidad rigurosa de los movimientos, y la cantidad de plástico aplicado a cada movimiento y a cada modelo de negocio de las compañías afectadas».
Tal y como explica Rafael San Román, socio director de Stratesys, «además de los fabricantes de envases de plásticos, todas las empresas españolas que adquieran bienes de países de la Unión Europea, o importen bienes, son contribuyentes». En concreto, el impuesto obliga a declarar los kilogramos de plástico de todos los envases primarios, secundarios y terciarios que acompañan a la mercancía. El tipo impositivo aplicable es de 0,45 euros por kilogramo de plástico no reciclado contenido en los productos objeto del impuesto y en lo que va de año -hasta julio- el Gobierno ya ha recaudado 345 millones de euros.
Posible incumplimiento de normas europeas
Pero los procesos judiciales que se puedan abrir en España a causa de los errores técnicos del impuesto son solo el principio. La AEDAF ha denunciado ante la Comisión Europea el encaje técnico de este nuevo gravamen. Los asesores critican que la técnica desde la estructura del impuesto no es la mas adecuada «como consecuencia de las prisas por poner en vigor el impuestos».
Desde la asociación plantean además que este impuesto indirecto y nacional -de momento es España el único país que lo ha aprobado- puede suponer una vulneración del principio de libre circulación de mercancías dentro de la UE. Esto afecta sobre todo al hecho imponible «adquisición intracomunitaria» que es el que regula los movimientos de productos sujetos al impuestos procedentes de otros miembros.
En el ámbito comunitario, recuerdan desde AEDAF, el principio de libre circulación de las mercancías ha sido un elemento clave para la creación y mantenimiento del mercado interior. Así, con el fin de garantizar su funcionamiento, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea contiene medidas que prohíben el establecimiento de barreras y obstáculos al comercio de mercancías entre los Estado Miembros.
La denuncia se presentó en abril y ahora está en fase de análisis por parte de la Comisión Europea. Después de analizar el informe de Aedaf, el Ejecutivo comunitario tendrá que decidir si acepta o no los argumentos expuestos. En caso de hacerlo, solicitará una modificación normativa al Gobierno de España, que debería reformular el impuesto en ese escenario. «Al final si España decide modificar el impuesto la Comisión no va a denunciar a España, pero si decide no modificarlo denunciará», explica Palau.
Una situación que puede tardar teniendo en cuenta el momento político que vive España. «Una reforma de este impuesto implica un acuerdo en el Congreso para adoptar una modificación legislativa con una determinada mayoría», añade a este diario. Es un impuesto que está vinculado a la percepción de fondos de la Unión Europea por lo que la UE debería vigilar por que se cumpliese a rajatabla», concluye.
Afecta a todos los sectores
Un impuesto que nació con el descontento generalizado de las organizaciones de los principales sectores de consumo (ACES, Acotex, Adelma, Aecoc, AFEB, Anged, Applia, Asaja, Asedas, Cooperativas Agroalimentarias, FECE, FIAB, Foro Interalimentario, Marcas de Restauración y Stanpa) que durante semanas previas a la puesta en marcha del mismo hicieron un llamamiento al Gobierno para aplazar su entrada en vigor al igual que han hecho el resto de países de la Unión Europea.
«Tiene un coste administrativo tremendo porque nos obliga a cambiar todos los sistemas y todas las plantillas de contratación y todos los ficheros maestros de cada uno de los contratos que hacemos con nuestros proveedores cuando importamos productos», aseguraba Aurelio del Pino, presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), recientemente a este diario.
Un coste adicional en un periodo de guerra con precios disparados en energía y materias primas que «no es lo más apropiado si queremos seguir aportando riqueza al mercado español», señalaba recientemente el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo.
