Los fondos piden el plácet al Gobierno para controlar Celsa y aseguran su «españolidad»
Prevén una venta de una participación de hasta el 20% a una empresa industrial con presencia en España
Trabajadores de Celsa, en una imagen de archivo. | Agencias.
Los fondos de Celsa han iniciado el proceso para obtener la autorización del Gobierno y hacerse con el capital de la empresa siderúrgica, con lo que activan el reloj de tres meses para que se dé una respuesta. Sin embargo, la mayoría de las condiciones ya se han acordado, por lo que se prevé que el plácet definitivo se produzca en pocas semanas. Como ya había adelantado THE OBJECTIVE, se ha acelerado la búsqueda de un socio industrial español, condición innegociable que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa.
En una nota hecha pública este jueves se comprometen a preservar «la españolidad» de Celsa y han reafirmado su voluntad de mantener la plantilla y las capacidades productivas en España y de buscar un socio industrial español. En este último punto, también ha trascendido que se ha comprometido a iniciar, en los seis meses siguientes a la toma de control, una venta de una participación de hasta el 20% a una empresa industrial con presencia en España.
Sidenor o CL Grupo Industrial podrían tener interés en este proceso de búsqueda de un socio industrial para Celsa, aunque hasta la fecha no ha comenzado ningún proceso formal de negociaciones. Eso sí, desde los fondos se confirma que varios grupos han manifestado su interés en entrar en la compañía. Celsa también nombrará a Rafael Vilaseca, ex consejero delegado de Gas Natural Fenosa, como presidente para asegurar que el control de la gestión siga en España.
Condiciones de Moncloa
El pasado 4 de septiembre, el juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona homologó el plan de rescate de la compañía planteado por los fondos que, entre otras cosas incluía arrebatar la gestión a la familia Rubiralta. El juez validó el plan de los fondos al considerar que el grupo es insolvente por lo que Deutsche (20%), Attestor (20%), Golden Tree (10%), SVP (10%) y Cross Ocean (10%) pasarán a liderar el capital. Prevén canjear unos 2.500 millones de euros de deuda ya impagada por casi el 100% de la compañía catalana.
En ese momento, se especuló con que este movimiento no necesariamente tendría que ser aprobado por el Ejecutivo, pero este diario confirmó que se debía pasar por el Consejo de Ministros en virtud de la Ley de inversiones extranjeras promulgada en julio y que reforzó el escudo antiopas en vigor desde la pandemia.
THE OBJECTIVE también publicó que en el Gobierno no veía con malos ojos la operación y se entendía que era la única manera de asegurar la viabilidad de más de 7.000 puestos de trabajo en la compañía considerada estratégica en el tejido productivo español. Sin embargo, se ha exigido en todo momento que tenga una representación española en el capital. De hecho, en las reuniones sostenidas entre los fondos el Gobierno siempre les transmitió que había que tener un socio que -aunque no necesariamente sea mayoritario- representase los intereses del empresariado español en la compañía.
Plan de Celsa
Los fondos ha explicado este jueves que tanto Gobierno como Generalitat han comunicado «la necesidad de asegurar, a través de compromisos firmes y vinculantes, el mantenimiento de la viabilidad de la empresa en el largo plazo», así como la toma de decisiones del grupo en España y la protección del empleo y las capacidades productivas por el carácter estratégico de Celsa.
Además, el Gobierno ha trasladado a los acreedores «la necesidad de establecer un consejo de administración independiente y la incorporación de un socio industrial que fortalezca la gestión de la compañía». Los fondos han asegurado estar «dispuestos a trabajar con todos los implicados para garantizar el cumplimiento de los objetivos comunicados» y que están poniendo en marcha parte de los compromisos adquiridos con el Gobierno.
El plan de los fondos consiste en la toma de control «mediante la capitalización de 1.352 millones de euros de deuda convertible y parte de la deuda jumbo, y la extensión en cinco años de los vencimientos de la deuda restante». También han indicado que no necesitarán los 550 millones concedidos por la SEPI a través del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee). y que estaban pendientes precisamente de ese plan de reestructuración para ser entregados.
