'Caso Popular': Ron pide archivar la ampliación de 2012 tras el respaldo del Banco de España
Considera «inútil» citar a los peritos del regulador que describen como un «éxito» la operación en un reciente informe
Ángel Ron, expresidente del Banco Popular. | Europa Press
El expresidente del Banco Popular Ángel Ron ha pedido dar carpetazo a la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional sobre la ampliación de capital, por importe de 2.500 millones de euros, efectuada por la entidad durante el año 2012. En un escrito remitido al juez Santiago Pedraz, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el que fuese máximo responsable del Popular hasta finales de 2016 solicita que se decrete el sobreseimiento libre del caso «tras la rotundidad y claridad» del reciente informe pericial aportado por los peritos del Banco de España. Un documento en el que se describe como un «éxito» y una «buena inversión» para los accionistas la ampliación de 2012.
El expresidente del Popular defiende que se acuerde el archivo de las actuaciones sin llamar a declarar como testigos a los peritos del Banco de España para que ratifiquen las conclusiones de su informe. Entiende que, al estar incorporado el documento a las actuaciones penales, «resulta impertinente e innecesario» citar a los inspectores del organismo regulador para ratificar el informe pericial.
«Se le ocurren a esta representación procesal pocos escenarios en que un perito califique de forma tan rotunda una operación como ‘éxito‘ y afirme que las cuentas en las que se basó tal éxito ‘expresaba la imagen fiel de la entidad‘; la literalidad es tan incontestable que poco comentario adicional puede añadir esta parte a lo ya explicado por los peritos», señala la defensa de Ron en su escrito.
Ampliación de 2012 del Popular
El informe mencionado por Ron concluye que la ampliación de capital de 2012 fue un éxito, que las cuentas sobre las que se soportó expresaban la imagen fiel de la entidad y que la operación para los accionistas fue una buena inversión, teniendo la acción una revalorización inmediata por encima de la media del mercado. Además, los peritos del Banco de España acreditan que la ampliación de capital se ejecutó después de varias reuniones del Consejo de Administración y con el objetivo de maximizar el valor del accionista.
«Siendo inequívocas las conclusiones del informe de los peritos, resulta impertinente, irrelevante, e inútil la ratificación solicitada por las acusaciones particulares, en la medida que todos y cada uno de los extremos planteados, como ‘éxito de la operación’, ‘rentabilidad de la inversión’ o ‘expresan la imagen fiel’ son suficientemente claros, para no tratar, por la vía de la ratificación, la rectificación de la experta y concluyente opinión de los inspectores del Banco de España», alega Ron en su escrito.
«Si tal y como informa el citado informe, la documentación e información con la que contaban los inversores reflejaba la imagen fiel de la entidad –es decir, no hay engaño– y en ningún caso hubo ningún tipo de perjuicio económico –obtuvieron una alta rentabilidad– no se cumple ninguno de los elementos del tipo penal que las acusaciones –en un claro ejemplo de instrumentalizar este procedimiento para la ampliación de capital de 2016– no cabe diligencia adicional alguna más allá del sobreseimiento libre y archivo de las presentes diligencias previas», añade.
Seis meses más de investigación
No obstante, como adelantó este diario, el juez Pedraz ha dado por buenos los argumentos de las acusaciones particulares y de la Fiscalía, y ha acordado ampliar el plazo de instrucción del caso seis meses más, hasta el próximo 8 de abril, para dar tiempo a analizar a fondo el extenso informe del Banco de España y estudiar si procede o no practicar nuevas diligencias sobre las presuntas irregularidades denunciadas por los exaccionistas del Popular en la ampliación de 2012.
Las acusaciones particulares han solicitado una batería de diligencias, entre las que se incluye la citación de los peritos del Banco de España que elaboraron el informe, notificado a las partes el pasado 18 de septiembre. La Fiscalía, por su parte, pidió prorrogar la causa un día después para poder estudiar el informe y tener tiempo para evaluar la conveniencia de practicar o no nuevas pesquisas.
El juez Pedraz abrió el caso en 2022 tras admitir a trámite dos querellas presentadas por antiguos accionistas y exclientes de la entidad. Ante los indicios de irregularidades en la ampliación de capital de 2012, el magistrado ordenó investigar posibles delitos de estafa y falsedad documental.
Una de las asociaciones de afectados ha solicitado hasta 13 diligencias distintas, entre tomas de declaraciones a testigos y nuevos imputados, y peticiones de ingente cantidad de documentación a la Agencia Tributaria, al Banco de España y al Banco Santander. Muchas de ellas van dirigidas a esclarecer una presunta financiación irregular por parte del Banco Popular para salvar la ampliación de capital del año 2012.
Los exaccionistas entregan una serie de documentos fiscales, bancarios y policiales para intentar acreditar indicios sobre una presunta operativa para financiar de forma ilegal la operación. Según su relato, algunos jefes de área y directores de oficina del Banco Popular habrían ofrecido a clientes y accionistas de referencia de la entidad condiciones ventajosas en préstamos y refinanciaciones para que, a cambio, pudieran hacer frente a su cuota accionarial en la ampliación de capital que llevó a cabo en 2012.
